La madre de todas las batallas ha comenzado

Por Jorge Grispo (*)

La teoría de los actos propios es un principio general del derecho, por el cual una persona no puede ir contra su comportamiento anterior. Vale decir, para nuestro sistema legal no es válido hacer o sostener una posición, para luego hacer o decir exactamente lo contrario. En lo que aquí nos interesa y simplificando la argumentación jurídica, no es lícito contradecir su conducta anterior cuando una persona está sometida a un proceso judicial. La vicepresidenta se presentó a estar a derecho en la causa de Vialidad, cuya sentencia condenatoria se dio a conocer el 6 de diciembre pasado. Con su accionar en el juicio, sentada en el banquillo de los acusados, no hizo más que convalidar la legalidad del proceso.

En efecto, participaron activamente tanto ella como el equipo de abogados que conforman su defensa y los demás imputados. Hizo uso de la palabra, presentó pruebas, interpuso todo tipo de recursos y más. En definitiva, tuvo (y tiene) una profusa actividad procesal en toda la causa, incluso su abogado principal ya anunció públicamente que va a apelar, haciendo uso de ese derecho. Claramente el resultado final (la condena) no fue lo que pretendía la mujer más poderosa de nuestro país. Con lo cual, una persona que ejerce su defensa y realiza todos los actos que procesalmente y de acorde a las leyes vigentes tiene a su alcance, mal podría sostener que fue sometida a un "pelotón de fusilamiento". Ir contra sus propios actos no es una conducta jurídicamente aceptable. Deslegitimar a la Justicia tampoco.

Dictada la condena a seis años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, accesorias legales y costas, CFK recibió un muy duro golpe. Aunque esperaba la condena, no es lo mismo cuanto ésta llega y toma estado público. Fue un punto de quiebre. Tanto que en el soliloquio posterior sorprendió a propios y ajenos anunciando que en 2023 no se presentaría como candidata a ningún cargo, en lo que pareció más una declaración producto del enojo y el descontrol que le provocó emocionalmente la sentencia, que propia de una decisión racional y meditada. Cristina cumple setenta años en febrero próximo, un dato del paso del tiempo, pero a la vez un hecho que la deja, por razones de edad, muy lejos de ir presa, como alega en su desabrida estrategia de victimización.

Argentina ya ha dado sobradas muestra de no ser una nación normal y previsible, tristemente, somos todo lo contrario. Nos hemos convertido en un país al margen de la ley. Solo hechos como la sentencia que se dictó el 6 de diciembre de 2022 por un tribunal probo y competente, que actuó conforme a derecho, que tuvo el cuidado de respetar todas las seguridades jurídicas de los acusados para que estos ejercieran a pleno su derecho de defensa, soportando estoicamente todo tipo de presiones y epítetos, nos acerca a algo más parecido a un estado de derecho como alguna vez soñamos ser.

Lamentablemente la política argentina, con dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner, nos colocan una y otra vez al filo del abismo institucional. Personas tóxicas que, con tal de abroquelarse tras sus privilegios son capaces de romper las instituciones de la nación en mil pedazos. CFK está dispuesta a destrozar todo lo que se cruce en su camino. El Poder Judicial está justo en el medio. La sentencia que la condena dio inicio a la madre de todas las batallas. Algo así como el combate final que encuentra en un rincón a la primera vicepresidenta condenada por actos de corrupción en ejercicio de su cargo, y en el otro a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

CFK enfrenta un problema adicional. Ya no es la única de la familia que está en el ring. De la lectura de la sentencia que la condena por corrupción se desprende claramente una consecuencia no querida por CFK, quedó abierta la puerta para que el fiscal Diego Luciani "proceda conforme lo entiendan pertinente" en relación a los individuos señalados en los mensajes del celular de José López, lo que no es ni más ni menos que investigar a Máximo Kirchner. Es la consecuencia más dura para Cristina, lo que la obligará por cierto a redoblar sus embates, ya que también, de avanzar las investigaciones no serían los únicos de la familia Kirchner alcanzados por el largo brazo de la ley. Lo que genera por cierto una situación de mucho malestar e incertidumbre en el entorno.

