La inflación dejo de estar en foco pero
preocupa que el sueldo no alcance
En la primera mitad del mandato de Javier Milei, el centro de estudios insiste en que hay reformas pendientes, que los sectores “ganadores” del modelo (minería, energía y campo) no traccionan más empleo registrado y que, con todo, hay una sociedad “esperanzada
La inflación dejo de estar en foco pero
preocupa que el sueldo no alcance
El informe mensual de la Fundación Pensar, que preside la ex diputada nacional María Eugenia Vidal con la legisladora porteña Silvia Lospennato como vicepresidenta, analiza en su última entrega de diciembre los primeros dos años de mandato del presidente Javier Milei.
El espacio, que pertenece al PRO, aliado del oficialismo en el Congreso, evalúa logros y temas pendientes de la gestión nacional; ubica la baja de la inflación como principal logro económico y la sanción de la Boleta Única Papel como hito institucional.
María Eugenia Vidal, ex diputada nacional del PRO y presidenta de la Fundación Pensar. Foto: Archivo.
Pero advierte que, “el orden macro económico, por sí solo, no alcanza” y pone el foco en la necesidad de crear empleos de calidad a la vez que expone una preocupación concreta: los sueldos bajos y las dificultades de llegar a fin de mes.
“Hay sectores y lugares del país en donde el día a día es cuesta arriba”, reconoce el informe que focaliza su análisis en seis aspectos: La economía más estable; La sociedad, banca (a pesar de todo); El bienestar económico, aún en espera; Las grandes reformas ¿por entrar a la cancha?; La gestión no económica, con menos avances, y El fortalecimiento institucional, con margen para hacer más.
Economía
Para el primero de los temas, no duda en ubicar la estabilización de la macro economía como “el principal éxito” del programa dispuesto por el presidente Javier Milei. “El superávit fiscal, viga maestra del programa, y el consecuente ordenamiento monetario permitieron reducir la inflación desde el 211% hasta el 26%”.
Al mismo tiempo, vaticina crecimiento de la actividad, del consumo, de la inversión y de las exportaciones para el próximo año, junto con una desaceleración de la inflación y continuidad del superávit fiscal.
En este punto marca dos desafíos. Por un lado, completar la liberalización del mercado de cambios y la acumulación de reservas, “lo que implica levantar los controles de capital remanentes (el cepo a las empresas)”.
Por otro lado, apunta la necesidad de que la recuperación económica se traduzca en creación de empleo de calidad.
“El empleo privado registrado se encuentra virtualmente estancado desde 2011, y el mercado laboral ha generado principalmente empleo informal o cuentapropista. Dado que los sectores que lideran el crecimiento no traccionan empleo, esto plantea un límite para la mejora sostenida de los ingresos y del consumo”.
En este punto, confía en que la reforma laboral (que sería prioridad en el segundo tramo de extraordinarias, desde febrero) contribuya a corregir algunas debilidades del mercado de trabajo: “altos costos, elevada litigiosidad e inflexibilidad”, aunque no se esperen resultados inmediatos.
Qué opina “la gente”
“La sociedad está esperanzada”, señala el informe. La baja de la inflación aparece como el “principal reconocimiento” a la actual gestión. Y, en un contexto de alta incertidumbre acumulada, la idea de que “lo peor ya pasó” (36 %) o "está atravesando su tramo final" (26 %) gana espacio en el sentido común.
No obstante, el tratamiento de jubilados y personas con discapacidad “emerge como la principal crítica a la gestión y aparece, incluso, entre quienes la apoyan”. “Es un punto sensible del ajuste que concentra malestar transversal y señala una zona de fragilidad en la legitimidad del proceso de ordenamiento económico”.
El tratamiento a jubilados y personas con discapacidad aparee como la principal crítica a la gestión nacional. Foto: Archivo.
Más allá de la aprobación que cosecha el gobierno, una parte significativa de la población sigue creyendo que el gobierno no logra resolver los problemas del “metro cuadrado”, y “persiste una distancia entre la valoración del rumbo general y la evaluación de la vida cotidiana”.
Así, la economía y el costo de vida vuelven a ocupar el centro de las preocupaciones. “Aunque la inflación pierde protagonismo como problema principal, el deterioro del poder adquisitivo, los bajos salarios y la dificultad para llegar a fin de mes siguen siendo experiencias extendidas”.
