Agua: derechos, accesibilidad y soberanía

Por Mónica Peralta (*)

La escasa inversión en obras públicas por parte de los gobiernos para la preservación y distribución equitativa del agua, sumada a los denodados intentos de sectores privados para hacerse del recurso, trae aparejado y emparejado la destrucción del ambiente y la salud de las personas.

Según la Organización de Naciones Unidas: "El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos".

No obstante y a pesar del valor intrínseco que el agua representa para las distintas áreas del actual sistema productivo, es de vital importancia mencionar el desequilibrio que esto está generado a nivel mundial, impactando de lleno en la calidad de vida de miles de millones de personas y en el ecosistema.

Los datos son alarmantes: del total de agua accesible para el ser humano, el 77 por ciento es utilizado para la agricultura, el 22 por ciento para la industria y solo el resto es para consumo humano; siendo su escasez, contaminación y mala distribución entre las personas, los principales factores de preocupación. Así lo indica la Cátedra Libre del Agua de la Universidad Nacional de Rosario.

Pero, considerando dichas cifras y el panorama geopolítico actual en relación al recurso hídrico, ¿se podría afirmar que en el siglo 21 el agua está siendo privatizada? Y cuál es nuestro posicionamiento al respecto, en el concierto de naciones y provincias, siendo que en Argentina y más específicamente en la provincia de Santa Fe, se alberga gran parte de uno de los ríos más importantes del mundo, el Paraná, por donde a su vez, pasa una de las vías navegables de mayor trascendencia estratégica y comercial para la economía latinoamericana y global; sumado al humedal biprovincial, ubicado en el Delta, y otros dos: el Jaaukanigás, correspondiente al departamento General Obligado y Laguna Melincué, en el departamento General López; todos reconocidos por la convención Ramsar.

La respuesta al primer interrogante está dada, el agua está siendo privatizada. Los datos expresan que su uso está mayoritariamente a disposición de actividades productivas y aun así, no abrimos el debate, no solo porque sus modelos contaminan y hasta generan productos que no se llegan a consumir siendo estos en su mayoría malos para la salud y la sustentabilidad del ambiente sino que además se están apropiando de un recurso finito e indispensable para la existencia.

Por eso, es fundamental y de carácter prioritario que los Estados cumplan un rol activo y determinante en la gestión del agua por ser un derecho humano esencial y eje rector de la calidad de vida de las personas, considerándola un recurso sobre el cual ejercer soberanía, capaz de potenciar el desarrollo de las comunidades.

En ese sentido, la educación como acción pedagógica sobre la problemática cobra imprescindible valor. Debemos necesariamente bregar por un cambio de paradigma que incluya la enseñanza y toma de conciencia sobre la gestión del agua y su buen uso. Es menester para la conservación del planeta, sus seres vivos y ecosistemas, que entendamos que el agua nos pertenece como derecho inalienable imposible de ser comprada por una empresa, corporación o persona.

También, garantizar las obras de infraestructura y saneamiento adecuadas que posibiliten el acceso al agua en cantidad y calidad a todas las personas, así como la custodia de la buena administración del patrimonio del recurso hídrico es tarea de los Estados; teniendo dicha acción múltiples implicancias en el desarrollo de políticas públicas sobre todo vinculadas a la salud y repercutiendo positivamente en el sector productivo pues una comunidad saludable indudablemente posibilita un mejor desarrollo en todos los niveles.

En relación al segundo interrogante planteado, sobre cuál es nuestro rol dentro del concierto de naciones, en acciones concretas tendientes a resguardar el ambiente y los recursos hídricos; es válido mencionar la adhesión de Argentina al Acuerdo Escazú, el cual tiene como objeto garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, según él mismo profesa. Esto representa un importante avance para la región en términos de soberanía ambiental.

Mientras que a nivel local desde hace años, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, llevan adelante el "Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná" (PIECAS-DP). El mismo, "tiene objetivos tendientes a establecer pautas de sostenibilidad en las actividades en el delta e islas del río Paraná, asegurando su integridad sistémica en el corto, mediano y largo plazo" aunque también afirma: "dichas pautas deben ser adoptadas por los gobiernos que lo han suscrito y no desde el PIECAS-DP ya que este no constituye un organismo ejecutivo". Con lo cual, se torna imprescindible impulsar su implementación y establecer un seguimiento sobre la misma en nuestra provincia.

Así pues, la soberanía ambiental debe fortalecerse a través del trabajo conjunto entre los Estados nacionales y provinciales poniendo en relieve el valor inconmensurable que representan nuestros recursos naturales para la región y el mundo. Tal es el caso de la vía navegable que Argentina comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; un recurso estratégico en la definición del modelo productivo nacional que cuenta con 1200 kilómetros de extensión en el país de los cuales 820 pertenecen a la provincia de Santa Fe.

En relación a esto, desde la legislatura pedimos al Gobernador Omar Perotti por la creación del "Consejo Hidrovía" con carácter vinculante que obre de soporte para las decisiones llevadas adelante por el ejecutivo provincial sobre la vía navegable.

Dicho Consejo, debería realizar estudios e investigaciones para conocer y prever los impactos de la obra en relación al territorio provincial en términos ambientales, económicos, logísticos y sociales. Además, serviría de espacio participativo para la ciudadanía y organizaciones relacionadas con la temática, promoviendo el acceso a la información, entre otras herramientas tendientes a empoderar a la comunidad.

Aun así, y con todo lo mencionado, los trabajos realizados hasta la fecha a nivel internacional, nacional y provincial; no son suficientes puesto que la región del Delta del Paraná continúa siendo diezmada por una crisis ambiental sin precedentes que sigue teniendo al ser humano como su primer responsable: incendios intencionales que arrasan cientos de miles de hectáreas, sequías pronunciadas y bajantes históricas del río, sumado al potencial dragado de la vía navegable y su impacto en nuestro ambiente y ecosistema; siguen siendo la cara más oscura en los desmanejos de los recursos naturales en Santa Fe, Argentina y Sudamérica.

(*) Diputada Provincial

El 77 % del agua accesible es utilizado para la agricultura, el 22 % para la industria y solo el resto es para consumo humano; siendo su escasez, contaminación y mala distribución entre las personas, los principales factores de preocupación.

La soberanía ambiental debe fortalecerse a través del trabajo conjunto entre los Estados nacionales y provinciales poniendo en relieve el valor inconmensurable que representan nuestros recursos naturales para la región y el mundo.