Por Alfredo Morelli

Por Alfredo Morelli
Esta es una época en la que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) cambiaron la forma en que nos comunicamos. El profundo cambio en la comunicación genera caos y desorden social, tal como ocurriera antes con la aparición de la imprenta, el ferrocarril, el telégrafo o el teléfono. Hoy, a esta secuencia de rupturas, se le suma un enorme poder computacional barato y una gran cantidad de información, materia prima que internet colecta para abastecer a la Inteligencia Artificial.
Las redes no son más centralizadas, son dispersas, tienen la forma de una red de pescador, no tienen centro ni jerarquía ordenadora. Al enfatizar lo virtual sobre lo físico, las redes hacen de la información el producto preponderante. Es el individuo, con el teléfono, quien decide qué información entra, se procesa y se reintroduce. El modo en que nos conectamos define quiénes somos. A diferencia del pasado, en que los cambios se calmaban y estabilizaban luego de que la sociedad se acomodaba a las nuevas realidades de la comunicación, ahora la disrupción es permanente a causa del continuo surgimiento de nuevas tecnologías que hacen fácil lo que era complicado.
Las nuevas tecnologías han borrado las fronteras geográficas, la "soberanía digital" es inasible, se habla de "ciberespacio" como un dominio distinto, común, en el que tanto Estados como Actores No Estatales son protagonistas de acciones, a veces nefarias, en las que, por el anonimato, la trazabilidad (atribución) es imposible salvo para las grandes potencias. Un ataque originado a dos cuadras de la Casa Rosada, puede haberse originado en muchos lugares.
Fue en el 2004 que comenzó en Naciones Unidas, por pedido del secretario general, el análisis sobre el impacto de las TICs en las Relaciones Internacionales. El debate tuvo lugar en la Primera Comisión (desarme). Uno de los temas centrales, se refería a si el Derecho Internacional de la Guerra y el Derecho Humanitario seguían vigentes frente al cambio tecnológico. El objetivo de mínima era definir lo que podría calificarse como "conducta responsable" de los Estados y qué tipo de "acto de guerra" justificaría la Legítima Defensa permitida por la Carta de la ONU.
Mientras los países buscaban definir el significado preciso de "conducta responsable", pasó casi una década. Pero el contexto internacional no esperó a que las Naciones Unidas se pusieran de acuerdo. Entre tanto, ocurrieron la primavera árabe, la revolución naranja, Zucotti Park, los Chalecos Amarillos. Esos cambios no se produjeron por la guerra cibernética, un "Pearl Harbor Digital" como advertía León Panetta, sino a través de las narrativas circulantes en las redes sociales.
El relato es usado como un arma para menoscabar la identidad, los valores de las sociedades, generar confusión y desencanto. Divide y debilita la consistencia social, con mayor impacto en las sociedades abiertas. Es lo que pudo constatarse, por ejemplo, en las elecciones estadounidenses de 2016 y en el proceso del Brexit en el Reino Unido. La información puede cambiar la percepción de la realidad. Como dijo Macron: "Aprovechan la libertad para envenenarnos". Hubo interferencias en Ucrania, en 2014; en Alemania, en 2015; en Montenegro, en 2016; en Francia, en 2017; en Suecia durante la campaña de ingreso a la OTAN; y en el "Pizza Gate" durante la campaña presidencial de Hillary Clinton.
El uso de la información como arma que pudiera cruzar el umbral que lo que se calificaría "acto de guerra", acumula evidencias en las últimas décadas. Es importante entender el diferente impacto de la manipulación informativa en una sociedad abierta y en una sociedad cerrada. Ya hablamos de la permeabilidad de las sociedades abiertas. En cambio, en las sociedades cerradas, la información se controla para evitar que los ciudadanos puedan identificar a quienes piensan como ellos, y, por consiguiente, generar formas organizativas de protesta.
Rusia habla de "seguridad de la Información" mientras que nosotros hablamos de "Ciberseguridad". Estas expresiones oponen la "seguridad de la infraestructura" a la "seguridad de lo que transita por las redes".
La pregunta, en consecuencia, es ¿cómo nos protegemos de la desinformación? habida cuenta de nuestra incapacidad para "atribuir" estas acciones de graves efectos a un actor determinado. La lista de probables autores es conocida. Está integrada por los enemigos de Occidente y de la Libertad. Pero no es fácil probarlo, porque es previsible que sospechados actores estatales o algunos de sus proxis nieguen su autoría. Tienen mucha experiencia en estas operaciones y no dejan su tarjeta de visita ni sus impresiones digitales. De modo que podría ser cualquiera de ellos.
La realidad del "podría haber sido cualquiera" nos hace pensar que debemos protegernos nosotros mismos. Si el Derecho Internacional debe "aggiornarse", también debería hacerlo el derecho interno y principios tales como el de "la libertad de expresión".
Está claro que con los avances de la tecnología y la Inteligencia Artificial, se puede generar cualquier mentira virtual creíble. Por lo tanto, hago dos recomendaciones:
primero, como se dice en ciberseguridad, "higiene"; hay que transitar la vida con una saludable dosis de escepticismo. No creamos todo lo que vemos y escuchamos sin verificarlo, no nos dejemos envenenar. Un contexto político marca la oportunidad, y la mayoría de las veces es autoexplicativo: el actual contexto eleccionario en la Argentina, y una información que lo impacta, genera al menos la sospecha de que la "ANDIS gate" es un artilugio de desinformación. Quizá la Justicia consiga desentrañarlo, pero mientras tanto es prudente dudar.
La segunda sugerencia, es en realidad una pregunta. ¿Se podría acordar un "comportamiento responsable" de los medios periodísticos y las redes sociales en base al reconocimiento de la responsabilidad que deberían asumir ante los daños que puedan causar? Esto, sin que se desgarren las vestiduras en una supuesta defensa de la expresión libre.
Es obvio que la libertad de expresión es un derecho constitucional, pero como todo derecho en el reverso carga una responsabilidad, la obligación de verificar lo que se comunica y no divulgar información dudosa o falsa. La excusa de ser "sólo" una plataforma no alcanza. El intermediario también es responsable.
(*) El autor es embajador de carrera (r), participó en las discusiones de Naciones Unidas como integrante del Grupo de Expertos de 2012/2013. Coordina en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el Comité de Políticas Digitales y Ciberespacio. Abogado recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, y Master en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Estados Unidos.




