Cristina Kirchner: "Es un inmenso disparate jurídico"

El Litoral

Télam

Cristina Kirchner se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para ser indaga en la causa Hotesur. La ex presidente es investigada por haber recibido pagos de Lázaro Báez por el alquiler de habitaciones de sus hoteles. La Justicia sospecha que se trata de retornos por los negocios que le permitieron al empresario convertirse en multimillonario.

La ex presidente le dijo al juez federal Julián Ercolini que las acusaciones en su contra son parte de un "inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte", en unas breves declaraciones que hizo ante el magistrado antes de entregar un escrito en el marco de su indagatoria por la causa Hotesur, según el acta de la declaración a la que accedió Télam.

Este miércoles, la senadora electa por la provincia de Buenos Aires avisó a sus militantes que no la acompañen en los tribunales e insistió en que este nuevo interrogatorio, como sospechosa, es otro capítulo de la persecución judicial que, según denuncia, ordenó el presidente Mauricio Macri .

Pese a ese pedido, en los tribunales se previó un operativo de seguridad, que dejará sellado el cuarto piso, donde se desarrollará la indagatoria.

Cristina Kirchner está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.

La empresa que dio nombre a la causa es dueña del hotel Alto Calafate, que según el expediente judicial fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y, luego, a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.

En la causa también están imputados los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana próxima. Para el juez, los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera, que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública", lo que habría generado una "ganancia ilícita". De acuerdo con la investigación que realizó el fiscal Gerardo Pollicita, de 2009 a 2013 las empresas de Báez pagaron más de $ 27 millones por alquileres en Alto Calafate.