Diputados insiste en regular el servicio de seguridad privada

Mario Cáffaro

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Por unanimidad y con fuertes argumentos por parte de integrantes del oficialismo, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas y jurídicas en la provincia. “Es la ley posible, cumplible para hacer frente a un objeto muy importante como es la seguridad delegado por el Estado a privados” afirmó el socialista Oscar Pieroni al fundamentar el apoyo al proyecto.

Es la tercera vez que la Cámara de Diputados vota un texto sobre la materia y hasta el momento no encontró eco en el Senado. Al recinto hoy llegó un dictamen que sintetiza un mensaje del Poder Ejecutivo y una iniciativa de la oficialista Alicia Gutiérrez (SI) quien presentó por quinta vez la iniciativa. El mensaje del Ejecutivo lleva las firmas del anterior gobernador, Antonio Bonfatti, y de su entonces ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. El texto fue enviado en el último día de esa gestión: 10 de diciembre de 2015 dice el sello de Mesa de Entradas.

El objeto del proyecto es “regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas y jurídicas dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe. Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria” dice el primero de los 57 artículos que contiene el asunto girado al Senado.

Pieroni, Gutiérrez y los radicales Santiago Mascheroni y Julián Galdeano fueron las voces que explicaron el proyecto en el recinto. El primero como presidente de la Comisión de Seguridad que se encargó del primer dictamen; la segunda como autora y los radicales por el agregado de sanciones a la falta de actualización de tecnología y que ocasiona cifras altísimas de salidas falsas a móviles policiales. Galdeano había propuesto en 2012 un proyecto para incluir el tema en el Código de Faltas y no tuvo acompañamiento. Hoy en el recinto, Mascheroni explicó que en el primer semestre del 2016 hubo 39.628 salidas policiales por alarmas falsas. Se expuso el caso de la ciudad de Funes -con muchas viviendas en barrios cerrados- donde se dan 27 activaciones de alarmas por día para tres móviles. Galdeano agregó la situación de Oliveros donde el único móvil debe salir de urgencia una vez por día al barrio Campo Timbó, a 20 kilómetros por la misma situación.

Alguno de los alcances

En su discurso, Pieroni se ocupó de explicar los alcances del proyecto que apunta a regular a las 185 agencias habilitadas de las cuales poco más de la mitad está cumpliendo tareas y utiliza a 8.000 hombres. A la hora de señalar los principios rectores afirmó que “la seguridad privada tiene como fin satisfacer necesidades legítimas de seguridad, complementarias a la seguridad pública y sujetas a las políticas que a los fines de aquella se determinen, y con total sujeción y absoluto respeto a las normas constitucionales nacionales y provinciales”.

El ministerio de Seguridad será el competente para entender en los controles y elaborar un registro de prestadores del servicio. También se establecen las medidas de control laboral que deberá efectuarse sobre el sector y las incompatibilidades previstas al personal. Capítulo aparte es para establecer las obligaciones y cualidades que deberá tener el director técnico, máximo responsable del funcionamiento de la agencia.

La ley votada prevé la autorización para el uso de armas “para el transporte de caudales, traslado y custodia de mercaderías en tránsito, y custodia de bienes en depósitos sin acceso irrestricto de público; vigilancia privada en lugares cerrados sin acceso irrestricto de público; y escolta y custodia de personas, con el alcance y de acuerdo a las condiciones, requisitos, limitaciones y demás modalidades que establezca la reglamentación” pero además prohibe la actuación de la vigilancia privada en lugares públicos con uso de arma. En cuanto a la formación y capacitación del personal, se deja el control de esa tarea en manos del ISEP.

Hoy el sistema tiene decretos de control del Poder Ejecutivo que datan de 1999.

“El Estado no puede desentenderse de ese cuasi ejército desplegado en todo el territorio” señaló Gutiérrez al fundar el voto. “La falta de una regulación efectiva de los poderes públicos sobre los servicios de seguridad privados conlleva una renuncia tácita, inaceptable por parte del Estado a su potestad primaria como detentador del monopolio de la fuerza legítima, garantizador de la paz social y espacio de realización de los derechos fundamentales”, añadió.