Violencia narco en Rosario: del ninguneo a las falacias

El atentado contra el comercio de familiares de Lionel Messi en Rosario, con un mensaje amenazante para el astro futbolístico que incluía al intendente de la ciudad, marcó una nueva escalada en la percepción de la violencia narco en la ciudad del sur (ahora llevándola al plano internacional) y en los términos del debate político.

Pero también activó acciones largamente reclamadas a nivel nacional: "Habrá que hacer algo más", asumió casi a desgano el presidente de la Nación, mientras que en el Congreso se decidieron a sacar del cajón el proyecto firmado por diputados nacionales santafesinos de todos los partidos para la reestructuración del mapa de la Justicia federal en la provincia, con la creación de juzgados y fiscalías.

Finalmente, el episodio ayudó a contrastar la realidad con el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, una de cuyas principales preocupaciones fue justamente el Poder Judicial, aunque no precisamente por la situación de la inseguridad en Rosario.

En todo caso, el abordaje que hizo el Presidente de la Nación de esa problemática fue bastante lateral, y al solo efecto de utilizarlo como ariete contra la Corte, para culparla por la paralización del Consejo de la Magistratura y, con ello, del proceso de designación de jueces. Y al mismo tiempo, a la oposición parlamentaria, por haberse resistido a convalidar lo que en realidad era un "paquete" diseñado para licuar el poder de la adversa Justicia Federal porteña, y dentro del cual, como un ítem más, se había metido los juzgados de Santa Fe.

"Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio", dictaminó Fernández con tono sentencioso y como si fuese cierto.

La insostenible falacia quedó en evidencia de inmediato, pero por si hiciera falta volvió a hacerlo en boca de un diputado del Frente de Todos, el santafesino Roberto Mirabella, que fue quien presentó el proyecto que sí apunta a la Justicia federal santafesina, acompañado por todos los bloques políticos, con aval del gobernador y como derivación de la reunión de jueces federales que encabezó la propia Corte en Rosario. "Santa Fe no está en la agenda nacional", resumió el legislador oficialista. Parece que ahora finalmente sí.

Pero naturalmente, un cambio de situación dependerá primero de los veleidosos tiempos parlamentarios, sino también de los que demanden los procesos de designación de jueces o fiscales.

Eso permitirá a Fernández cargar las tintas otra vez sobre el Consejo de la Magistratura y sobre la Corte, ignorando (y he ahí otra falacia de su discurso ante la Asamblea Legislativa) que hay vacantes que llevan 5 años. Desde mucho antes de la paralizante "toma por asalto" del Consejo, y con pliegos que el kirchnerismo relegó en el Senado, o hizo retirar porque venían de la anterior gestión.

Pero al mandatario se le escapó otro dato: muchos de quienes organizan y ordenan los atentados narco en Rosario están presos, es decir que el dispositivo judicial (provincial o federal) ya actuó sobre ellos, como lo advirtió el presidente de la Corte santafesina Daniel Erbetta.

Aunque Fernández no lo haya tomado en cuenta, sobre ese tema no hay discusión de límites jurisdiccionales ni chance de culpar a otros. El desmantelamiento del aparato de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal se produjo durante su mandato, tras las acusaciones de supuesto espionaje a internos durante la gestión macrista.

Un fundamento que alentó al gobierno actual, pero que no resiste el contraste con la realidad, ni con la definición del propio Erbetta: "Los privados de la libertad tienen derechos, pero todo derecho está sujeto a una regulación. No se puede dejar de hacer inteligencia para prevenir hechos delictivos en la penitenciaría". Los resultados están, parece que ahora sí, a la vista de todos.