La promesa de un Congreso, una guerra que concluía y otra que se anunciaba

La década de 1820 ha sido definida como de anarquía, especialmente por una historiografía centroporteña que vio en la caída del Directorio en Cepeda una especie de apocalipsis. Lejos de serlo, los años veinte del siglo XIX constituyen un tiempo de afirmación del federalismo, en el que se disipó para siempre la sombra de una monarquía local y se alumbraron tres intentos de organización nacional: el Congreso de Córdoba de 1821-1822, el de Buenos Aires de 1824-1827 y la Convención de Santa Fe de 1828-1829.

Esto ocurría en un contexto muy dinámico de la historia occidental, especialmente notable de este lado del Atlántico, donde se sumaron la emancipación del Brasil en 1822, el fin de la guerra por la independencia en Ayacucho (9 de diciembre de 1824), el Congreso de Panamá en 1826 y la guerra entre las Provincias rioplatenses y el Imperio del Brasil por la Banda Oriental entre 1826 y 1828, mientras en España se consolida el poder absoluto de Fernando VII, tras vencer a los liberales en 1823 con la ayuda de Francia y, ese mismo año, en los Estados Unidos del Norte el presidente James Monroe pronuncia su célebre doctrina "América para los americanos", como un vaticinio del rol que su país desempeñaría en el futuro.

El Congreso de 1824 y la noticia de Ayacucho

El "Congreso del 24" inició sus deliberaciones formales el 16 de diciembre de ese año, tras cuatro sesiones preparatorias. Pasaría a la historia institucional argentina por sus contradicciones entre la promisoria "Ley Fundamental" con la que inició sus trabajos y sus resoluciones posteriores, su divorcio con respecto a la realidad del país, su avance sobre la Provincia de Buenos Aires que fue federalizada, la creación de un Poder Ejecutivo Nacional sin Estado Nacional, la participación de los diputados orientales y la declaratoria de guerra al Imperio, y el dictado de una Constitución sin respaldo que proclamaba sin pudor la "unidad de régimen". Como su antecesor de 1816-1820, el nuevo Congreso se disolvería muy desprestigiado ante el rechazo de las provincias al centralismo de su propuesta constitucional, junto a la desaprobación de las condiciones estipuladas en las primeras paces acordadas con Brasil.

Una de las sesiones preparatorias del nuevo Congreso tuvo lugar el 9 de diciembre de 1824. Ese mismo día se daba en el Alto Perú la última batalla de la guerra por la independencia sudamericana en Ayacucho, en la que el virrey José de la Serna (con siete heridas) y dieciséis generales españoles entregaron sus espadas al jefe venezolano Antonio Sucre, segundo al mando después de Simón Bolívar, que dirigió el ejército multinacional americano. Era el fin de la dominación española en América y la noticia llegada a Buenos Aires el 25 de enero, dos días después de sancionada la "Ley Fundamental" que en su primer artículo decía que las Provincias del Río de la Plata ratificaban "del modo más solemne el pacto con que se ligaron desde el momento que sacudieron el yugo de la antigua dominación española, y se constituyeron en nación independiente". Los Estados Unidos de Norteamérica ya habían reconocido a la nueva entidad política el 8 de marzo de 1822 e Inglaterra lo haría el 2 de febrero de 1825.

Santa Fe se integra al Congreso

Con el propósito de lograr la participación de las provincias en la reunión programada desde Buenos Aires, se envió comisionados a las ciudades capitales. A Cuyo fue el deán Diego Zavaleta, el general Juan Antonio Arenales marchó a las provincias del Norte, el general Juan Gregorio Las Heras a las del Alto Perú y el doctor Cossio recorrió las del Litoral. Mientras Estanislao López no puso reparos a la invitación, confiado en los acuerdos del Tratado del Cuadrilátero de 1822 y en la necesidad de constituir un frente unido ante la demanda oriental de apoyo para enfrentar al Brasil, otros caudillos como Juan Bautista Bustos y Facundo Quiroga encabezaron la oposición al Congreso alegando sus reservas sobre las intenciones porteñas que podían encubrir un proyecto unitario de constitución.

