El extraño caso que busca trabar el concurso de Vicentin

Por Armando Piantino

En los pasillos de Tribunales de Rosario como en algunos bares a los que suelen concurrir magistrados y abogados, en los últimos tiempos arrecian ciertas versiones que permiten contar con otra mirada sobre la marcha de la causa Vicentin y, en particular, sobre ciertos incidentes que llamaron la atención de quienes siguen con atención el proceso.

La cuestión es que se habla de la presentación de varios actores que, en su conjunto, habrían sido preparadas para ser declarados acreedores legítimos y frustrar desde esa posición cualquier acuerdo en el concurso. También estarían empeñados en hacer ver a la propuesta con mayoría suficiente de acreedores como irregular con utilización de acusaciones penales cuyo objetivo es llevar a la empresa al cramdown.

"Zapatero…."

El 5 de marzo de 2020, y luego de haberse cumplido con los requisitos formales, el Juez decretó la apertura del concurso de Vicentin Saic, designando una Sindicatura plural y constituyó un comité provisorio de control, con tres acreedores quirografarios de mayor monto denunciados por el deudor y dos representantes de los trabajadores.

La causa seguía con su trámite normal cuando a fines de agosto del 2020 se presenta el abogado Sebastián Farina que apoderado de Olzen Industria y Comercio de Zapatos S.A., y planteó la nulidad de la resolución de la apertura del concurso. Para ello acreditó personería con un poder especial insuficiente de 7 de agosto de 2020 pero, llamativamente, no fue acompañado ni se menciona acta de Directorio o de Asamblea que dé cuenta de la voluntad de dar poder al profesional ni de presentarse en el expediente. Es decir, en el mencionado poder solo se hace mención a que el presidente de la sociedad, Joel Isaias Da Costa, de nacionalidad brasilera, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, le otorga poder especial al letrado para que se presente judicialmente para el recupero del crédito que la empresa mantiene contra Vicentin.

Como respaldo el apoderado acompañó documentación que da cuenta que la zapatera Olzen adquirió mediante cesión el crédito de Garagro S.A.

Para los profesionales del foro resulta llamativo que con un poder otorgado sin decisión societaria que lo respalde, el "apoderado" de una empresa dedicada a vender y fabricar zapatos que curiosamente compró un crédito a una cerealera, pretende echar por tierra cinco meses de trámite del concurso. Y se preguntan: "¿Cuál es el motivo por el que un acreedor que compró un crédito para presentarse en el concurso quiere que se declare inválida hasta su propia verificación del crédito?".

Pero hay más según afirman. El tal Joel Isaias Da Costa surge en una simple búsqueda de Google como gerente del Grupo Vuoassa con domicilio en Paraguay 777, piso 10, de Rosario, dirección que, coincidentemente, también pertenece al poderoso estudio jurídico Casanova, bufete que también representa en la causa Vicentin a Commodities SA, del Grupo Grassi (uno de los principales acreedores privados del concurso).

Los abogados que dialogaron con El Litoral también mencionan que el abogado Gustavo Feldman, quien se autoreferencia como "abogado del Grupo Grassi", se presentó en el expediente del concurso patrocinando al acreedor Juan Antonio Chapale, en sustitución del abogado Farina, quien también representó al mismo grupo.

Llegado a este punto vale la pena recordar que a fines de julio, Feldman presentó ante ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini fundando el pedido en una supuesta "ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada", e "incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución".

Y es que para Feldman "mientras en los tribunales penales de Rosario se colectan pruebas y, prima facie, tienen por perpetrados delitos de administración fraudulenta, estafa, balances falsos y desobediencia judicial por parte de los directivos de la concursada; el juzgado concursal de Reconquista hace como si nada de esto pasara".

"Y es que hay más", sostienen los profesionales que dialogaron con El Litoral. Y desgranan sobre la mesa, además de la presentación de Feldman, un abanico de denuncias penales que tienen como principal característica que han encontrado eco en los tribunales de Rosario (la causa se tramita en Reconquista) en las que se apunta en varias direcciones, pero, fundamentalmente, para presionar sobre socios, accionistas y magistrados.

Los expuestos son solo una parte de una extensa serie de rumores que, por su gravedad, deberían ser investigados en profundidad para evitar un daño tanto a la causa, los funcionarios judiciales intervinientes, la empresa como, también, a sus legítimos acreedores.