Cómo lograr que una democracia formal nominal se convierta en una democracia sustancial (Parte I)

El año pasado, Francisco Javier Funes logró el doctorado en Ciencia Jurídica mediante un trabajo en el cual pudo amalgamar distintas problemáticas del Derecho, con el desempeño de las instituciones democráticas y los poderes del Estado a lo largo de la historia. Sin descuidar, claro está, el contexto político-social-económico y la evolución constitucional de la República Argentina.

Bajo el título "Democracia, Consenso, Constitución", Funes expuso algunas de las estrategias que pueden servir para hacer prevalecer una "democracia sustancial" sobre una "democracia formal nominal", tal cual lo plantea en el subtítulo de su tesis doctoral. "A mí siempre me interesó acceder a grados de mayor institucionalidad", remarcó el entrevistado, a la vez que consideró que "se ha avanzado bastante, la sociedad argentina ha madurado notoriamente", al margen de todas las vicisitudes y problemas que la aquejan.

"Si observamos el periodo histórico que va de 1983 a 2024 y se lo compara con el que fue de 1930 a 1983 -etapas que cubren más o menos la misma cantidad de años-, podemos decir que estamos mejor en lo institucional, especialmente en cuanto a la madurez y en el sentido de democracia profunda, de no golpes de Estado,… ya con esos datos ambos periodos se diferencian", aclaró Funes su anterior definición.

La idea del "hombre salvífico"

"Quizás nos falta algún criterio que nos haga ser mejores en el aspecto económico, porque realmente debemos ser uno de los pocos países en el mundo que tiene los niveles de inflación que hemos sufrido, siendo que tenemos todo como para no tenerlos", acotó. Luego completó: "Somos relativamente pocos habitantes, en un país que es inmenso y que produce alimentos como para 500 millones de habitantes… cuando somos apenas 50 millones. Tenemos todo para ser felices, hay que tratar de respetar la ley y la Constitución".

Consultado respecto a por qué nos pasa eso como sociedad a los argentinos, Funes dijo que "siempre hemos necesitado, desde la época de la colonia hasta hoy, reforzar la idea del hombre fuerte, la del hombre salvador y providencial", más que creer en las instituciones. Y siempre, siguió explicando, "hemos tenido una especie de leiv motiv que dice: la ley se acata, pero no se cumple". Es decir, no hay un "retobe" contra la ley o rechazo de la misma; no hay una revolución o una discusión en contra de la ley, pero esta no se cumple.

Estos dos aspectos, "que han sido nefastos para mí", dijo, "nos fueron llevando a este clima de baja institucionalidad hasta 1983". Y si bien "se podría decir que de 1983 a la fecha 'no todo ha sido un mar de rosas', aun así, de la crisis de 2001, un momento realmente dificilísimo -con muertos y conmoción social-, salimos en base al régimen de acefalía institucional previsto en la reforma de 1994, a veces tan criticada en sus aspectos más negativos", describió luego.

En su revisión histórica, Funes aclaró que para él existen tres y hasta cuatro aspectos en los que considera que la Reforma Constitucional de 1994 falló o terminó mostrando puntos débiles: la figura del Jefe de Gabinete (JDG); los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU); las leyes que quedaron pendiente para su promulgación posterior en el Congreso de la Nación y el sistema de elección presidencial con un 45% de los votos válidos (o el 40% con 10% de diferencia sobre el segundo), con la posibilidad de un balotaje resuelto de la misma forma.

En el análisis puntual de cada aspecto, al mencionar los JDG, Funes preguntó: "¿En qué pensó Raúl Alfonsín cuando quiso el semi parlamentarismo, que ya estaba expresado en los dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia? En la figura de un JDG que sería una especie de primer ministro sui generis. No hay que olvidar que Alfonsín, un socialdemócrata en tal sentido, tenía en mente un parlamentarismo 'a la criolla'. ¿Cuál era la idea? Cuando un gobierno fuera débil legislativamente, a tal punto de correr peligro el Ejecutivo, apoyarlo con un gobierno de coalición". "El gobierno provisional de Eduardo Duhalde (2002-2003), tuvo 'olorcito' a gobierno de coalición, dentro del plan ideal que alguna vez había tenido Alfonsín", añadió. La crisis fue al final de 2001, pero Duhalde juró como presidente interino de Fernando De la Rúa ante la Asamblea Legislativa el 2 de enero de 2002.

El presidencialismo y sus "escalas"

Al preguntársele quién hubiera sido ahora el JDG de haberse seguido ese criterio, Funes dijo: "Quizás Cristian Ritondo, o el propio Mauricio Macri. En cambio… ¿quién fue el primer JDG de Javier Milei? ¿Alguien de la política? No, un CEO en empresa privada (Nicolás Posse). Después sí, vino, y creo que con buen criterio, un hombre más político, Guillermo Francos. Pero, fíjense como está tan metido en las cabezas de nuestros dirigentes el presidencialismo, que al principio el Ejecutivo elije de esa forma a la persona de su entera confianza que va a ir al Congreso a aguantar los 'cachetazos' y después transmite lo que quieren o reclaman los legisladores".

En su explicación, Funes observó un concepto clave: "Es una cuestión de cultura política. El Congreso, así como las legislaturas provinciales o cuerpos legislativos municipales, son la Casa de la Democracia, o caja de resonancia en la que están representados todos. No lo son los Poderes Ejecutivos, que son 'monocolor' y tal vez el elemento menos democrático dentro del sistema republicano".

"¿Por qué Francos no consigue ese status de JDG ideal, como tiene que ser? Porque, insisto con este concepto, el Poder Ejecutivo en Argentina se ejerce desde 1810 a la fecha con la característica del hombre salvífico, providencial; el hombre fuerte, o la mujer fuerte", agregó. Evidentemente, continuó, "la figura del JDG no se aplica como habían pensado los convencionales constituyentes de 1994, de acuerdo incluso a cómo lo veía Alfonsín".

Al margen de que se fue debilitando con el tiempo, lejos recuperar terreno, con Javier Milei -que gobierna mediante el uso y abuso de DNU-, la situación de los JDG se profundiza. Esto, resalta Funes, pasa a ser "otro grave error", porque el artículo 99 punto 3 de la Constitución Nacional califica con el máximo grado de nulidad jurídica a los DNU cuando el Ejecutivo se arroga facultades legislativas. Pone un pero, dice: "Salvo que condiciones excepcionales…" (justamente, "de necesidad y urgencia", que las decreta el mismo que las sanciona) "…hagan imposible seguir los trámites legislativos".

En Argentina, recordó Funes, "se ha dado el caso de DNU con el Congreso funcionando". Es terrible, dijo, cómo el Ejecutivo ha ganado terreno sobre el Congreso. "Hemos pasado de un presidencialismo hegemónico -como sucedió durante el peronismo-, a un híper presidencialismo -como con el menemismo y el kirchnerismo-, a un ultra presidencialismo, como lo es el mileismo. Hoy se gobierna por DNU, lo que lleva a confirmar que lo más lejos que hay de la democracia es el Ejecutivo. Este último, como se da en Argentina, tiene potestades que rozan lo antidemocrático. Por eso mismo, el Congreso debe modificar la ley Nº 26122", resumió.

Continuará.