Se elegiría un diputado cada quince mil habitantes, por lo que a la pequeña provincia de Santa Fe solo le correspondía votar uno. Entre los congresales aparecen grandes figuras asociadas a los inicios del proceso revolucionario como Juan José Paso o el deán Gregorio Funes, o a la declaración de Tucumán como Narciso Laprida, junto a nuevos nombres que se proyectarían hasta la época de la organización nacional, como Dalmasio Vélez Sarsfield.

La Junta de Representantes de Santa Fe aceptó participar del Congreso en su sesión del 14 de septiembre de 1824, pero por diversas circunstancias demoró en enviar su diputado. Fue inicialmente elegido el sacerdote y doctor José de Amenábar (1784-1863), votado por mayoría el 20 de septiembre, pero el cura de Santa Fe, que había representado a la ciudad en la Asamblea del Año XIII, solicitó y logró ser eximido del compromiso pocos días después, alegando lo ineludible de sus obligaciones pastorales. Recién el 31 de diciembre los representantes eligieron a Pedro Larrechea, que había sido nombrado en 1821 como diputado ante el Congreso de Córdoba. Pero este invocó achaques de salud que documentó con certificados médicos.

La falta de personas idóneas para representar a la provincia, obligó a insistir en la designación de Amenábar, asegurándole que se lo reemplazaría a la brevedad. Se le fijó un viático de $100 y el 22 de enero se le despacharon instrucciones y poderes para sostener en el Congreso el sistema de "confederación bajo la libertad e independencia" de cada provincia. Amenábar representó a la provincia hasta febrero de 1826, cuando ya habían sido designados otros dos diputados: José Elías Galisteo y Francisco Antonio De la Torre. Le cupo a Galisteo una importante labor dentro del Congreso, constituyéndose, junto a Manuel Dorrego, en uno de los defensores del federalismo, pero también de los derechos civiles del "doméstico a sueldo y del jornalero".

¿Cómo nombrar a la Argentina?

El proyecto de "Ley Fundamental" ingresó a la consideración del Congreso el 22 de diciembre de 1824, pero fue debatido en el trascurso del mes de enero. El autor era un provinciano, el correntino Francisco Acosta. Ratificaba en su primer artículo la Declaración de Tucumán del 9 de julio de 1816, como ya señalé, pero en el segundo se planteaba la cuestión del nombre del país. ¿Sería como se dijo en Tucumán, "Provincias Unidas de Sudamérica"? ¿O, más precisamente, convendría llamarse "Provincias Unidas del Río de la Plata"? ¿Como dijo Juan José Paso, según fuera el sistema de gobierno que se adoptara, no sería apropiado adoptar el nombre de "Estados Unidos del Río de la Plata" en el marco de un gobierno federal? Nadie mencionó la palabra "Argentina", que era en realidad asociada a Buenos Aires antes que a la totalidad del territorio.

Por el momento se acordó que hasta la sanción de una Constitución las provincias se regirían por sus propias instituciones, y se dejó aclarado que cualquiera fuere el proyecto aprobado por el Congreso, no entraría en vigor sin la aprobación de las provincias, delegándose mientras tanto en el gobierno de Buenos Aires el desempeño provisorio del Poder Ejecutivo con funciones acotadas.

Aunque la Ley Fundamental parecía augurar el éxito del Congreso, el posterior giro centralista asumido por el cuerpo, bajo la influencia de Rivadavia, lo llevaría a su fracaso y disolución. Pero en diciembre de 1824, aunque las provincias expresaron sus reservas con respecto a las intenciones porteñas, un moderado optimismo hacía prever acontecimientos definitivos. No se dieron. Las provincias del Alto Perú decidieron no reconocer al gobierno de Buenos Aires, la guerra con Brasil finalizó con el desmembramiento uruguayo y el país continuaría un largo provisoriato hasta su organización definitiva entre 1853 y 1860.

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.