La inseguridad no da tregua en Rafaela y el territorio provincial

A partir del 10 de diciembre de 2023 hubo cambios institucionales en el gobierno provincial y en el Municipio rafaelino, pero a decir verdad continúa diariamente la inseguridad tanto en la Perla del Oeste como en vastos sectores del territorio provincial.

¿Quién puede negar la gravedad de los distintos hechos delictivos que existen y, al mismo tiempo, arrecian a la mayoría de las ciudades, pueblos y zonas rurales de la provincia de Santa Fe, especialmente en Rosario, produciendo un sinnúmero de consecuencias psíquicas, económicas, sociales, culturales?

El problema no es de ahora, sino que viene de larga data, que fue aumentando con el paso de los años frente a la pasividad de las autoridades provinciales de los distintos signos políticos, ya sean peronistas, socialistas, radicales. Lamentablemente, vienen ocurriendo con la complicidad de algunos jueces, fiscales, policías y otros actores sociales, en un contexto que se repite en las principales urbes a nivel nacional.

Luego de cuatro años de gestión perottista, donde hubo cuatro ministros en el Ministerio de Seguridad, la problemática parece no tener fin, por más que se muestran algunos números locales y provinciales en casi tres meses de las nuevas gestiones.

Con los 259 asesinatos registrados durante 2023, el departamento Rosario terminó de redondear el cuarto año consecutivo superando los 200 crímenes anuales. El año pasado se instaló en la estadística de las muertes violentas de la ciudad como el tercero más violento de la historia, por detrás de los 287 de 2022 y los 271 de 2013; el cuarto en cantidad de víctimas es 2014 con 254. En los últimos días recrudecieron los hechos violentos con la muerte de dos taxistas, un colectivo baleado (su chofer falleció en las últimas horas), el incendio de un taxi, entre otros. Ahora la Nación prometió el envío de móviles de fuerzas militares.

Rafaela tampoco escapa a los graves problemas de inseguridad con reiterados robos en la vía pública de bicicletas y motos, y en viviendas, escuelas, comercios, empresas, iglesias, estudios jurídicos, como así también las balaceras en los distintos barrios, especialmente los periféricos. Rafaela dejó de ser la ciudad tranquila que conocimos hasta hace algunos años porque creció exponencialmente en lo demográfico.

Otro tanto ocurre en Frontera con una heterogeneidad de delitos vinculados al narcotráfico, donde hubo reclamos de vecinos: el colmo lo constituye que no hay un fiscal permanente en esta ciudad olvidada por la clase política, que limita con San Francisco.

Al interactuar con los policías que cuidan Rafaela, te cuentan varios problemas estructurales sin resolver, a pesar del cambio de gobierno provincial: faltan agentes y móviles policiales (hay muchos que están parados) en las comisarías, en la PDI y otras dependencias, como así también no hay presupuesto para la logística de funcionamiento (combustible y mantenimiento de las unidades). No alcanza con el centro de monitoreo, el programa "ojos en alerta" y la convocatoria municipal a la participación de los vecinos.

Es verdad que se recortó la coparticipación nacional a las provincias, pero no es un impedimento para redireccionar fondos, por ejemplo, recortar las obscenas dietas de los legisladores provinciales (19 senadores y 50 diputados), los ministros de la Corte, los funcionarios provinciales, quienes están cobrando entre 5 y 9 millones de pesos mensuales más los gastos de representación que tienen los legisladores, mientras la mayoría de la gente cobra de promedio 500.000 pesos.

A decir verdad, no es una "sensación" como dijo en su momento Aníbal Fernández en 2006 cuando era ministro del Interior de Néstor Kirchner. Interactúan diversos factores como la delincuencia tradicional, el aumento sostenido del narcotráfico en todo el país con las bandas manejando y disputando territorios; la connivencia entre jefes policiales, dirigentes políticos, jueces y fiscales; la falta de trabajo y de precariedad laboral; el aumento de la pobreza con el 57,4%; entre otros.

No es un problema nuevo, sino que lleva un par de décadas, pero lamentablemente se fue profundizando con los distintos gobiernos provinciales. ¿El gobierno de Pullaro encontrará la solución de fondo? Además, hay que modificar la legislación porque los ladrones detenidos a las 72 horas quedan en libertad y vuelven a delinquir…