Aceleran la implementación del juicio oral a nivel federal

El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que busca acelerar la implementación en todo el país del Código Procesal Acusatorio, sancionado en 2014, que atribuye la misión de investigar a los fiscales y reduce el rol de los jueces a controlar las garantías en la tramitación de la causa.

Se trata del mecanismo establecido en la Justicia santafesina hace diez años, que implicó la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, e instaló la oralidad en los procedimientos, con la intervención de un Colegio de Jueces.

El sistema acusatorio rige también en otras diez provincias, pero en el ámbito de sus propios poderes judiciales. A nivel nacional, transcurrida casi una década, la implementación progresiva a cargo de una comisión bicameral del Congreso sólo llegó a hacerse en Salta y Jujuy en 2019. El siguiente turno correspondía a Rosario y Mendoza, y así era insistentemente reclamado desde distintos foros, pero sin que llegar a materializarse.

"El estancamiento impide el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal. En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente", justificó el DNU en sus considerandos.

Así las cosas, y en ejercicio de la voluntad del gobierno nacional, manifestada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, según el nuevo DNU, esa tarea pasó a sus manos y dejó de estar en las del Congreso. "Tengo que concentrarme para establecer ese orden en todo el país, y con poquísimo presupuesto", resumió el funcionario, en una reciente visita precisamente a Jujuy.

Qué dice el DNU

En concreto, el decreto le quita a una Comisión Bicameral creada para la implementación del nuevo código la facultad de establecer el cronograma de implementación del nuevo sistema, y se la otorga al Ministerio de Justicia.

"El Código Procesal Penal Federal entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia", que tendrá la responsabilidad de ponerlo "en funcionamiento en el país", indica el Decreto 188/2024.

"El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal", celebró la cartera de Justicia mediante un documento.

El decreto describe que coexisten actualmente dos sistemas procesales y cuestiona que "la duplicidad de legislaciones provoca un trato dispar a las personas imputadas, en particular en lo que respecta a su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas".

Ello, añade el DNU en sus considerandos, "ocasiona problemas operativos que afectan el desarrollo de las investigaciones y genera complicaciones en la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal que entiende de los recursos aplicando dos códigos diferentes".

"El estancamiento reseñado impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de ejercer la acción penal. (…) La parálisis dificulta la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito. Además, la falta de implementación del sistema acusatorio frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal", resume el decreto.

En este orden, la cartera a cargo de Cúneo Libarona diseñará las "propuestas de readecuación edilicia, recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código", al igual que los "programas de capacitación de los operadores" de la medida.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia promoverá "la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales"; garantizará "el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación"; y constituirá "un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación" del Código.

Ese consejo asesor estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas a la Justicia.

El Ministerio de Justicia también establecerá, según el decreto, "el criterio de asignación y distribución de los juzgados de garantías respecto a las oficinas judiciales".

Política de estado

La posibilidad de reformar por decreto la ley que establece el mecanismo de implementación del sistema acusatorio en todo el país trascendió luego de la visita que hizo el ministro Cúneo Libarona a las provincias de Salta y Jujuy, hacia donde se desplazó específicamente para observar en detalle cómo se llevó a cabo en esos territorios la implementación del sistema acusatorio.

Este sábado, Cúneo Libarona había publicado una serie de mensajes en la red social X bajo el título "El sistema acusatorio como política de estado", en los que se refirió a las bondades de ese sistema.

"El nuevo Código Procesal Penal Federal se basa en un modelo de justicia oral y rápido, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata. Es prioritario que se reanude la aplicación del Sistema Acusatorio para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo", expuso.

El funcionario acompañó los mensajes con una serie de placas en las que sostuvo que el sistema acusatorio implica poner a la fiscalía a cargo de la investigación y la acusación, para dejarle al juez el lugar de resolver "de forma imparcial e inmediata, sobre la base de lo presentado en las audiencias". Las defensas, en tanto, cumplirían su tarea en igualdad de condiciones que la acusación.

La implementación de ese sistema implicaría, además, dar lugar a la "oralidad" ya que "el litigio y la argumentación se dan verbalmente ante el juez en audiencias públicas" por lo que los procesos se vuelven más ágiles que cuando se tramitan en formato papel, mientras que se precisará de la implementación de Oficinas judiciales que se ocupan de la gestión de las audiencias y agendas de los magistrados.

Mientras el ministro visitaba las provincias norteñas, los fiscales federales de todo el país comenzaron a recibir por WhatsApp un mensaje que se viralizó rápidamente y decía que el presidente Milei tenia previsto firmar un decreto por el cual el Ministerio de Justicia tomaría "el control de la implementación del sistema acusatorio".

Vacantes

"Lo primero es completar las designaciones, porque un 30 por ciento de esos puestos se encuentran vacantes. Es una vergüenza. Es prioritaria la designación de jueces idóneos, también fiscales y defensores, para tener el esquema judicial completo", dijo Cúneo Libarona. Y confirmó que luego del 1 de marzo enviará al Senado unos 80 pliegos, seleccionados "en base a la idoneidad".