El ajuste se siente en decisiones concretas: resignar consumos y recortar gastos (65 % de la población). “La estabilización ordena expectativas, pero todavía no se traduce en bienestar”.
El ajuste se siente en decisiones cotidianas, como resignar un consumo o el pago de un servicio. Foto: Archivo.
Con todo, hay una expectativa positiva hacia el futuro. “La esperanza actúa como un crédito social que sostiene al gobierno. Es un apoyo basado menos en resultados plenos y más en la expectativa de que el camino elegido, con costos visibles, conduzca a una mejora”.
Los unos y los otros
¿Quiénes ganaron y quienes perdieron con este modelo económico? En el primer caso se ubican la minería, la energía y el campo, que “se caracterizan por ser capitales intensivos, lo que explica por qué no traccionan empleo. Además, se encuentran lejos de los grandes centros urbanos, lo que traduce esta heterogeneidad sectorial en geográfica”. Allí están Chubut, Neuquén y Santa Cruz.
A los “perdedores” se los encuentra en rubros como construcción e industria, cuya actividad está 21% y 5% abajo respecto de la asunción del actual gobierno. Son intensivos en empleo y se encuentran, mayormente, en los grandes centros urbanos.
Desde noviembre de 2023, construcción perdió más de 62.000 asalariados privados, e industria 42.400, lo que explica el 75% de la pérdida de empleo registrado total. De este lado, se ubican Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Pendientes
El cuarto capítulo alude directamente a las reformas pendientes que “requieren acuerdos amplios no solo para ser aprobadas en el Congreso, sino para sostenerse en el tiempo”.
Avanzar en este punto es “una necesidad impostergable”. Allí están, para la fundación, las reformas Tributaria, Laboral, Monetaria (que incluya la eliminación total del cepo cambiario), Previsional, Comercial y Federal.
Además, propone dar de baja jubilaciones de privilegio, avanzar en privatizaciones aprobadas en la Ley de Bases, aprobar una ley antibloqueos y establecer una escala salarial transparente en los tres poderes del Estado, incluyendo directorios de empresas públicas.
No todo es economía
En cuanto a las reformas no económicas, el espacio considera que hay “menos avances”. Allí advierte sobre el incremento del 20 % en episodios vinculados con inseguridad, con un ránking que encabeza Tucumán, crece en Córdoba y Mendoza y se multiplica en el Conurbano.
En materia de Educación, de acuerdo con datos oficiales, en 2024 y 2025 se registró la inversión real más baja en formación superior desde el 2007.
Sin embargo, “poco se ha hablado sobre la base del sistema educativo: la educación obligatoria”, donde están pendientes de aplicar las premisas del Pacto de Mayo: modernizar la educación inicial, primaria y secundaria, reducir el abandono escolar y lograr la alfabetización plena.
Otro capítulo es el de Infraestructura que prevé en el Presupuesto 2026 una inversión estatal del 0,4% del PBI contra el 1,4 % de 2023.
“Argentina necesita reactivar la obra pública y buscar activamente inversiones para financiar las obras”, expone el estudio y ubica entre las prioridades infraestructura energética, de transporte e hidráulica.
Instituciones
“Es imperioso que junto a las reformas económicas, el gobierno avance con el fortalecimiento institucional, empezando por la Justicia que es hoy uno de los poderes del Estado más afectado en su funcionamiento y capacidad de brindar un buen servicio debido, entre otros motivos, al enorme retraso en la cobertura de los cargos judiciales”, evalúa la fundación.
Y explica: a la falta de acuerdo para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia (que funciona con tres miembros), la Procuración General de la Nación, el Defensor del Pueblo, entre otros, se suman más de 580 (sobre los 1635) cargos entre jueces, fiscales y defensores).
La sanción de la ley de Boleta Única Papel es uno de los hitos destacados por la fundación del PRO. Foto: Archivo.
Además, reclama el envío de la reforma a la ley de ética pública y que se insista con una ley de ficha limpia que quedó varada en el Senado.
Sin embargo, plantea la revisión de “algunas decisiones que parecen contradecir el mentado objetivo de la lucha anticorrupción como las restricciones al acceso a la información pública del decreto 580/24 o la eliminación de la facultad de querellar de la UIF decreto 274/25”.
Aún así, celebra como logro institucional la sanción del Presupuesto 2026, luego de dos años de prorrogado el que se aprobó en 2023, y la promulgación (y aplicación en los comicios legislativos de octubre) de la Boleta Única Papel.