Cuestionamiento de la violencia como medio de acción política en Argentina (Parte IV)

La violencia como medio de acción política, una vez restaurada la democracia en 1983, volvió a manifestarse sobre fines de la década y comienzo de la siguiente. Lo hizo por izquierda, con el ataque al regimiento La Tablada del 23 de enero de 1989, protagonizado por el Movimiento Todos por la Patria, que era conducido por Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, con un saldo de más de cuarenta muertos y heridos. Y también por derecha, con el alzamiento militar Carapintada del 3 de diciembre de 1990, liderado por Mohamed Alí Seineldín, con un saldo de catorce muertos y heridos.

Con el paso del tiempo, ante el derrumbe de la Alianza, el senador en ejercicio de la presidencia, Eduardo Duhalde, en un nuevo intento fallido intenta lograr la unidad y pacificación nacional. Firma una serie de decretos el 20 de mayo del año 2003 (N° 1228, Nº 1229 y Nº 1230, publicados en el Boletín Oficial el 22 de mayo de ese año), otorgando indultos y conmutaciones de penas a Seineldín, Gorriarán Merlo y otros.

La democracia, lamentablemente, tiene en el debe, además de los referidos, una importante cantidad de muertos. En Rosario, durante la crisis producto del colapso del gobierno de la Alianza y la implosión de la Ley de Convertibilidad, el 20 de diciembre de 2001 un agente de la policía de Santa Fe asesinó dolosamente al militante social Claudio "Pocho" Lepratti. Y el 26 de junio de 2002, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires en el Puente Pueyrredón.

Asimismo, el gobernador neuquino Jorge Sobisch es responsable del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, abatido el 4 de abril de 2007 durante una protesta sindical del gremio docente en la ruta. También durante ese año, el 18 de septiembre para ser más precisos, se produce la segunda desaparición y el asesinato de Jorge Julio López, testigo clave en el caso del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Es decir, un desaparecido en democracia.

Pero hay más. El 24 de diciembre de 2010, una patota sindical de la Unión Ferroviaria, por orden del secretario general José Pedraza, asesina sobre las vías a Mariano Ferreyra, en el marco de un reclamo legítimo contra la tercerización de trabajadores ferroviarios. Algunos sindicalistas pasaron de defender épicamente los derechos sociales de los trabajadores y las trabajadoras -al punto de llegar a dar la vida por ello-, a formar parte de la burocracia sindical que llega a asesinar para sostener sus privilegios prebendarios, en un modelo de sindicalismo empresario, lo cual constituye un oxímoron.

El proceso judicial llevado adelante en Argentina en tribunales civiles, para juzgar militares por acciones vinculadas al terrorismo de Estado, es un antecedente que no tiene precedentes en la región. Y que a su vez presenta cierta analogía en el orden internacional con el Tribunal de Nüremberg, que fuer instrumentado al culminar la Segunda Guerra Mundial para juzgar el genocidio y los crímenes del régimen Nazi. Desde la extrema derecha, los militares argentinos no cuestionan ni reconocen el proceso genocida, ni entregaron los documentos de la burocracia represiva del terrorismo de Estado para permitir la ubicación de los restos de los desaparecidos y desaparecidas, sino que los brutales procesos represivos se reconstruyeron a partir del relato de las víctimas.

Por su parte, los dirigentes de las organizaciones de izquierda le deben realmente al pueblo argentino un mea culpa respecto a la violencia civil como mecanismo legítimo de acción política, ya que el arrepentimiento televisivo de Mario Firmenich, en el programa de Bernardo Neustadt, sabe a poco. A lo dicho por el jefe de la organización armada Montoneros, en cuanto a que "el poder político brota de la boca de un fusil", contraponemos que -en realidad- el poder político se construye con los votos en las urnas, y si es necesario con el pueblo en la calle, bajo el amparo de la Constitución Nacional y de todas las garantías constitucionales que de ella derivan. En la disputa política entre Aristóteles y Maquiavelo, el fin no justifica los medios.

Curiosamente, La Cámpora, que reivindica la figura de "El Tío", encubre que Montoneros se financiaba a partir del dinero obtenido de secuestros extorsivos, mientras que la metodología de organización política referida es obtener cargos públicos y utilizar los organismo del Estado (Ansés, Pami, etc.), para financiar la política. Mientras que el poder Montoneros lo construye de modo inductivo, teniendo soberanía en las decisiones políticas -al disponer de recursos propios obtenidos de modo ilegal-, La Cámpora lo construye de modo deductivo, desde el poder, ocupando organismos públicos con caja y empleando por tanto el presupuesto público para financiar la organización.

En cuanto a la fisura que produce en la división de poderes de la República la admisión de un gobierno de facto por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1930 (la que ha sido empleada reiteradamente por las dictaduras posteriores), ha sido sellada por la Convención Constituyente de 1994, en el artículo 36. Este último, en su primera frase expresa lo siguiente: "Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos".

Una buena calidad de las instituciones republicanas requiere igualmente, como presupuesto, un razonable equilibrio entre los tres poderes del Estado nacional, donde el Poder Legislativo y el Poder Judicial operen como mecanismos de control del Poder Ejecutivo (por cuestiones históricas híper desarrollado en la Argentina). Así lo testimonian las disoluciones del Congreso, tanto como los amedrentamientos, ceses y extorsiones respecto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del tiempo.

A los fines de limitar los abusos de poder y la corrupción política derivada del mismo, al sistema de control mutuo de los poderes del Estado deben integrarse las instituciones de control del Poder Ejecutivo: Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Oficina Anticorrupción y quizás, la histórica Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

A su vez, a las instituciones de control del Ejecutivo previstas en la Constitución Nacional en el régimen republicano, se suman los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -como resultado del Pacto de San José de Costa Rica, del 11 de febrero de 1978 (que posee rango constitucional por su inclusión en el artículo 75, inciso 22)- y la Corte Penal Internacional, producto del Estatuto de Roma, del 17 de julio de 1998, incorporada al orden normativo nacional por medio de la ley N° 26200 de 2007, entre otras.

Es necesario volver a las fuentes de los Derechos Humanos, a una sociedad unida en base a un amplio consenso social, con el respaldo del "Nunca Más" que condene el Terrorismo de Estado y en paralelo cuestione al terrorismo civil, ya que ambos implican la violencia como medio de acción política, en el caso del primero de ellos agravada por el uso del aparato represivo estatal. Y es necesario debatirlo en nuestras escuelas, con fundamento en los hechos histórico-políticos objetivos concretos y lejos de las ideologías sectarias -puesto que padecimos la aberración de los dos terrores descriptos-, para formar futuras generaciones de ciudadanos, comprometidos con la democracia, la igualdad, la libertad, la paz, vivir el presente mirando el futuro con generosidad, solidaridad y esperanza para construir una sociedad más justa.

Hay que entender que la violencia estatal y civil no es sólo una cuestión del pasado. Si existe un consenso social y político mayoritario, en cuanto a que la violencia no resuelve situaciones, cerradas las heridas, podremos soñar con un país donde la Constitución y las leyes imperen, y en el que todos unidos trabajemos por la grandeza de la Patria.

Por eso mismo: ¡NUNCA MÁS!

Memoria, Verdad y Justicia.