Acceso a la información pública: otro Senado, ante una ley con diez intentos fallidos

Al cabo de casi una década y media, tiene por fin posibilidades de ser ley en Santa Fe el derecho al libre acceso a la información pública, que existe a nivel del Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe desde el 29 de abril de 2009, con la sanción de un decreto por parte del entonces gobernador Hermes Binner (1943 – 2020).

La iniciativa del primer socialista en la Casa Gris nunca logró ser imitada en el Poder Legislativo santafesino, por la tenaz oposición del históricamente mayoritario bloque del justicialismo en la Cámara de Senadores.

Desde que el tema fue instalado en el debate legislativo, siempre desde la Cámara de Diputados, nada menos que en diez oportunidades ese cuerpo lo aprobó por unanimidad. Y en nueve de esas ocasiones, el Senado simplemente dejó que cada uno de esos expedientes con media sanción perdiera su estado parlamentario y pasara al archivo.

Ahora existe una nueva chance para que se complete la sanción de la norma que ya votaron sin ningún voto en contrario los diputados el jueves 21 de setiembre de 2023. El gobernador Maximiliano Pullaro ha habilitado su tratamiento en las sesiones extraordinarias, lo que sucederá seguramente entre febrero y abril de este año, tras el receso parlamentario veraniego. Pertenecen al interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe 14 de sus integrantes, por lo que no será un problema la aprobación de la norma que tantas veces fracasó en el pasado.

La nueva mayoría en el recinto de diecinueve bancas permite suponer que, ahora sí, Santa Fe se pondrá al día en una materia en la que ha quedado atrasada, y que compromete su calidad institucional.

Una división entre Cámaras

No ha sido una cuestión partidaria la que separó las aguas en la Legislatura, ya que siempre hubo apoyo de todas las fuerzas políticas para los sucesivos proyectos en Diputados. La división fue más bien entre cámaras, con la particularidad de que en el Senado, el bloque Juan Domingo Perón contó con pocas renovaciones y se repitieron los mandatos.

Los criterios y procedimientos de transparencia en la administración de lo público se reclaman también desde hace no menos de 14 años, con permanentes señalamientos de parte de las entidades periodísticas empresariales y gremiales que en cada Día del Periodista y cada oportunidad han solicitado la sanción de la norma, así como de entidades y organizaciones no gubernamentales que bregan por la lucha contra la corrupción.

Entre 1997 y 2006 se sucedieron 20 proyectos de ley vinculados al acceso a la información para los ciudadanos frente al Estado. Hubo intentos desde el Ejecutivo en tiempos de Obeid, Binner y Lifschitz. El Senado provincial siempre impuso su criterio del limitante "legítimo interés" para el solicitante. Ahora la mayoría de esa Cámara cambió de manos.

Recientemente, la Legislatura santafesina aprobó en un plazo muy breve una ley que también pone mayor transparencia sobre los gastos reservados utilizados en las investigaciones judiciales y la protección de testigos, que se había frenado en Diputados con la misma conformación política que sin embargo había sancionado una vez más la protección del derecho a saber del ciudadano frente al Estado. Es curioso, esa regulación siempre fue votada favorablemente en el Senado y no logró los dos tercios necesarios en la Cámara baja cuando el ex gobernador Omar Perotti la vetara. Ahora es ley, producto de la misma renovación legislativa. ¿Sucederá lo mismo con el Senado?

Historia reciente

El proyecto habilitado y con media sanción fue el producto de la unificación de tres expedientes de los ex diputados provinciales Gabriel Real (PDP), hoy secretario de Asuntos Legislativos de la provincia, Rubén Giustiniani (Igualdad) que sostiene su reclamo por la banca 50 ante la Justicia, y de la actual presidenta de la Cámara, Clara García (PS), que en mayo de 2020 presentó una iniciativa idéntica a la del ex gobernador Miguel Lifschitz que tampoco había prosperado.

Un año después, en mayo de 2021, fallecía por Covid-19 el último titular del Poder Ejecutivo Provincial en ocuparse de enviar un proyecto de ley para impulsar esa norma y dejar en claro su posición frente al "no" de la Cámara alta, en 2016. Lifschitz (1955-2021), acaso de forma testimonial, cuando fue senador por Rosario había presentado una iniciativa similar que nunca logró pasar si quiera el filtro de las comisiones de aquel Senado con mayoría peronista. Debe decirse, sin embargo, que fue también peronista el primer gobernador en enviar a la Legislatura un proyecto de ley para la sanción de una ley que otorgue ese libre acceso a la información como un derecho, en 2004.

Dos décadas

Sí, hace ya 20 años, en su segundo mandato, Jorge Obeid (1947-2014), propuso en 2004 en un mensaje a la Legislatura una norma para consagrar el libre acceso a la información. Lo aprobó Diputados, pero el Senado le introdujo cambios que significaron negar ese derecho. Allí comenzó el derrumbe del consenso y con ese proceso se canceló la chance de que haya ley en las siguientes dos décadas.

Para la mayoría de los senadores provinciales de entonces (y hasta el año pasado) debía existir en quien pida información al Estado un "interés legítimo", y probarlo, para luego acceder a ejercer de ese derecho. Tal fue el rechazo a esa posición que la repercusión de las quejas de periodistas y medios hizo que se pronuncie la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que mostró su preocupación por atar a un requisito eventualmente manipulable un ejercicio ciudadano que es sencillamente la base de la participación política y del periodismo: hacerle preguntas al poder.

Entre las frustraciones de Obeid y el pionero decreto de Binner que lleva el número 692, firmado junto a todo su gabinete en 2009 y los también infructuosos mensajes de Lifschitz y las habilitaciones de Antonio Bonfatti en extraordinarias con igual resultado, hubo avances en la legislación argentina que tampoco conmovieron la posición de los senadores provinciales del PJ. El Congreso sancionó en septiembre de 2016 la Ley 27.275, sobre los tres poderes. Una acordada de la Corte de 2017 puso en práctica ese derecho incluso sobre la información judicial a nivel federal. Pero en Santa Fe nada, hasta ahora.

El proyecto

La norma prevé que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, puede acceder a la información pública producida o en poder del Poder Ejecutivo provincial, y toma como principio el de la publicidad de la información.

El acceso a la información pública es considerado como una instancia de participación ciudadana, estableciendo la obligación del Ejecutivo de proveer información completa, adecuada, oportuna y veraz. El mencionado decreto provincial cumpliría con los estándares internacionales en materia de legitimación para acceder a los datos, pues cualquier persona, sin necesidad de acreditar un interés específico, de expresar los motivos de su consulta o de contar con patrocinio letrado, puede solicitar la información pública. Y su acceso es gratuito, con excepción de los costos de reproducción.

De completar el Senado de Santa Fe la sanción se habrá superado un verdadero tabú, y demostrado qué significa en términos prácticos que se haya renovado la composición política de la Cámara alta de la Legislatura de la Provincia.