Se inicia en la Convención Reformadora el debate sobre cómo será el Poder Judicial

Nadie quiere un Consejo de la Magistratura "como el que existe a nivel nacional". Esa definición por la negativa es uno de los puntos de acuerdo que surgen del primer debate de la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, que sesionó desde las 9 hasta pasadas las 12 en el recinto de la Cámara de Senadores.

La experiencia que marca en buena parte la suerte del servicio de justicia a nivel nacional, surgió justamente de otra reforma. La de la Constitución Nacional, en 1994, celebrada en Santa Fe, que hoy es objeto de todo tipo de análisis sobre las causas por las que ese órgano no es el que se diseñó en el Paraninfo de la UNL.

Y respecto de por qué esa instancia pensada para mejorar la Justicia a nivel federal no ha dado los resultados esperados hay también un punto de coincidencia: la contaminación política de sus decisiones demasiado atadas a las coyunturas partidarias circunstanciales.

Lo dijeron todos los convencionales de cada una de las fuerzas política representadas en la comisión que preside el convencional Lisandro Enrico.

Hubo manifestaciones en ese sentido dentro del oficialismo, que tiene cuatro proyectos a debatir y fueron expuestos de forma genérica; así como con las tres iniciativas que presentó la oposición, desde el Justicialismo, de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad. Está claro: no hay que repetir la frustración nacional.

Pero ahora se trata de compaginar las muy diversas formas de tomar ese y otros asuntos medulares del futuro Poder Judicial de Santa Fe, en el que probablemente será uno de los temas más importantes de la Convención.

Autonomía del MPA y la Defensa Pública

Por ejemplo, todos quieren que los órganos surgidos de la reforma judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal sean autónomos, independientes y autárquicos. Pero unos suponen que las formas de asegurar esas condiciones son unas y otros las opuestas.

El carácter de "órgano extrapoder" del MPA y el SPPDP que para algunos es una mala idea, demasiado original y para otros vital para contar con fiscales y defensores que el poder político no pueda presionar (ni la Corte) divide aguas incluso dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. El socialismo plantea lo primero, radicales y macristas lo segundo.

Otro tanto sucede con la idea de tener jueces con períodos asignados (de 35 ó 40 años para los miembros del máximo tribunal) o si se debe sostener su magistratura inamovible o hasta cierta edad (¿75 años?, ¿con 5 más, si así lo acepta la Legislatura').

También si se incluirá en el texto constitucional una declaración o un procedimiento -o nada de eso- respecto de que los jueces deban "rendir cuentas" a la sociedad, como sucede con los cargos políticos del Ejecutivo y el Legislativo que son sometidos a elecciones.

¿Cuánto se debe confiar en la academia, en las corporaciones de abogados y en la del propio poder para que una suerte de meritocracia promueva mejores jueces, fiscales y defensores? Y del mismo modo, ¿Cuánto confiar en las autoridades políticas electas democráticamente para esas promociones o para apartarlos?

Preguntas de este tipo han conducido, mucho antes de las elecciones de convencional de distrito único y por departamento del 13 de abril, a la redacción de proyectos dentro de cada fuerza de Unidos (donde por momentos parece haber agua y aceite mágicamente integrados por un alquimista que todo lo ordena: el ejercicio del poder) y por el principal partido de la oposición, el Justicialismo, que luego de terminada una elección a la que fue separado logró unir sus proyectos: un ejercicio que no logró el oficialismo.

Con esa variedad de posibilidades ahora será el turno de los redactores de las primeras versiones de un modelo de dictamen de mayoría sobre aquello que tiene cierta unanimidad. Asesores técnicos y de los propios convencionales deberán, en poco tiempo, esmerarse con la redacción para contener ordenadamente los puntos en común: que se fije, por ejemplo, en la Constitución el número de siete miembros de la Corte.

Que se creen instancias de selección de candidatos con más elementos técnicos y académicos en la búsqueda de perfiles y capacidades que gustos políticos-partidarios, lo que significa recortar las actuales facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo Provincial y que se mantenga su aprobación por la Asamblea Legislativa.

En cambio, hay un coro que repite que no puede quedar como hasta ahora solo en manos del Poder Legislativo el proceso de sanción y hasta la remoción de fiscales y defensores pero hay voces altas, bajas y de distintos colores -y hay hasta solistas dentro de los bloques- con una enorme variedad de chances para reemplazar esa potestad que hoy tienen legisladores que llevan un procesos público como pocos y deben aprobar por una mayoría especial y con el quórum de cada cámara, en sesión conjunta, las sanciones disciplinarias a los integrantes del MPA y el SPPDP.

Postergación

La jornada de duelo y las exequias en el hall central de la convencional electa Alejandra Oliveras del lunes 29 en la Legislatura obligaron a postergar las audiencias públicas previstas. Este viernes, en Rosario, sesionará la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales. Escuchará a las 9 a los colegios de magistrados, a las 10 el Colegio de abogados zona sur y a las 11 las universidades.

En tanto, el martes 5 de agosto, por la tarde, se volverá a reunir en la capital provincial para oír a las 17 al Colegios de Abogados de la zona norte; a las 18, universidades de Santa Fe y a las 19 Procurador de la Corte.