Suma cero

La sensación de estancamiento produce desasosiego. Es lo que nos ocurre a los argentinos, aun a los que les va bien, porque en un país que va mal nada es seguro. En verdad, nuestro caso es bastante peor, porque ni siquiera estamos estancados; hace décadas que nos hundimos, a menor o mayor velocidad y profundidad, sin encontrar el fondo.

Las distintas políticas instrumentadas en ese largo recorrido terminaron en reiterados fracasos. Los esfuerzos de unos por salir del pozo, han sido enervados por los otros en un continuo juego de suma cero. Para colmo de males, a menudo los otros eran o son del mismo palo.

Las segmentaciones partidarias han crecido tanto como la construcción de frentes alentados por objetivos de poder, que luego, en su ejercicio, se deshilachan como pilchas viejas.

Es cierto que, en determinados momentos, la circunstancial oposición ha declinado posiciones y ofrecido gestos de colaboración temporaria. Sin embargo, lo más fuerte y disgregador han sido las pulsiones hegemónicas, productoras de fisuras sociales e institucionales. Bien decía, días pasados, María Eugenia Vidal, que en la Argentina ganar una elección por mínima diferencia sirve de poco y nada. Que las transformaciones que el país requiere necesita de un núcleo de acuerdo político mucho mayor.

En las últimas décadas, el bajísimo crecimiento promedio del PNB ha sido superado por la tasa de crecimiento vegetativo de la población, razón por la cual cada vez hay más personas que atender con los mismos e, incluso, menores recursos. Nada lo expresa con mayor claridad que la línea ascendente de la curva de pobreza.

Frente a la deletérea combinación de errores propios con factores imprevistos como la pandemia de Covid-19, el gobierno nacional muestra escasa autocrítica e insuficiente reacción. En general, en sus discursos, el presidente exalta logros invisibles y transfiere culpas a la oposición. Como un boxeador groggy tira golpes al bulto mientras profiere palabras agraviantes, que es lo único que acierta. Consecuencia: mayor irritación social en una situación desesperante que exige otro tipo de conducta.

En la última columna dije que después de haber roto los puentes que prometía construir, Alberto Fernández debía instalar un Bailey de emergencia que asegurara una comunicación, aunque fuera mínima, para coordinar medidas ante la nueva ola pandémica, agravada por la aparición de variantes más peligrosas. Fue el que comenzaron a tender 48 horas después los jefes de Gabinete de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un acto de sensatez in extremis.

El problema que enfrentamos los argentinos es de una gravedad inusitada. El gobierno nacional lo ha entendido después de comportarse con insoslayable lasitud durante las vacaciones de verano y Semana Santa, mediante la promoción del turismo interno estimulado con programas de beneficios por el ministerio del rubro. Todo ello, cuando los preocupantes acontecimientos sanitarios del hemisferio norte nos mostraban por anticipado lo que meses después ocurriría en el hemisferio sur. Esos datos de incontrastable evidencia deberían inhibir ahora los movimientos del dedito admonitorio con el que el presidente subraya sus dichos de padre contrariado.

Pero si la imprevisión del gobierno frente a la inminente segunda ola no puede pasarse por alto, también hay que señalar los pertinaces comportamientos de muchos argentinos en términos de descuido, o de liso y llano desafío frente a la operatividad del virus, que no descansa un segundo en su búsqueda de receptores. La multiplicación de las fiestas clandestinas es un termómetro efectivo para medir la temperatura de nuestra estupidez, que no se detiene ante la evidencia de un contagio y una letalidad crecientes.

Gobierno y sociedad, con sus respectivos comportamientos, parecen explorar los límites de la existencia. El problema es que, una vez traspuestos, no hay retorno.

El gobierno, a quien le cabe la responsabilidad mayor porque ejerce la conducción del Estado, no logra sacarse de encima la incógnita política de las próximas elecciones, que pesa más que los urgidos requerimientos de una atención racional de la pandemia. Por eso, ante una situación de riesgo general, manifiesta en sus acciones un sesgo cada día más partidizado y militante.

La elección de este camino ahonda divisiones y desordena la capacidad de respuesta. Del otro lado, el virus no espera; y el mundo tampoco. Por eso, la perspectiva de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se aleja tanto como se acerca el riesgo de un default inminente con el Club de París.

Conviene recordar que la deuda asumida con ese grupo de naciones que, bueno es aclararlo, no constituye un organismo multilateral, asciende hoy a 2.485 millones de dólares (incluidos los intereses) como consecuencia de la renegociación realizada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2014 (liderada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof) y el no pago del vencimiento operado en mayo de 2019. Aquel acuerdo establece que si Argentina no salda toda su deuda antes del 30 de mayo de 2021 (cuando vencen los dos años de gracia sumados a los cinco años de plazo del acuerdo), pasados 60 días del vencimiento nuestro país entra en default con los miembros de ese foro, que entre otros integran Francia, Alemania, España e Italia.

En su última gira, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, sondeó la probabilidad de un entendimiento que oxigenara los plazos, pero el Club de París respondió que primero deberá llegar a un acuerdo con el FMI. La respuesta, convergente con la del Fondo Monetario Internacional, reconduce al meollo de la cuestión: la formulación, por parte de la Argentina, de un plan económico consistente, que permita obtener los recursos necesarios para atender las obligaciones contraídas con el exterior.

Es precisamente lo que el gobierno no quiere hacer hasta después de las elecciones legislativas, especulación que profundiza la debilidad económico-financiera del país. Por eso el dólar comienza a recalentarse otra vez, mientras las restricciones a las actividades económicas y la incesante acción regulatoria del Estado, creadora de nuevos cepos, buscan tapar el cielo con un harnero.

Guzmán manifestó hace poco más de un mes en una entrevista con Carlos Pagni que el plan económico del gobierno no era otro que el Presupuesto nacional 2021. Pues bien, ese presupuesto que, entre otras cosas preveía una reducción del costo de la pandemia, la normal provisión del gas de Vaca Muerta, un acuerdo rápido con el FMI y una disminución de la inflación anual a una cota ligeramente inferior al 30 por ciento, hoy está hecho pedazos, tanto como la esperanza de una recuperación más rápida de la economía, nuevamente inmovilizada en un pantano antiguo.

Gobierno y sociedad, con sus respectivos comportamientos, parecen explorar los límites de la existencia. El problema es que, una vez traspuestos, no hay retorno.

Un sesgo partidizado y militante ahonda divisiones y desordena la capacidad de respuesta. El virus no espera; y el mundo tampoco. La perspectiva de un acuerdo con el FMI se aleja tanto como se acerca el riesgo de un default con el Club de París.