Con la familia Kirchner en el ring, la batalla contra el Poder Judicial se avizora como la más feroz y despiadada de todas, incluso más cruenta que la que ya libró y perdió con uno de los grupos de medios más grande del país. Será un combate desigual. De un lado todo vale, se usan las operaciones de inteligencia ilegales para tirarlas al ring un día antes de conocerse la sentencia condenatoria (esto con independencia que lo actuado por los "operados" no deba ser investigado y sancionado en caso de comprobarse su veracidad), y por el otro, la única actividad que pueden y deben hacer es actuar respetando a rajatabla las reglas del proceso, y por encima de todo el derecho de defensa de los justiciables.

Desde el presidente para abajo, todo el espectro político que responde al Frente de Todos salió a cuestionar al Poder Judicial. Hablan de "mafia" como si fuera gratis, pero ignorando que nos hacen pagar a todos los argentinos un precio demasiado alto para que ellos intenten defender su propia impunidad (y sus intereses). Un país sin justicia es un país inviable. Como si lo anterior no fuera suficiente, el cristinismo se ha encargado de entorpecer y bloquear el Consejo de la Magistratura, tanto en Senadores como en Diputados, intentando con sus conductas obstruccionistas que ese órgano no funcione a pleno y todo lo que haga pueda ser cuestionado en el futuro.

Tampoco debemos olvidar el intento de reforma la Corte, que cuenta ya con media sanción de la Cámara de Senadores. A todo lo anterior debemos sumar las constantes operaciones de la prensa amiga tendiente a desprestigiar a todo el Poder Judicial de la Nación, al cual no dejan un solo día de tirarle kilos de improperios y manifestaciones que solo persiguen como objetivo desacreditar la credibilidad de uno de los tres poderes del Estado. El cristinismo nos está mostrando un total desprecio por la legalidad y el estado de derecho.

Con oscuros argumentos y operaciones de inteligencia se buscó ensuciar, degradar y horadar al Poder Judicial. CFK en toda su ya previsible diatriba, tan aburrida como alejada de la realidad y repleta de teorías conspirativas que solo la imaginación de una persona en su estado puede tener, sigue sin explicarnos por qué un sujeto muy allegado a su entorno familiar -cantidad de fotos y documentos lo acreditan-, como Lázaro Báez, pudo amasar una obscena fortuna entre 2003 y 2015. Las teorías conspirativas que invierten el rol de la Justicia, colocándola en el pedestal del victimario y a CFK en el de víctima, no logran explicar la riqueza de Báez, una deuda pendiente de la ahora condenada por corrupción que no ha podido saldar con la sociedad.

Sus seguidores pretenden destrozar al Poder Judicial con argumentos tan inverosímiles que no vale la pena comentarlos. Una gran mayoría de los que hablan lo hacen por "boca de ganso", sin haber estudiado la causa, o siquiera escuchado una decena de las audiencias que se produjeron. Solo repiten lo que les mandan a decir, sin criterio ni conocimiento jurídico alguno que les permita un razonamiento libre de dogmatismos berretas. Merecen nuestro máximo repudio.

Mientras Cristina está ocupada lamiendo sus propias heridas, en el país siguen pasando cosas muy graves. Fue el propio papa Francisco quien tuvo que salir a recordar, para que el gobierno recupere la brújula, la tragedia actual del narcotráfico. Hizo pública su profunda preocupación por la situación de violencia, muerte y narcotráfico que padece la ciudad de Rosario. En lo que va del año se contabilizan cerca de 300 muertos (podrían ser más aún), más de uno por día. La madre de las batallas ha comenzado. La democracia está en peligro.

(*) Abogado, especialista en Derecho Corporativo, autor de numerosos libros y publicaciones.