“Tolerancia cero”, mayores penas y nuevos delitos: cómo es el Código Penal que impulsa el gobierno

El anteproyecto de Código Penal que presentó el gobierno nacional, bajo la consigna “tolerancia cero”, busca ordenar en un único cuerpo múltiples normas penales especiales que se acumularon durante sus más de cien años de vigencia, e intenta responder a flagelos actuales como el crimen organizado transnacional, la violencia digital o el narcotráfico.

La iniciativa unifica el texto vigente con otras leyes penales especiales sancionadas en el último siglo, lo que deriva en un cuerpo normativo que pasa de 316 a 920 artículos. Promueve un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevos delitos, como el cibercrimen con inteligencia artificial. También establece el sistema procesal acusatorio, el cumplimiento efectivo de las condenas, la restricción de la liberación anticipada y la baja en la edad de imputabilidad.

El Código Penal vigente data de 1921. Aunque a lo largo de los años se le han realizado más de mil modificaciones parciales, que se incorporaron a través de leyes, nunca se hizo una reforma integral del texto.

Nuevos parámetros

Esta propuesta integral fue presentada por el propio presidente Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en un acto en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, que pretendió escenificar el concepto de "el que las hace las paga”, como aglutinador de “tolerancia cero, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel", en palabras del mandatario.

Milei remarcó que "años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces y a los fiscales", por lo que ahora su gestión se encargará de impulsar "estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia".

Antes, Bullrich resumió los aspectos centrales del proyecto, emanado de una comisión especial que encabezó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Este código tiene tres componentes centrales: el primero es el agravamiento de las penas del homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de 10 a 30 años los homicidios agravados", señaló.

También puntualizó que la portación de armas sin permiso "va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante", mientras que "también la portación de armas blancas".

"El hurto en nuestro país era una vergüenza: hurtabas una, mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta 3 años", planteó. "Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de 3 a 12 años", insistió.

Dijo además que "entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar", pero "ahora se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares".

Bullrich remarcó que a "las falsas denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares, las vamos a incorporar por primera vez en el Código Penal Argentino".

Planteó que "la Argentina tiene condenas bajas de cohecho, de corrupción, de delitos contra el Estado", por lo que "ahora se termina la impunidad, más aún con contrataciones públicas" y se agravarán esos delitos para "el Presidente y el Vicepresidente, ministros, gobernadores, altos cargos, jueces, diputados, senadores: el que roba va en cana".

También se elevan las penas de todos los delitos complejos "como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil". "El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga", finalizó.

Punto por punto

El sitio Chequeado sistematizó en 10 los principales puntos de la reforma.

1) Unificación normativa histórica.- Después de 105 años, el proyecto de reforma del Código unifica en un único cuerpo normativo las disposiciones del texto vigente desde 1921 y las más de mil leyes especiales. Con la unificación, pasaría de 316 a 920 artículos, y se buscaría eliminar las contradicciones propias de las reformas parciales.

2) Imprescriptibilidad de delitos “gravísimos”. - Los delitos más graves ya no prescribirán, abarcando homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Actualmente, los únicos imprescriptibles son estos últimos. La prescripción es la garantía que tienen los ciudadanos de ser juzgados en un plazo razonable. Los delitos con pena perpetua, por ejemplo, prescriben a los 15 años. Por el contrario, el proyecto prevé la extinción de la acción penal para casos no complejos que superen plazos razonables.

3) Endurecimiento generalizado de penas.- Se elevan las penas en prácticamente todos los delitos. El homicidio simple, con esta reforma, pasará a tener una pena de hasta 30 años de prisión. Se agravan las sanciones para delitos cotidianos como robo de celulares, “entraderas”, estafas piramidales, “salideras bancarias” y delitos viales.

4) Ciberdelitos e inteligencia artificial.- Se crea un capítulo completo de delitos informáticos que incluye la creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA, el fraude digital y los ciberataques complejos. Se ordena la eliminación inmediata de estas reproducciones. Actualmente, existen algunos delitos informáticos dispersos, pero sin un tratamiento integral ni contemplación específica de la IA.

5) Nuevas figuras delictivas del siglo XXI. - Se tipifican delitos inexistentes en el Código actual: “stealthing” (retiro no consentido del preservativo), pornovenganza, secuestro virtual, violencia organizada, estafas piramidales, crueldad animal sistemática, delitos ambientales y desvío de cuota alimentaria, entre otros.

6) Lucha contra la corrupción. - Se incrementan sustancialmente las penas para funcionarios por delitos contra la administración pública, se incorpora el soborno entre privados, se elimina la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves, y se rediseña el enriquecimiento ilícito. Se habilita el decomiso anticipado de bienes en casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción.

7) Narcotráfico, con penas más severas.- Se mantienen las penas base de 4 a 15 años establecidas en la Ley 23.737, pero se eleva el máximo a 25 años (actualmente es 20) para organizadores del tráfico internacional. Se crean figuras autónomas para precursores químicos, opioides sintéticos y sustancias especialmente peligrosas.

8) Mayor protección a las víctimas.- Se incorpora el concepto de “seguimiento socio-judicial” para condenados que terminan de cumplir la pena en delitos graves. Los jueces deberán escuchar a las víctimas antes de decisiones que extingan la acción penal y notificarles todas las resoluciones. Se garantiza su participación activa en el proceso.

9) Se amplía la responsabilidad penal de personas jurídicas.- Se establece sin restricciones para todo tipo de delitos, con criterios claros de imputación y sanción. Actualmente existe responsabilidad penal de personas jurídicas solo para ciertos delitos como lavado de activos y delitos económicos y financieros, pero el proyecto la extiende a todos los delitos.

10) Delitos contra la familia y violencia de género.- Se crea un capítulo completo sobre delitos que afectan la vida familiar: hostigamiento, maltrato, discriminación e incumplimiento de deberes de asistencia. Se incrementan las penas para delitos sexuales, se tipifica el acoso sexual en ámbitos laborales y docentes, y se agravan las penas por grooming y difusión de material de abuso infantil.

Imputabilidad y sistema acusatorio

El capítulo sobre responsabilidad penal de menores introduce la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, fundamentando que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la legislación vigente favorece su captación por grupos criminales.

Finalmente, el texto proyecta la implementación obligatoria del sistema acusatorio, en reemplazo del modelo inquisitivo tradicional, con el objetivo de agilizar los procesos penales y asegurar mayor transparencia. El nuevo esquema otorga al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la posibilidad de defensa plena y al juez la de actuar exclusivamente como árbitro.