Con un plenario de comisiones, arranca el debate por la ley de Soberanía Nacional

La agenda de la Cámara de Diputados acelera a dos meses del cierre del período ordinario de sesiones (el 30 de noviembre) con varios temas sensibles e importantes, tanto para el gobierno nacional como para la oposición.

Mientras para el martes a las 14 se espera el plenario de Finanzas y Derechos del Consumidor y la Competencia que deberá dirimir un dictamen sobre morosidad, al día siguiente se reunirán tres comisiones para iniciar la discusión del proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional.

El tratamiento del tema fue pedido con urgencia por el presidente Javier Milei, quien confía en lograr adhesión a un tema de suma importancia para el país.

Sin embargo, son más de 130 artículos distribuidos en 8 títulos que establecen una amplísima lista de temas: desde sanciones mayores a las previstas por la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina hasta multas por operar con empresas no autorizadas. Desde la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario hasta cambios en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.

Si bien el punto de partida es la reivindicación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio nacional, son varias leyes las que se derogan o modifican y no parece que el debate fluya sin sobresaltos para el oficialismo.

Mientas tanto, el miércoles a las 12 se reunirán las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba), Defensa Nacional a cargo de Carlos Zapata (LLA-Salta) y Relaciones Exteriores y Culto, que lidera Juliana Santillán (LLA-Buenos Aires).

Las tres comisiones reúnen a varios integrantes de la Cámara baja que representan a la provincia de Santa Fe: Pablo Farías (PU), José Nuñez (PU) Alejandro Bongiovanni (LLA) y Juan Pablo Montenegro (LLA), en la primera; Agustín Rossi y Germán Martínez (UxP) y Alejandro Bongiovanni y Valentina Ravera (LLA), en la segunda, y Esteban Paulón y Gisela Scaglia (PU); Caren Tepp y Florencia Carignano (UxP) y Nicolás Mayoraz (LLA) en la tercera.

Según consignan medios especializados, la intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre para que el proyecto pueda ser debatido en una sesión prevista para el día siguiente.

Principales puntos

Como ya se publico y sintetiza la agencia Noticias Argentinas, la iniciativa contempla el endurecimiento de las penas -de hasta 20 años de prisión- por la explotación, o cooperación para la explotación, de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes, además de la inhabilitación para operar en la Argentina.

El proyecto reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos, sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.

Además, establece un registro público de infractores y dispone que el Estado y los particulares tengan prohibido contratar con las personas o empresas allí inscriptas. También incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva ley.

Como se dijo, se crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente los derechos aduaneros.

Entre sus prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso, después de agotar las demás instancias previstas en un protocolo de actuación.

Campañas e “inteligencia”

Por otro lado, se prohibirán los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.

También se incorporarán delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia y la realización, por cuenta propia o con financiamiento extranjero, de acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

Seguridad interior y terrorismo

Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en seguridad interior ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.

Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.