Acuerdos votará este miércoles si toma las acusaciones contra el fiscal rosarino Matías Edery

La Comisión de Acuerdos tiene previsto reunirse este miércoles a las 10 para definir, entre otros temas, si toma en sus manos o no el legajo disciplinario contra el fiscal de la ciudad de Rosario, Matías Edery, que fuera elevado a la Legislatura por el auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai.

Se trata en términos técnicos de votar a favor o en contra del avocamiento a ese caso, lo que implica continuar con la apertura de un expediente y la oficialización de un miembro que actúe como acusador de Edery. Contra lo que ha ocurrido en otros casos igualmente sonados, todavía no está claro -a horas de la reunión- qué sucederá en Acuerdos. Primero si habrá o no avocamiento y segundo cuál es el nombre del legislador que asuma ese rol. (Es importante tener en cuenta un dato: en la comisión puede proponerse a uno de sus integrantes pero luego el legislador en cuestión puede tomarse un tiempo para comunicar su decisión de aceptar o no, o comunicarlo en ese mismo instante).

De no avanzarse con la acusación, el asunto pasaría al archivo, al mismo tiempo que se sustancia una causa penal contra Edery por sus vínculos con Mariana Ortigala, una testigo protegida que fue clave para perseguir a la banda de los Alvarado pero que ahora está detenida por pertenecer a Los Monos y haber sido parte de un esquema de extorsiones.

Las pruebas contra el fiscal lo ponen en una suerte de intercambio de información con Ortigala, durante años. Por lo menos desde 2020, cuando es mencionada en una declaración judicial por el empresario del juego ilegal Leonardo Peiti: la acusó de haber sido parte de un esquema de extorsiones de parte de ese grupo criminal vinculado al narcotráfico que tenía una pata en el MPA. De esa causa surgieron las salidas del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y de su superior el ex fiscal regional Patricio Serjal. También la acusación de Edery y Luis Schiappa Pietra contra el senador por San Lorenzo, Armando Traferri. (En su momento se refugió en sus fueros pero ahora ha pedido que se quiten esas inmunidades para enfrentar la justicia, luego de haber recolectado más elementos en su favor, según lo que anticipó desde su banca).

Reuniones

Como se sabe, respecto del contenido de cuatro cajas con información y de otros aspectos vinculados al tema, la bicameral se impuso una agenda de trabajo intensa durante la semana pasada, que incluyó tres reuniones: primero con el auditor Mai; luego con la superior de Edery, la fiscal regional María Eugenia Iribarren; y finalmente con la cabeza del MPA, la fiscal general María Cecilia Vranicich.

El primero fue a mantener una "reunión informativa" o expositiva. Básicamente, el auditor explicó que de probarse los extremos de los que es acusado Edery (en una denuncia penal de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno) no puede la Auditoría avanzar ya que se trata de presuntas faltas graves. Mai dejó material por escrito que fue copiado por doce juegos (para los integrantes de la Comisión de Acuerdos) y más precisiones sobre fechas y contextos sobre los puntos por los que preguntaron los legisladores.

La segunda explicó que a su juicio no se ha afectado el funcionamiento de la fiscalía regional a su cargo. Ensayó la explicación de que "los egos" y cierto clima de tensión interna explica lo ocurrido entre sus subordinados: hay 15 legajos disciplinarios en la Auditoría, "producto de denuncias cruzadas" entre los fiscales rosarinos. La Dra. Iribarren no convenció a los legisladores al exponer su teoría de las vanidades personales y mucho menos que una política de recursos humanos con un psicólogo pudiera haber superado la cuestión. Fue invitada a concurrir a dar explicaciones ya que es mencionada en parte de la prueba contra Edery.

Por último, la titular del MPA mantuvo una "reunión de trabajo" con los legisladores que consideró de provecho, y aunque calificó como "de gravedad institucional" lo que sucede en una de las cinco fiscalías regionales a su cargo (la más relevante por la inseguridad y su peso demográfico) también sostuvo que se trata de "una oportunidad" para mejorar la labor de los fiscales y del servicio de justicia en general.