El Consejo de la Magistratura sesionó entre fuertes cruces y logró aprobar algunas ternas para cubrir vacantes

Tras más de 8 meses de inactividad, el Consejo de la Magistratura de la Nación rompió la inercia negativa y aprobó ternas para cubrir cargos judiciales. En ese sentido, por comparación se lo puede ver como un avance sustancial, y así lo evaluaron algunos consejeros, como el juez Diego Barroetaveña. Para otros, como expuso el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, el hecho de que "sobre 24 concursos hayamos coincidido en dos", no lo es.

Cualquiera sea la postura que se tome al respecto, dos datos resultan innegables. Por un lado, la incidencia de la "grieta" para condicionar los procedimientos, y la necesidad de llegar a acuerdos para que pueda prosperar la cobertura de vacantes. Sobre todo en el fuero federal, donde la dinámica de la votación que impidió aprobar las ternas fue casi idéntica, caso por caso: el oficialismo apoyaba, los demás rechazaban. El otro dato es que, más allá de eso, el nivel de diálogo es suficiente como para que estas cuestiones se planteen, se haya logrado convenir un plazo para dictaminar en algunos concursos fundamentales (para seis cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, como así también para cubrir vacantes en la justicia federal tucumana y en juzgados federales tributarios de la Capital Federal) y se haya logrado unificar criterios en otras cuestiones.

Pasando en limpio, el plenario aprobó dos concursos para cubrir 16 vacantes de la justicia Civil, por unanimidad de los 18 consejeros y el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti (sigue vacante y en litigio una de las bancas correspondiente al Senado). Ahora las ternas pasarán al Poder Ejecutivo para continuar el trámite. La última vez que el organismo había avanzado en concursos fue en julio del año pasado.

Donde no hubo acuerdos en los restantes concursos que estaban previstos en el plenario, 22 sobre un total de 24. Entre ellos estaban los de Comodoro Py y también para vacantes en Formosa, Mar del Plata, General Roca, Posadas, San Martín y fueros de la capital federal del trabajo y penal.

En estos casos se reiteró, uno tras otro, prácticamente la misma dinámica en la votación: los representantes del oficialismo votaron a favor de aprobar todos los concursos y los de la oposición, con algunos aliados (como parte de los jueces), en contra. Hubo otros consejeros -entre ellos Rosatti, el juez Alberto Lugones y los representantes de los académicos Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi- que en algunos casos votaron por aprobar y en otros que no. El resultado fue idéntico: nunca se alcanzaron los 13 votos necesarios.

Entre los concursos más relevantes están cuatro para cubrir vacantes en Comodoro Py, los tribunales por donde pasan las causas de corrupción. El tema central es la Cámara Federal de Comodoro Py para ocupar los lugares que hoy son de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri a ese tribunal. El kirchnerismo impulsa desde el año pasado la aprobación de ese concurso, pero la oposición no da los votos.

Denuncias "vencidas"

En el tramo final de la reunión plenaria, los consejeros decidieron que se postergara el tratamiento de dos denuncias y volviera a comisión una tercera que involucran violencia de género y que están en trámite hace tres años que es el plazo máximo de tratamiento antes de que se archiven.

La ley 26.080 establece que "la decisión de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado" y que "cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, éste pasará al plenario para su inmediata consideración". En el orden del día del plenario había 37 expedientes en esa condición.

Los consejeros llegaron a un acuerdo después de que pidió ser escuchada Rocío Herrera, miembro del gremio judicial, que reclamó que no se cerraran sin investigación una serie de denuncias de acoso y violencia laboral.

Finalmente, el acuerdo fue separar los tres casos de violencia de género y acoso laboral: postergar la definición de dos de esos expedientes y enviar un tercero a comisión; a los demás expedientes contra jueces, aplicarles el plazo de los tres años. Por mayoría, eso se aprobó.

Declaraciones violentadas

El Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles, durante el plenario, crear una comisión para seguir el escándalo por las declaraciones juradas luego de la confirmación de una auditoría que determinó que se manipularon 55 anexos reservados y 277 anexos públicos de sobres con información de jueces y funcionarios, y que faltaban otras 82 declaraciones.

El juez de Casación y consejero Diego Barroetaveña, uno de los magistrados a los que le abrieron la declaración jurada, tomó la palabra sobre el final del plenario: "El 7 de julio del año pasado nos informamos de que se habían abierto 24 sobres que contenían las declaraciones juradas de Magistrados y funcionarios. También algunas otras que habían sido removidas del lugar. Este número se fue incrementando: fueron alteradas un número de 82 faltantes de sobres, anexos manipulados, anexos reservados abiertos y vueltos a cerrar. De los que estamos acá en la mesa se abrieron los sobres de la consejera Agustina Díaz Cordero y de quien les habla. También de otros jueces, algunos colegas de la Cámara de Casación Penal y otros de primera instancia del fuero federal. Este es un hecho muy grave para todos nosotros".

En ese contexto, Barroetaveña afirmó que cerrar la investigación era prematuro y resaltó llevar adelante más medidas de prueba, que "van en línea con las últimas noticias de estos días respecto al expediente penal que el fiscal Ramiro González le ha propuesto al juez Daniel Rafecas".

El juez agregó: "También hemos consensuado y es importante decirlo, a instancias del consejero del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, que se haga una comisión con representación de cada estamento para el seguimiento de cómo se viene trabajando".