Si la seguridad jurídica, el control republicano al poder, la convivencia civilizada y las garantías para el desempeño aceptable de las libertades individuales, políticas y económicas dependen del funcionamiento de jueces acreditados moralmente y dueños de un saber jurídico excelente, resulta claro hasta para el observador más distraído que el abogado Ariel Oscar Lijo no reúne estas condiciones y, más aún, en más de un caso expresa exactamente lo contrario. La descalificación, por lo menos en mi caso, no es ideológica, ni siquiera es política. Es moral. Y, como radical, estimo que no necesito explicar que gravitación adquiere lo moral en el partido que se fundó para luchar contra el régimen falaz y descreído.





































