Acerca de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina (Parte II)
El superávit de esta empresa y la deuda del Estado argentino refuerzan la postura de mantenerla bajo control estatal, evitando su venta a capitales extranjeros.
Acerca de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina (Parte II)
Como se expresó en un escrito anterior -publicado por este medio el 16 de octubre pasado-, no se justifica en lo más mínimo la privatización de Nucleoeléctrica Argentina SA (también conocida como NA-SA), que solo en el primer trimestre de 2025 dio un superávit de 17.000 millones de pesos, sin olvidar que la nación le debe a la empresa más de 200 millones de dólares.
Y menos aún privatizarla a capitales extranjeros. Lo correcto sería no privatizarla y que siga estando en manos del Estado argentino. Si el valor de las centrales nucleares es de 11.000 millones de dólares, privatizar el 49 % de la empresa a $ 1.000 millones de dólares, es entregarla a un precio muy inferior a su valor real.
Ese superávit, por ejemplo, debiera utilizarse por ejemplo para actualizar el salario de todos los trabajadores de la empresa para evitar que abandonen la misma .
También para reincorporar a los físicos y al personal especializado con gran experiencia que fue despedido arbitrariamente por Demian Reidel –actual titular de la entidad- aduciendo que el proyecto del reactor Carem es tecnología obsoleta y no es comercialmente viable, lo cual a nuestro entender es inadmisible.
Este proyecto se paralizó, tal cual lo expresado en la nota de referencia, por una decisión de Estados Unidos, para que no le haga competencia a sus reactores que aún están en etapa de diseño, mientras que el Carem argentino tiene el 85 % de avance de obra, por lo que solo faltaría poco más de un año para que pueda ser concluido, con un tiempo más de pruebas para entrar en funcionamiento.
Proyecto CAREM, reactor en construcción desde 2014 en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.
Entendemos que es una irracionalidad total su paralización, puesto que podría finalizarse invirtiendo en la obra los 200 millones de dólares que le debe el gobierno nacional y el superávit que genera la producción de energía eléctrica de las centrales nucleares.
Si el precio de venta de los reactores de baja potencia ronda los 4.000 millones de dólares y la obra tiene un avance del 85 %, ya se han invertido en el proyecto alrededor de 2.000 millones de dólares. Por lo tanto para finalizar esta construcción solo harían falta unos 300 o 400 millones de dólares, quizás menos.
Por la gran trascendencia económica y científico-tecnológica que significaría su finalización, todos los argentinos en la medida de nuestras posibilidades tendríamos que hacer un aporte para reunir el capital necesario para que el proyecto se concluya (mediante la compra de acciones, por ejemplo).
Se estima que para 2040 podrán venderse al menos unos 200 reactores de baja potencia en el mundo (tal vez mucho más porque seguramente surgirán nuevas aplicaciones).
Si Argentina logra poner en funcionamiento un reactor de ese tipo podrá captar una parte importante de ese mercado (a Estados Unidos e Inglaterra les falta tiempo para terminar de diseñarlos). Vender reactores Carem significaría un ingreso importante en miles de millones de dólares.
Ahora bien, la razón por la que Reidel dice que el Carem no es comercialmente viable hay que buscarla en el inexplicable memorándum que en su momento firmó con el gobierno de Estados Unidos la excanciller Diana Mondino, mediante el cual Argentina se compromete en el futuro a comprarle a ese país todos los reactores tipo Carem que necesite.
Por eso se paraliza la fabricación del nuestro. Es decir que si cumplimos ese acuerdo no solo no podremos abastecernos por nuestra cuenta de los reactores que necesitemos, sino que tampoco podríamos fabricarlos para exportarlos.
Reactor CAREM. Crédito: Comisión Nacional de Energía Atómica
Ese acuerdo no debiera ser validado, por el grave perjuicio que va a causar a nuestra economía. En lugar de mantenerla paralizada, terminemos la obra; solo le falta el 15 %.
Argentina tiene que comenzar un proceso encaminado a lograr la soberanía científico-tecnológica del país. Para ello, se requiere que toda la población tome conciencia de que solamente por esa vía podrá incrementarse la producción, el empleo y el bienestar de la población.
Y que nuestros dirigentes políticos estén muy informados sobre temas como estos, para no entorpecer su desarrollo con leyes o decretos que restringen recursos económicos a las universidades y a proyectos de investigación científica.
