"Cuestionamos la legitimidad del convenio por no haber sido enviado a Legislatura"

En una semana tensa, de fuerte debate entre gobierno provincial y oposición política por los términos del convenio de ejecución de sentencia entre la Nación y Santa Fe y con la aparición del entendimiento con Afip por el cual Santa Fe aportaría para ese organismo, El Litoral, habló con la diputada socialista Clara García.

- Usted ha dicho en el recinto de la Cámara que el convenio está al filo de la legalidad y que le falta legitimidad. ¿Qué significa esto?

- Discutimos vehemente en la Cámara. Algunas interpretaciones legales cuando tienen parte de la biblioteca de un lado, y parte en el otro, siempre dejan la sensación de que la legalidad está en juego y un acto de gobierno donde se compromete el futuro, los próximos diez años, en un tema que viene de una historia de quince, no debió generar estas dudas. Por eso, cuestionamos la legitimidad de no haberlo enviado a Legislatura. O previamente no haber tenido un consenso ni político interestado, estamos en una provincia republicana y el Estado provincial es el Ejecutivo, es el Legislativo y es el Judicial; ni tampoco con los municipios y comunas que iban a quedar impactados, no solo en el convenio de pago con bonos sino con lo que supimos después que era el convenio de detracción para sostener a la autárquica Afip.

- ¿Lo de Afip los sorprendió a ustedes?

- Creo que a todos.

- ¿Para ustedes ya está ejecutándose?

- Nunca había estado en debate que volviéramos atrás en un fallo favorable. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, en 2015, por un lado nos dio la razón en la deuda de coparticipación, la deuda histórica, el juicio más grande, pero hubo otro que decía que la Nación no nos podía descontar para solventar a Afip si nosotros como provincia no dábamos el acuerdo. Como no lo dimos, durante todo este tiempo no le pagamos a Afip. Además consideramos que la información que Afip pueda mandar en un país federal y con régimen de coparticipación es natural a dos poderes tributarios que comparten información. Es como si a la provincia se le ocurriera cobrarle a municipios y comunas porque cobran Ingresos Brutos y se lo coparticipan. Jamás se nos hubiera ocurrido una cosa así. Es información fiscal, pública, que debe servir para todos los estados. De hecho, si la provincia tiene información que es relevante de manera recíproca también debe dársela a Afip.

Pero además nos tomó de sorpresa porque en estos últimos años siempre dijimos, como provincia defendamos los derechos de cobrar la deuda de la Corte. Vienen bonos, podemos decir que tienen valor inferior, no queríamos que fuera diez años, no queríamos perder la calidad de beneficiarios de los fallos de la Corte para ser bonistas a expensas de la volatibilidad del mercado, pero todo esto corre en la opinión política. Lo que jamás se dijo es que a la par iban a bajar esta exigencia de pagarle a Afip, por eso nos tomó de sorpresa, a nosotros y a otros sectores políticos.

- En los cuatro últimos años de gestión del Frente Progresista, ¿Afip le dio información a la provincia?

- Por supuesto que la dio, no la retaceó. No sé que está ocurriendo ahora.

- ¿Nunca en esos cuatro años?

- Jamás tuvimos un problema en el cual dijéramos no podemos cobrar tributos porque no tenemos información. ¿De qué tipo de información estamos hablando? De alguna inspección que la Afip haya hecho y haya determinado un recurso, un ingreso que Santa Fe no lo hubiera tenido declarado. Ese es el único dato. Es de tal magnitud el cálculo da 8 mil millones de pesos anuales. Hemos dicho este importe y no ha habido rectificación por lo que lo damos por hecho. Esa cifra es el doble de todo el presupuesto de API. ¿Cuánto tiene que apalancar en recaudación?, ¿qué impuestazo tiene que llegar tal que esos 8 mil millones reditúen este costo?. Para ubicar lo que hablamos, todas los obras de rutas, al 31 de mayo de este año sumaron 8.300 millones de pesos. Comparamos con los bienes de capital (edificios, móviles, equipamiento, herramientas) y 8 mil es la suma de todo lo invertido en seguridad interior, servicio penitenciario, educación, vivienda y el 50% de agua y saneamiento. Esto para dar dimensión de cuánto perdería o qué volumen de recursos tendría que significar para la recuperación o compensarlo.

- E impacta en municipios y comunas

- Que sin comerla ni beberla van a tener descontados sus recursos. Muchos no lo han sabido y es lógico que no lo supieran porque tuvimos el convenio recién el jueves a las 15.

- ¿Cuándo hablaron del convenio con el gobernador el miércoles, éste no era el tenor de la conversación?

- No, no lo fue. Quiero rehacer la escena. El ministro de Economía nos explicó en un power point el convenio de los bonos. Terminada la exposición, tomé la palabra y le pregunté si nos iban a hacer entrega de ambos convenios y dijo que no era su idea porque querían esperar a que estuviera homologado por la justicia pero que atento a la insistencia que teníamos los iba a enviar. Empecé esta explicación sobre el 1,9% y el gobernador nos informó que son dos convenios totalmente distantes, dispares. Dijo que el de Afip lo mandará a aprobación de Legislatura y nos dijo que firmó un compromiso de que en 30 días iban a tener el convenio definitivo. Cuando llega a Legislatura se ve que, primero no eran separados, sino complementarios, el título dice 'acuerdo complementario' y el primero de los fundamentos refiere a que ese mismo día se firmó el convenio de los bonos, incluso, adjuntaba como anexo los bonos, cosa que este viernes rectificó, argumentando que había sido error incorporar ese anexo. La otra sorpresa es que no es ad referéndum de Legislatura y la nota es enviada de manera informativa diciendo que a su hora lo mandarán para el tratamiento.

