Acerca de la necesidad de recuperar la dignidad docente (Parte III)

Por Juan José Cheznas y Sebastián Llansa

La política educativa provincial se ha enmarcado en una continuidad respecto a las políticas de la década del 90 en Santa Fe. Como concepto fundamental, esto ha generado, entre otras cosas, la precarización del salario y la condición docente por diversos medios, tales como la reducción de la cantidad de cargos públicos, la licuación salarial tanto de los sueldos básicos de los maestros y las maestras, así como de los catedráticos de nivel secundario y superior, o las escalas salariales del personal directivo y de supervisión.

También ha implicado, por ejemplo: el descuento de los días de paro sin reintegro posterior; presentismo; desconocimiento del acuerdo paritario del gobierno precedente y conversión de la paritaria en una instancia de comunicación informativa (sin tener en cuenta los pliegos reivindicatorios sindicales); congelamiento o demora unilateral en los concursos de titularización; reforzamiento del mecanismo de control a través de una interpretación restrictiva del régimen de licencias del decreto N° 4597 (del año 1983), y limitaciones, burocratización y auditorías de las licencias docentes.

A lo anterior se han sumado, además: la reducción de prestaciones de salud del IAPOS; el rechazo de los casos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo por parte de la Dipart; la reforma previsional aumentando el aporte de trabajadores activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones, aumento de aportes que se convierte en una doble reducción de sueldos, entre otros. El gobierno provincial, con el paso del tiempo y las distintas gestiones, ha implementado mecanismos institucionales en la órbita del Ministerio de Educación acorde al clima de época: reforma de la Ley de Jubilaciones, baja de salarios, premio a la Asistencia perfecta, descuentos de los días de paro, recorte de prestaciones médicas del IAPOS, entre otras.

En función de estos temas sería útil que todos los elementos de análisis que aquí figuran sean discutidos en paritarias con los representantes de los docentes y también conocer el pensamiento de las comisiones de Educación de ambas Cámaras legislativas, como representantes del pueblo, ya que el diálogo entre las partes puede mejorar la situación actual. Una intervención en este sentido y con el marco de las leyes vigentes, atendiendo la situación económica, honraría al gobierno para escuchar las razones del descontento.

Nuestra propuesta en tal sentido es simple. Para mejorar la calidad de la política pública, en base a las necesidades del sistema educativo, y el previo diagnóstico de tasas de analfabetismo y otros indicadores sociales relevantes asociados -como la tasa de desocupación de los padres de los alumnos, debido a que la escuela es una institución social-, deben mejorarse sustancialmente las situaciones del docente de base y la del directivo. Esto último podría lograrse garantizando concursos públicos de ingreso a la docencia, aumentando el salario básico de maestros, maestras y catedráticos de nivel secundario y superior, seguido de una recomposición de las escalas salariales de directivos y supervisores. A la par, sería necesario mejorar la infraestructura escolar, ya que los edificios escolares en numerosas ocasiones se encuentran en estado de abandono en condiciones ruinosas.

Una vez mejoradas las condiciones sociales de las familias de los alumnos de los niveles obligatorios del sistema -Inicial, Primario y Secundario- y de los estudiantes de Nivel Superior, se haría hincapié en las condiciones de trabajo del personal docente y asistentes escolares que habitamos diariamente las Escuelas: con concursos de ingreso a la docencia, con buenos salarios básicos -con la consecuente eliminación del presentismo que precariza al docente- y edificios escolares con las reparaciones de los sectores de una infraestructura escolar deficiente y la implementación de tecnología, con una cobertura de salud laboral razonable, con reconocimiento de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con el cobro de una jubilación digna; exigir un estricto cumplimiento del régimen de licencias y afines.

Con cargos y horas cátedra docentes titulares, un buen salario básico del cargo testigo de maestro de 190 puntos, reconocimiento a carrera docente a través de escalas salariales: antigüedad, función directiva, catedráticos, etc.; reducción de la cantidad de horas de trabajo del catedrático de nivel secundario de 44 horas cátedra a 36, la respectiva adecuación de los coeficientes de conversión salarial de nivel secundario (12,56) y superior (1,25) respecto al cargo testigo de maestro de 190 puntos; armonización del nomenclador docente provincial y nacional; edificios escolares confortables; prestaciones médicas (salud laboral, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo), temas producto de acuerdos en el marco de una paritaria razonable entre el Estado provincial como empleador y las entidades gremiales docentes que representan a los trabajadores.

Llegados a ese nivel de mejora general, no habrá necesidad de hacer paro y por lo tanto no será necesario el rigor de los descuentos no reintegrados, al haber mejorado el básico se eliminará el estímulo a la asistencia perfecta, que obliga a las/os docentes a ir a trabajar enfermos para llegar a fin de mes y poder costear alimentos, alquileres y servicios públicos, etc., posibilitando que mejoren su formación académica y pedagógica y dispongan de tiempo para brindar una educación masiva y de calidad, tornando eficiente el uso de los recursos públicos a partir de una sólida integración al sistema educativo provincial con la relación de empleo público respectiva, garantizando la continuidad pedagógica de los aprendizajes estudiantiles.

Estos objetivos centrados en el bienestar docente no se consiguen con una política de sesgo autoritario como la que aplica el actual gobierno. Sin escuelas no hay futuro y sin docentes no hay escuelas. Recuperemos la dignidad docente. Una antigua receta. Precarización laboral docente: baja de salarios, precarización laboral, limitación del derecho de huelga y criminalización de la protesta.

El actual gobierno nacional, en el marco de un proceso de ajuste y de recorte del gasto público, a partir de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70 de 2023 (recurrido con fallo favorable por Ctera) y N° 340 de 2025, declaró a la educación "servicio esencial", pero con el objetivo de limitar y criminalizar el derecho de huelga. De todas formas, a partir del recurso de amparo impulsado por la CGT se logró un fallo favorable de la Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU Nº 340 de 2025, en cuanto imponía restricciones al ejercicio del derecho a huelga en numerosas actividades, entre ellas la educación, que es un derecho público, no un servicio privado.

Continuará