Por lo anteriormente expuesto, queda claro que debería iniciarse una enérgica contraofensiva para anular por vía legal o del Congreso de la Nación todo intento de enajenar nuestro patrimonio nacional. Y sobre todo del proyecto Carem, cuya comercialización generará grandes ingresos económicos al país.
No tendría que permitirse legislativamente que nos desmantelen instituciones como el INTA y el INTI, que tienen grandes investigadores, quienes con su trabajo están generando conocimientos que luego se vuelcan al desarrollo de múltiples emprendimientos altamente rentables.
Tenemos el ejemplo de los ingenieros del INTA Manfredi, de Córdoba, que luego de treinta años de investigaciones perfeccionaron las técnicas de riego artificial por goteo, las que al aplicarlas en todo el país y hasta en zonas áridas de la Patagonia, van a permitir más que duplicar la producción agropecuaria del país y las exportaciones de productos alimenticios.
Pero, a pesar de estos ejemplos y estas explicaciones, entiendo que Estados Unidos no ve con simpatía nuestro desarrollo científico tecnológico, porque nos ve como un futuro competidor de sus industrias en el comercio internacional y por todos los medios trata de impedir, obstaculizar o retardar ese desarrollo.
El ejemplo de Ingenieros
Los argentinos deberíamos impulsar la Unión Latinoamericana, como quería José Ingenieros, intelectual polifacético argentino -farmacéutico, médico psiquiatra, sociólogo, criminólogo, psicólogo y filósofo-, autor de más de veinte libros, quien falleció el 31 de octubre de 1925 en Buenos Aires, a los 48 años, de meningitis (complicación de una sinusitis frontal).
Lamentablemente, a Ingenieros casi ni se lo recordó al cumplirse el centenario de su fallecimiento. Recibió desde muy joven premios y distinciones gracias a sus publicaciones, tanto de instituciones de nuestro país como del exterior. Un ejemplo es "El lenguaje musical y sus perturbaciones histéricas", escrito en francés, que fue premiado por la Academia de Medicina de París.
En 1916 fue invitado por la Fundación Carnegie al segundo Congreso Científico Panamericano, que se celebró en Washington, donde presentó el trabajo "La filosofía científica en la organización de las universidades", que posteriormente tituló "La universidad del porvenir".
Este último texto, que mantiene intacta su vigencia, influyó en los jóvenes universitarios argentinos para gestar la reforma universitaria de 1918 que aconteció en la ciudad de Córdoba, Argentina.
En él se puede leer: "En las naciones civilizadas contemporáneas, la universidad del porvenir aspira a ser el laboratorio donde se plasma la ideología social, recogiendo todas las experiencias, auscultando todas las aspiraciones y elaborando todos los ideales".
Ingenieros se había puesto en contacto con intelectuales de varios países de América Latina para lograr el objetivo de la Unión Latinoamericana, con el objeto de limitar la pretensión hegemónica de Estados Unidos sobre la región.
Esto permitiría, entre una serie de múltiples objetivos, defender nuestros intereses comunes, proteger nuestras industrias y nuestros recursos naturales, para no convertirnos en países satélites de las grandes potencias y solo en proveedores de minerales críticos para sus industrias.
Además, a través de una iniciativa regional como la descripta, podría contarse con proyectos conjuntos de investigación en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, así como una agencia espacial sudamericana, un mercado común sudamericano y hasta un tratado sudamericano de defensa recíproca.
Los recursos naturales
Argentina debe cuidar sus recursos naturales, tratando que la minería sea explotada por empresas nacionales, con ingenieros argentinos y obtener el mineral en estado de pureza en plantas industriales propias con tecnología nacional, porque el mineral en estado de pureza se vende a mejor precio como sucede con el litio, que es ocho veces mayor que el mineral bruto.
A la vez, nuestro país debe controlar a las empresas extranjeras que tratan de llevarse los minerales extraídos al menor costo posible, mediante maniobras fraudulentas señaladas por el físico Diego Hurtado y también por otros investigadores.
Y debería hacerse un esfuerzo para evitar la radicación de empresas foráneas que entren en directa competencia con nuestra industria, como hacen en Japón y otros países, donde protegen a sus empresas de la competencia extranjera.