- ¿No tienen información de que ya hecho descuento de coparticipación?

- No, no accedemos a ese detalle. El riesgo, tal cual está la letra del acuerdo, es que ya lo podrían estar descontando. El gobernador y su equipo, dicen que no, que no lo descontarán hasta que la Legislatura no lo apruebe, pero hay que ser muy cuidadoso en lo que se firma. Una cosa es lo que se conversa y otra cosa es la firma del gobernador Perotti al lado del ministro Guzmán que a ese momento tenía redactada la renuncia, vaya contexto.

- Por las posturas fijadas, parece difícil que Diputados valide un descuento de esa magnitud en la coparticipación

- El gobernador en la reunión nos dijo que no tenía que ver un convenio con otro. Algunos legisladores preguntaron en cuánto tienen valuado el impacto favorable de esa información. Reconocieron que no lo tenían. Nuestros equipos están trabajando y los vamos a tener claro en la semana próxima sabiendo el impacto en las otras provincias. ¿Las otras provincias por haber firmado este convenio han apalancado su recaudación de tal manera?. Afip, por su eficiencia, nos merece una valoración tanto o mayor que nuestra Api. Hay declaraciones del ministro (Marcos) Corach diciendo que con los recursos de la administración provincial no lograban tener esa eficiencia, yo valoro diferente a los equipos técnicos y a los trabajadores de Api.

Seguridad

García hizo un reclamo semanas atrás sobre la no ejecución de 3 mil millones de pesos enviados por el gobierno nacional para ejecutar en equipos para seguridad pública.

- ¿El presupuesto en seguridad se ha ejecutado?

Definitivamente aún no. Los 3 mil millones enviados por el gobierno nacional todavía no se han ejecutado. En la planilla se observa que, al 31de mayo, se ejecutaron 684 millones en seguridad interior y 588 en Servicio Penitenciario. La licitación está ejecutada, adjudicada, pagaron el anticipado y supongo que está corriendo el plazo que dieron a los proveedores. No digo que no han hecho nada, avanzaron. La primera licitación fracasó y debieron hacer una nueva que viene con una lentitud que hace que todavía el sistema no esté en marcha.

La importancia del biodiésel

¿Cómo está el sector biodiésel santafesino después de la aprobación del mayor corte con gas oil?

- Los que tuvieron la elasticidad para rápidamente volver a producir lo están haciendo, pero es una industria que no puede, de un día para el otro, procesar. Obviamente que es positivo el mayor corte, pero también es complejo tener un horizonte tan escaso, de 60 o 90 días para poner en marcha la producción que se tiene que interrumpir. Están conformes, trabajando a pleno, pero con la exigencia de continuar.

- No había transporte porque no había gas oil, qué paradoja

- Que lo hubiéramos podido tener si Santa Fe, en la figura de Marcos Cleri en especial, no hubiera cedido a las presiones de las provincias y empresas petroleras para votar una ley en detrimento del trabajo santafesino y del medio ambiente. Mirando la geopolítica, decimos cuando en el mundo falta gas oil y cuando a la Argentina le faltan divisas, se debe importar, importar es caro, fuera de tiempo y con el riesgo de que no llegue. El año pasado mirábamos el tema ambiental que sigue, el trabajo santafesino que sigue, y estaba latente la geopolítica y la macroeconomía nacional, después esto implosionó. Suma la ineficiencia de lo que parecía ser la ilusión de Vaca Muerta que iba a producir gas y petróleo y no han logrado hacer el gasoducto. Es una interna feroz del gobierno y determina una ineficiencia de gestión. No estamos de acuerdo en que el potencial de la Argentina se reduzca al petróleo, pero si lo tenemos es para aprovecharlo, pero si desde Santa Fe, si priorizar los biocombustibles.

García visitó la planta de Explora en Puerto San Martín que, con una capacidad productiva de 120.000 toneladas/año de biodiesel y el complejo agroexportador de Dreyfus en General Lagos. Además se reunió con autoridades de la Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe (Aaucar) y la Cámara Santafesina de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe. "Estamos viviendo la crisis de combustible más importante que haya tenido el país en los últimos años, fruto de la imprevisión del gobierno nacional y de la incapacidad para entender que los biocombustibles, de los cuales nuestra provincia es la principal productora, podrían ser utilizados de manera sustentable y eficiente; y no apelar solo a los derivados del petróleo", apuntó García.

García fue muy crítica con la ley votada en el Congreso nacional en 2021 bajó de 10% a 5% el corte de biodiésel para el gasoil comercializado dentro del territorio nacional. "La nueva normativa nacional que redujo el porcentaje de corte obligatorio de gasoil con biodiésel perjudicó claramente a las empresas santafesinas, además de representar un retroceso en lo que hace al cuidado del medioambiente. Con el desarrollo de la industrial del biodiésel tendríamos una manera de estimular la producción santafesina y la mano de obra local con un combustible sustentable. En Santa Fe tenemos que ir por ahí. Por eso estamos en diálogo permanente con empresas del sector y con los transportistas, apoyando al trabajo y la producción santafesinas".