Polémica por la participación de un funcionario municipal en el conflicto Etchevehere

La difusión por redes sociales de que el actual subdirector Ejecutivo de Promoción de la Economía Social y Popular de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Correa, participó de la toma del campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos, desató la polémica y ya generó un pedido de informes en el Concejo Municipal. “Sebastián trabaja muy bien en la ciudad, en el área que él maneja ya que es un referente muy importante dentro de las organizaciones sociales. Si se comprueba que cometió un delito, tomaremos las medidas que correspondan, como haríamos con cualquier funcionario que cometiera un delito”, aseguró en diálogo con El Litoral Mariano Granatto, el funcionario a cargo del área en la que se desempeña Correa.

Ante esto, los concejales Luciana Ceresola, Inés Larriera, Sebastián Mastropaolo, Carlos Pereira y Carlos Suárez piden al Ejecutivo que aclare tres puntos: “si Sebastián Correa se sigue desempeñando en el cargo” en la Municipalidad de Santa Fe; “Si el Departamento Ejecutivo Municipal ha tomado conocimiento” de su “participación en la usurpación de tierras producida en una propiedad privada de la Provincia de Entre Ríos” y si “ha tomado algún de tipo intervención y/o sanción ante la actitud del funcionario”.

Granatto, que es Secretario de Integración y Economía Social del Municipio, explicó que “en el armado del equipo definimos incorporar la mirada de los movimientos sociales vinculados a la economía social y eso explica su participación en el área, tarea que lleva adelante muy responsablemente”.

El funcionario reconoció que Sebastián Correa, además de ser funcionario municipal, es un referente nacional de su movimiento, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que se enmarca en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “Si estuvo ahí o no, no tiene absolutamente nada que ver con sus funciones laborales sino con su participación en CTEP. De hecho sus funciones se limitan a la ciudad de Santa Fe y Santa Elena está a más de 150km de su trabajo”, aseguró Granatto y evitó opinar sobre el conflicto ya que “es algo muy alejado de las preocupaciones cotidianas de la ciudad de Santa Fe”.

El pedido de informes

Ha logrado gran repercusión mediática la usurpación de un campo de la familia Etchevere en la Provincia de Entre Ríos por parte de un grupo vinculado al dirigente Juan Grabois.

Y ha logrado aún una más honda preocupación en amplios sectores de la sociedad, que ven azorados como en la Argentina toda se vienen sucediendo hechos de este tipo, donde la propiedad privada se ve cercenada por tomas y usurpaciones de todo tipo, muchas de ellas conducidas por grupos que solo persiguen un lucro económico, y otras protagonizadas por grupos políticos que pretenden llevar adelante reclamos y posturas ideológicas a través de hechos antijurídicos.

En los fundamentos del pedido de informes, los ediles aseguran que “la propia familia Etchevere - así como periodistas acreditados en el lugar – ha denunciado que uno de las personas que participó activamente de la usurpación es el funcionario del gobierno de la ciudad Sebastián Correa, que fue designado a través del Decreto DPB 546/2019 como Subdirector Ejecutivo de Promoción de la Economía Social y Popular”. Y aportan: “Este funcionario, más allá de los dichos de personas que estuvieron en el lugar y aseguran haberlo visto (e incluso haber pasado la noche del primer día de la usurpación en el campo usurpado), pudo además ser visto a través de grabaciones fílmicas que circularon por las redes y que fueron subidas la misma noche en que se produjo el hecho”.

Para los ediles, “resulta sumamente extraño que un funcionario de la ciudad de Santa Fe esté participando de una usurpación en la Provincia de Entre Ríos”, pero lo “realmente preocupante es que un funcionario municipal esté protagonizando un hecho reñido con la ley y antijurídico como es el robo (o usurpación) de tierras privadas. La ciudad de Santa Fe viene padeciendo – y con particular virulencia estos últimos meses – las usurpaciones de tierras públicas y privadas, y les compete a los funcionarios municipales dar mensajes y ejemplos claros ante estos hechos delictivos; en este caso un funcionario municipal aparece legitimando lo que el Estado Municipal debe combatir”, aseguran.

Es por ello que quieren saber “qué grado de conocimiento tiene el Ejecutivo Municipal acerca de un hecho que no corresponde a la esfera privada de las personas, sino que es parte de su actuar público, y si a raíz de ello, se ha tomado algún tipo de intervención o sanción contra el funcionario en cuestión”.