En la nota anterior se abordó la figura de Estanislao López a partir de las producciones pictográficas que lo tienen como protagonista.
La ley de 1857 proponía un monumento al caudillo en Santa Fe, pero la falta de fondos y el lento avance marcaron décadas de intentos fallidos para su concreción.

En la nota anterior se abordó la figura de Estanislao López a partir de las producciones pictográficas que lo tienen como protagonista.
Los antecedentes de Charles Pellegrini, cuya obra data de 1830 y que dio lugar a la litografía de César Bacle, y el retrato de Héctor Fascino realizado en los últimos años del siglo XIX, confirman que las producciones sobre el plano adquieren densidad recién en los años treinta del siglo XX.
La presencia artística del Brigadier recién puede constatarse al calor del centenario de su fallecimiento en 1938. Por ello, es posible afirmar que la producción artística muestra un lento ritmo que va de la mano con un proceso conmemorativo caracterizado por espaciadas estaciones.
La inauguración del monumento ecuestre en la actual Avenida 7 Jefes, en noviembre de 1942, ratifica ese parsimonioso recorrido por el camino del bronce.
A fines de 1857 durante la gobernación de Juan Pablo López, hermano del Brigadier, se sancionó una ley que proponía erigir en la plaza principal de la ciudad “una estatua al ilustre y benemérito ciudadano”, que se apoyará sobre una columna de mármol.
Entre las inscripciones que se grabarán sobre ella, se destacan su condición de promotor de la independencia local y la unidad de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, tal como expresa el artículo 4 del Tratado del Cuadrilátero (1822). Para la concreción de la obra, se convocó a una suscripción espontánea para recaudar fondos, más los aportes del tesoro público.
Para tal propósito se resolvió que, en cada uno de los cuatro departamentos de la provincia, se organizara una comisión para ejecutar la iniciativa. No obstante, lo dispuesto por la ley no se concretó y los fondos aportados resultaron insuficientes. En 1884, durante el gobierno del presbítero Manuel María Zavalla, se sancionó una nueva ley que retomó la iniciativa de veintisiete años atrás.
La norma incorporó mayores referencias del monumento que evocará al exgobernador: será ecuestre y los materiales que se emplearán serán bronce y mármol, grabándose las inscripciones ya establecidas por la ley anterior. Se reitera la convocatoria a los santafesinos para que colaboren con su contribución y, en segundo lugar, el gobierno aportará lo que falte con fondos de rentas generales.
Dos años después, en sintonía con el centenario del nacimiento de López, se concretó una acción esencialmente simbólica. El 22 de noviembre de 1886 se colocó en la plaza histórica de la ciudad capital, la piedra basal del monumento que se había ya propuesto casi tres décadas atrás.
Evidentemente, el vínculo de la sociedad santafesina con la figura evocada no se caracteriza por su solidez, tal como se expone en la lentificación de la materialización de la evocación.
A inicios del siglo XX, se conformó un comité “pro monumento a la memoria del brigadier general Estanislao López”, y a mediados de 1924 se constituyó una Comisión popular para promover y recaudar fondos en función de la obra artística. Unos meses después se llamó a concurso nacional para proyectos de la obra escultórica, con un premio de $100.000.
Además, un decreto del gobernador Ricardo Aldao puso a disposición $10.000 del presupuesto provincial. Mientras, en las escuelas se realizaron suscripciones voluntarias no mayores a $0,20 para la obra monumental. En la jornada del 25 de mayo de 1925, la comisión organizó un festival criollo en la Sociedad Rural de Santa Fe para recaudar fondos.
Pero al año siguiente la prensa llama la atención sobre la paralización de las acciones, destacando que la comisión “debe ser más práctica” para hacer frente a “la deuda de honor” que se tiene para con el caudillo.
Con el fin de recuperar la iniciativa, a mediados de 1926 se delegó en los historiadores Félix Barreto y José Luis Busaniche la tarea de difundir el propósito de homenajear a López y, en el interior de la provincia, propiciar la recaudación de fondos a partir de la creación de comisiones en diez departamentos.
En paralelo, el diputado Pío Pandolfo presentó un proyecto de ley para otorgar a la comisión un subsidio de $50.000 para impulsar su tarea. La iniciativa es aprobada primero en diputados, y posteriormente por los senadores a fines del mismo año.
Recién en septiembre de 1928, durante el gobierno de Pedro Gómez Cello, la prensa difundió las imágenes del maquete ganador del concurso convocado en septiembre de 1924. El jurado seleccionó la propuesta del escultor uruguayo Juan Carlos Oliva Navarro.
Sin embargo, frente a la dilación de la ejecución del proyecto, nuevas preocupaciones de la comisión pro monumento no demoraron en expresarse. Recién un año después se aprobó el contrato con el escultor de la obra de bronce y piedra.
Oliva Navarro inicia una serie de viajes para comenzar la obra. Pero los retrasos se sucedieron durante la década de 1930 pese a que se había colocado una nueva piedra fundamental en 1934, en el sitio que se emplazaría en la costanera y no en la Plaza 25 de Mayo.
El artista había terminado la obra en 1933, tal como lo expresó en la base del monumento. El estancamiento era de tal magnitud que, a inicios de la década de 1940, el basamento era la única manifestación del emprendimiento, con lo que quedaba expuesta la ausencia del bronce.
La inauguración del monumento se produjo finalmente el 22 de noviembre de 1942, durante el gobierno de Joaquín Argonz, en coincidencia con el día del natalicio del caudillo. No es casual que el acontecimiento suceda durante esta gestión.
Los gobiernos antipersonalistas, primero el de Manuel María de Iriondo y luego el de Argonz, definieron un programa cultural y educativo a través de dispositivos materiales y simbólicos. Entendiendo al antipersonalismo en clave de cultura política como una construcción ordenada que, carente de legitimidad electoral de origen, recurrió a la revisión y reinterpretación histórica.
En un contexto de crisis de representación dominado por el fraude, el pasado fue objeto de construcción de legitimidad alternativa, al que se lo combinó con un programa de centralización estatal, un fuerte plan de obra pública y una agenda de conmemoraciones.
El arco temporal que se plasma entre 1857 y 1942 invita a preguntarnos sobre la solidez y densidad del consenso en torno de la obra monumental y su homenajeado. Semejante interrogante atraviesa diferentes gestiones de gobierno, el destino de los recursos fiscales, las ideas de la elite santafesina, el diálogo entre la sociedad y su historia, y la real dimensión territorial de la figura conmemorada.
Con los años treinta como contexto, la problemática invita a sondear sobre la conformación del vínculo político entre pasado y presente que se manifiesta en las acciones gubernamentales, reconocibles en la cotidianidad del ejercicio del poder. Y reconocer que una conmemoración es también un territorio político de disputa.
Sobre los autores
Bernardo Carrizo es Docente e investigador. Director del Centro de Estudios de los Discursos Sociales (CEDIS), en la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Por su parte, Juan Bautista Walpen es Profesor de Historia (UNL). Ministerio de Cultura de la Provincia. Investigador del Centro de Estudios de los Discursos Sociales (CEDIS) y en Proyecto CAI+D, en la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).




