Subdistribución del gas: las cooperativas santafesinas se hacen oír ante el Enargas

Al igual que en las pocas audiencias públicas sobre tarifas del gas natural que se convocaron durante los últimos cuatro años, representantes del sector de la subdistribución reclamaron cambios de fondo sobre su situación al Ente Nacional Regulador del Gas Natural.

Como se sabe, muy pocos santafesinos participaron de la reunión realizada de manera virtual pero, además del defensor del pueblo adjunto Jorge Henn, hubo una ronda de cuatro intervenciones -que los organizadores agruparon- para mostrar la grave situación económica que transitan cooperativas, empresas y desarrollos de municipalidades y comunas que subdistribuyen el gas natural por redes.

Se trata de un sector especial que, en general, nació de la iniciativa comunitaria o asociativa en formas cooperativas o de empresas estatales de gobiernos locales que han permitido que el servicio llegue a donde ni el Estado Nacional, ni las Provincias ni la iniciativa privada tuvo interés en invertir.

En algunos casos, las redes y la infraestructura es anterior a las privatizaciones que en la década del 90 trazaron el actual panorama del sector del gas natural en la Argentina, pero también hay experiencias posteriores que se llevaron adelante ante la evidencia que al privado no le interesaría desarrollos en áreas urbanas de baja densidad poblacional y escasas posibilidades de recupero en el corto plazo de la inversión.

El lunes 8 de enero hablaron en representación de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Gas Natural, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales de Recreo Ltda, hablará Roberto Casal; del Ente Regional Gasoducto Bombal-Bigand Asociación Cooperativa, Aníbal Orpianesi; y Ángel Basso, de la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda Setúbal Ltda. También, Lucrecia María Escobio de la empresa Oliveros Gas Sapem, cuyo paquete accionario pertenece a la comuna de esa localidad del departamento Iriondo.

Basso le puso números a la representación de la subdistribución. Dijo que el país tiene 10 millones de usuarios de gas por redes y que de ellos 500 mil "cuentan con el servicio gracias a 63 pymes, cooperativas y empresas sapem, operadas por municipios y comunas", en general en zonas más alejadas o postergadas de los grandes centros urbanos. Luego comentó: "somos impulsores del desarrollo, con un diferencial en la calidad de la prestación del servicio" como integrantes de las comunidades en las que actúan.

En pocas palabras las subdistribuidoras tienen "igual objeto que las distribuidoras zonales, pero no reciben el mismo trato", resumió en un mensaje dirigido tanto a Enargas, la Secretaría de Energía de la Nación como a las firmas Litoral Gas, Gas del Sur, Camuzzi Gas del Sur, GasNor, Gas Cuyana, Gas del Centro,, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, Naturgy Ban, GasNea. Las distribuidoras han pedido aumentos de entre el 350 y el 700% para su porción de la tarifa. La primera, plantea duplicar los valores entre el 86 y el 119%.

Los subdistribuidores, que saben que su suerte está atada a la actualización de las tarifas de las distribuidoras, apuntaron a un problema que las afecta exclusivamente: en 2016, el Enargas cambió la forma de cálculo del gas que reciben de las distribuidoras que "representa el 85% de lo que se recauda por la facturación".

Tanto Basso como Casal, Orpianesi y Escobio explicaron que al establecerse una nueva metodología técnica para lo que las distribuidoras facturan a las subdistribuidoras hubo un incremento en esos costos que dañaron la economía de las cooperativas, las sapem comunales y municipales y las empresas privadas que tienen esa tarea.

Todos destacaron que sus números se han ajustado y que cuando no hay aportes de los gobiernos locales para emparejar las cuentas hubo subsidios cruzados entre los propios usuarios de las cooperativas, que también tienen otras prestaciones más rentables.

"Hay una asimetría regulatoria entre subdistribución y distribución, y una desconsideración histórica por parte de Enargas", coincidieron. Y compararon: "el sector no ha recibido las dos ayudas económicas que sí hubo para las distribuidoras zonales durante la pandemia y cada vez más vemos casos de flujo de caja negativo, lo que fue agravado por el congelamiento de las tarifas".

Indicaron que todos los valores de la actividad están regulados, por lo que el estado no puede desentenderse de la situación de quebranto que les provoca. La solución, según subrayaron, consiste en que los subdistribuidores vuelvan al esquema previo a 2016 en el que no se les recargaban costos propios del transporte (a nivel país) en el precio del gas que pagan a las distribuidoras.

Cooperativistas y miembros del directorio de la Sapem comunal indicaron que hay una creciente deuda de las subdistribuidoras con las distribuidoras.

Un punto clave es que lo hecho en el gobierno de Mauricio Macri tampoco fue revisado en el de Alberto Fernández. Y que cuando se dispuso ese cambio en las reglas de juego que alteran el marco regulatorio inicial "Enargas no realizó ningún estudio de razonabilidad sobre el perjuicio causado a los subdistribuidoras".

Otra salida alentada por el sector es que suban los cargos fijos de las tarifas para que sea menor el impacto en los usuarios durante los meses más fríos. Y advirtieron que hoy esos cargos apenas cubren un 45% de los gastos operativos, que deben hacerse haya o no consumo de gas.

Afirmaron que es "urgente recomponer margen bruto de ingresos en un revisión integral para las subdistribuidoras, que están en una situación crítica".

También fueron valiosos los comentarios sobre cómo nacieron esas prestaciones. En Santa Fe es conocida la iniciativa cooperativista de la Setúbal, con varias décadas de labor. En Recreo en cambio el servicio cumple 20 años y surgió "a instancias de 6 empresas que al ver que ninguna distribuidora de gas privada se interesaba recurrió a la Cooperativa y con aportes de capital propios pudo tender una red con 105 mil metros de extensión, que cubre el 80% de la localidad. Tiene 3.500 usuarios residenciales, 70 comercios y 11 industrias que solo con este sistema de aportes y cooperativo pudieron contar con el servicio. Hoy hay entre estas empresas hay firmas que exportan su producción", dijo su representante.

En Oliveros, la Sapem tiene desde 1997 participación estatal mayoritaria de la Comuna que también entendió que sería inconducente esperar la iniciativa privada. En el caso de Bombal y Bigand el eje es un gasoducto que las une, con 3.200 familias que reciben el servicio, así como industrias que emplean a 500 personas porque tienen gas natural.