Amplio respaldo político de los legisladores de todas las bancadas a la gestión del MPA

Los números que dejó 2024 en la estadística sobre la inseguridad en la provincia de Santa Fe, sensiblemente mejores que los del año anterior, así como una política de conducción del órgano acusador -que contó con más herramientas y respaldos- que sus antecesores al frente del Ministerio Público de la Acusación, dominaron el clima de la presentación del informe anual del MPA ante la Legislatura, a cargo de la fiscal general María Cecilia Vranicich.

La titular del MPA habló más de una hora y cuarto sobre parte de un texto de casi 200 páginas que llegaron de modo virtual, QR mediante, a los celulares de los legisladores que acudieron al recinto de la Cámara de Diputados para oír y pedir información a la funcionaria judicial, que dejó un mensaje claro: pidió que los fiscales provinciales constituyan un órgano extrapoder, a partir de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia.

Luego de su exposición siguió la de varios diputados (y solo un senador) que tanto hicieron preguntas y formularon algunas observaciones como coincidieron en un punto: dar un rotundo apoyo a la gestión de Vranicich, desde todas las bancadas.

No fue sorprendente que los legisladores del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe tomaran esa posición ya que el gobernador Maximiliano Pullaro y el propio MPA reivindican el trabajo “en coordinación” y “hasta me animo a decir que en equipo”, entre las oficinas de funcionarios provinciales de Seguridad y Justicia con la conducción política de los fiscales. (Y también con las instancias similares nacionales que hoy sí “atienden el teléfono” al decir de Vranicich sobre las autoridades anteriores en Buenos Aires.

Tampoco son extraños los elogios de quienes tienen derecho a sentirse “parte”, desde el Justicialismo, porque la gestión de la fiscal general se inició en abril de 2023, durante el gobierno de Omar Perotti. Pero hubo con igual entusiasmo porque ven hoy un MPA distinto del que años atrás criticaban los diputados que se ubican a la izquierda y a la derecha de radicales, socialistas, macristas y peronistas.

Diferentes leyes, otros resultados

Acaso quien comenzó con los elogios haya sido Vranicich, pero no sobre los resultados de su trabajo -prefirió las cifras a los adjetivos- sino sobre las leyes sancionadas en la actual conformación de las Cámaras y por impulso de Pullaro para dotar de más herramientas a la conducción de la Fiscalía General. Hoy en efecto la cabeza del MPA tiene más poder que sus antecesores, en especial respecto de los fiscales regionales.

La expositora recordó al iniciar su monólogo que el año pasado, en el Senado, el panorama era “distitnto” tanto al interior del órgano acusador como respecto de las estadísticas sobre las condiciones de seguridad, un concepto sobre el que no se desentendió (a contramano de la tradición judicial que opina que fiscales y jueces actúan cuando ya es tarde y no se ha podido prevenir).

Vranicich recordó que recibió “quebrado” al MPA de Rosario y que a partir de su intervención comenzó la reconstrucción de la confianza interna, un valor sobre el que insistió a lo largo de sus mensaje: los fiscales deben colaborar, compartir información, no investigar desde cada despacho como si no hubiera otros trabajos similares en curso a cargo de los colegas, y además deben hacerlo a sabiendas de que no podrán cubrir todo lo que llega a sus manos. Y acaso esto último haya sido el secreto del cambio más profundo: hay ahora una política que a conciencia solo atiende algunos “requerimientos” (que no ya no son nombrados como “legajos”) según unas pautas bajo la idea de que lo ideal, lo que debería “platónicamente” ser, como dijo el senador Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) no es lo posible lo realizable.

A Vranicich y los fiscales regionales constituidos como Gabinete de la fiscal general les toca apuntalar ese criterio y dejar de lado miles de asuntos que bien pudieron ser investigados. Sobre 9.000 denuncias de todo tipo y actuaciones de oficio solo se les asignan recursos humanos e infraestructura apenas a 400, que corresponden a “los objetivos priorizados”: violencias altamente lesivas, tráfico y trazabilidad del negocio en negro de las armas, corrupción de funcionarios públicos con foco en la policía, víctimas de delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad privada. Lionella Cattalini (PS-Unidos) valoró muy especialmente la investigación llevada adelante contra miembros del Poder Judicial del fuero federal que ha comenzado por fin una depuración porque “siempre que hay tráfico de drogas y microtráfico, hay corrupción que lo avala”.

En suma, este jueves 22 de mayo celebró todo el arco político en Santa Fe que es posible haber pasado de más de 400 homicidios en 2023 a 176 en 2024. No hubo ninguna crítica dura desde la oposición del Frente Amplio por la Soberanía como de los bloques de origen celeste. No estuvieron en el recinto del cuadro de Roux diputados que habitualmente reivindican al presidente Javier Milei, que bien pudieron haber cosechado las políticas de seguridad pública a cargo de Patricia Bullrich tanto en materia de coordinación de esfuerzos con uniformados, combate al narcotráfico, como con las condiciones de detención de los presos, para que desde las cárceles ya no se ordenen crímenes sobre todo en Rosario.

A la hora de los matices, Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) proyectó las actuales cifras de muertes violentas en lo que va de 2025 y supuso que de seguir ese promedio el año podría terminar un 30% arriba de 2024. Pidió “no relajarse”. Vranicich respondió: “hay lo que llamamos una tensa calma, siempre estamos atentos, en este trabajo es imposible relajarse”, respondió.