Sain y la batalla por los dos tercios

La segunda ola Covid golpea con más intensidad que la primera. Y su irrupción en la provincia volvió a instalar lo urgente en el centro de la escena. La semana transcurrió entre reuniones oficiales con expertos, intendentes, presidentes comunales y referentes de las cámaras empresariales. Se evaluó la situación, se trazó un diagnóstico y se resolvió reforzar controles, fiscalización y apelar a la concientización. Los indicadores sanitarios – aumento de casos, camas disponibles y tasa de mortalidad- determinarán si Santa Fe retornará a un camino de restricciones más severas.

La pandemia volvió a correr el eje. Pero no del todo. En la arena política, oposición y oficialismo deshojan el calendario y descuentan los días que restan para dejar abril. Unos lo hacen con ansiedad; otros, con preocupación. Ambos coinciden en sostener que "en mayo se dará la madre de todas las batallas". Y todos concentran en el mismo actor su atención: el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Es que con la llegada del nuevo mes y la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias, la Legislatura vuelve a tener la posibilidad de dejar firmes dos leyes sancionadas el año pasado y vetadas por el Poder Ejecutivo.

Bautizadas por el oficialismo como "leyes anti Sain", las normas legislan una sobre los gastos reservados del Ministerio de Seguridad; y la otra, sobre las incompatibilidades que regirán para los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), de la Defensa y del Organismo de Investigaciones (OI). Esta última es la que más expectativa – para la oposición- y recelo – para el oficialismo- genera. Y no precisamente porque su vigencia vaya a alterar en lo inmediato la permanencia de Sain como director de ese instituto, al que retornó hace dos semanas. Para los detractores de Sain, la clave de esa ley radica en que su vigencia le confiere a la Legislatura, particularmente a la Comisión de Acuerdo, el poder disciplinario sobre la conducta de los funcionarios del OI. Es decir, sobre Sain. Hoy, esa potestad está en manos de la Auditoría General del MPA. La composición de la Comisión de Acuerdo le es claramente adversa al ex ministro. Por eso, los esfuerzos del Poder Ejecutivo, canalizados sobre todo a través de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, están concentrados en evitar que ambas leyes queden firmes. Ello sólo sería posible si las cámaras no logran reunir los dos tercios necesarios para rechazar los vetos decretados por el Poder Ejecutivo. Y con un agravante; cada una de las leyes tiene cámara de origen diferente. Por lo tanto, la estrategia de la Casa Gris deberá orientarse a romper esos dos tercios en Diputados, para evitar que allí prospere el rechazo al veto de Ley de Incompatibilidades. En ese cuerpo, donde el Frente Progresista posee la mayoría automática, el gobierno deberá bucear entre los bloques minoritarios opositores para convertirlos en eventuales aliados.

Pero también en el Senado, el oficialismo deberá "gestionar" para frenar el veto correspondiente a la Ley de Gastos Reservados. En esta última cámara, "siete" es el número a alcanzar, en la hipótesis de que todos los senadores estén presentes al momento de la votación. El operativo para convencer o seducir y obtener el séptimo voto ya ha comenzado. Se inició con los propios integrantes del bloque peronista pero disidente "Juan Domingo Perón". Seguirá por otros de la oposición, en caso de que el primer intento no prospere. Las presencias serán votos, y las ausencias podrán desnudar también, acuerdos silenciosos. Una compleja partida de ajedrez; una incógnita quién vaya a lograr el jaque mate.