La Corte resolvería este martes cómo sigue el concurso de Vicentin

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidiría este martes si se "avoca" en el expediente del concurso del grupo Vicentin, que lleva adelante el juez civil de Reconquista, Fabián Lorenzini, o si se lo devuelve al magistrado para que continúe con el trámite.

A instancias de un grupo minoritario de acreedores que no consintió el acuerdo concursal, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, pidió el expediente para revisar eventuales irregularidades. Se trató de una medida administrativa, sujeta a lo que resuelva el plenario del cuerpo, en la medida en que sus integrantes entiendan si hubo o no irregularidades que ameriten desplazar al juez interviniente.

Vicentin S.A.I.C anunció a fines de junio, antes de que se venciera el plazo original estipulado, que había logrado “las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su Concurso Preventivo de Acreedores”. El anuncio supone un acuerdo con los bancos internacionales acreedores (IFC y FMO) que ya había anticipado la decisión en ese sentido.

“Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado”, dice el comunicado de la empresa.

“Este hecho -explica- se suma a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año”.

Los acreedores pertenecientes al grupo Commodities, al que se sumaron los bancos oficiales, impugnan la manera en que se iba a producir el acuerdo y buscaron bloquearlo, para forzar la búsqueda de otro mecanismo que, a su entender, sí garantice la continuidad de la empresa, la preservación de los puestos de trabajo, los intereses de todos los acreedores e incluso el orden público.

Desde el gobierno nacional, específicamente a través del Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la expectativa es que por esa vía se impida el acuerdo con los acreedores (mediante una propuesta que califican como "fraudulenta") y se pueda avanzar con el proceso de "salvataje" o "cramdown" desde el Estado.

"Si por un camino irrazonable llegamos al cramdown, si este fuera el caso, la situación va a cambiar drásticamente", advirtió recientemente a El Litoral el director independiente en Vicentin, Estanislao Bougain, augurando pérdida de capital de trabajo y deterioro de salarios.

"Confiamos que habrá criterio jurídico; esperamos que la Corte resuelva pronto", devolviendo el expediente al juez de primera instancia. "Es lo que nos va a permitir empezar a pagar; tenemos todo dispuestos y cuanto antes ocurra, mejor", dijo el abogado en diálogo con El Litoral.