Deuda histórica: Lifschitz citó a los legisladores nacionales

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El gobernador Miguel Lifschitz convocó para primeras horas de la tarde de este lunes a diputados y senadores nacionales por Santa Fe. La invitación fue girada a los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. La intención del mandatario es exponer los alcances de la presentación que realizó la provincia la semana pasada ante la Corte Nacional para reclamar el pago de la deuda de coparticipación federal.

El encuentro será similar al realizado la semana pasada con legisladores provinciales; allí, se acordó tomar el caso como una “política de estado” que trascienda las pertenencias partidarias. La Casa Gris pretende de este modo obtener un respaldo institucional a la decisión política de la actual gestión de retomar el camino judicial para exigir el cumplimiento de un fallo del máximo tribunal que se emitió hace exactamente tres años.

Hoy, todos

En la convocatoria anterior, uno de los datos que no pasó desapercibido fue la ausencia de los legisladores del PRO. En aquella reunión, si bien aparecían en la lista oficial los nombres de los jefes de las bancadas de Cambiemos, ningún legislador participó de la charla. El hecho redundó en reproches de los representantes del oficialismo; lo hizo notar el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti. “Si defienden los intereses de Santa Fe, deberían estar aquí. Parece que no los defienden”, ironizaba aquel día el ex gobernador ante la consulta de El Litoral.

El hecho no quedó allí, ya que a sólo horas de la reunión, el diputado y presidente del PRO Santa Fe, Federico Angelini, revelaba que ni como autoridades partidarias ni como legisladores habían sido invitados.

En esta nueva convocatoria, aquella aparente desprolijidad protocolar quedó despejada. La provincia confirmó que “todos fueron invitados”, y los legisladores de Cambiemos adelantaron que concurrirán a la convocatoria. Según pudo saber El Litoral, ya habían confirmado su presencia los diputados nacionales Albord Cantar, Hugo Marcucci, Gisella Scaglia, Lucila Lehmann y Lucas Incicco. Los referentes del PRO aceptaron la invitación y llevarán una argumentación que pasará por reconocer que la deuda es “legítima”, pero paralelamente, que el gobierno nacional “siempre tuvo intención de pagar”. Sobre esa base, no descartaban ofrecer una gestión “de buenos oficios” para facilitar una reunión por el tema con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio.

Esta mañana, en declaraciones a la prensa y consultado sobre esa posibilidad, Lifschitz valoró la “predisposición” que siempre tuvo el funcionario nacional. Pero advirtió que las trabas estavieron “simpre” en el Ministerio de Economía.

“El ministro Frigerio fue siempre el más predispuesto, el interlocutor y el que nos abrió las puertas. Pero evidentemente, la resolución sobre temas económicos excede a su responsabilidad, y es allí donde nos hemos encontrado siempre con una barrera, en el Ministerio de Economía”, planteó.

Deuda

La deuda de coparticipación federal es, a valores históricos, de 23 mil millones de pesos. Por su incumplimiento, la provincia, durante la gestión de Hermes Binner, recurrió a la justicia. El noviembre de 2015, la Corte falló a favor de Santa Fe. Desde allí, comenzó un período de negociaciones con altibajos, pero que nunca permitió arribar a un acuerdo definitivo. El tema se incluyó en el Consenso Fiscal que fijaba un plazo perentorio para acordar con límite en el 31 de marzo. Cuando parecía que Miguel Lifschitz había prácticamente cerrado un convenio de pago con la gestión de Mauricio Macri, los vaivenes económicos tornaron absolutamente desfavorable la oferta que hacía el gobierno central. A partir de allí, la negociación volvió prácticamente a foja cero, hasta que el Poder Ejecutivo provincial resolvió rejudicializar el tema. “Tuvimos mucha paciencia y tolerancia”, decía entonces el gobernador. “Fui demasiado ingenuo al pensar que el gobierno iba a cumplir la promesa de pago”, sentenciaba. De ese modo, en persona, llevó a los tribunales nacionales un escrito para que “en un plazo perentorio”, los ministros intimaran a la Nación a cancelar la deuda. Según las estimaciones del propio gobierno, aquella acreencia estaría con las actualizaciones respectivas en el orden de los cien mil millones de pesos.