El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral a Cristina Kirchner, acusada de ser Jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”, es decir sobornos.
Lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio.
El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral a Cristina Kirchner, acusada de ser Jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”, es decir sobornos.
Se trata de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, un expediente que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores. Junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados a juicio Julio De Vido, Roberto Baratta, el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios.
De esos 172 acusados, en esta instancia Bonadio elevó a juicio a 53, entre ex funcionarios y empresarios. El juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo. Asimismo, sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, y a los empresarios Sergio Szpolski.
La acusación con la que se hizo la elevación a juicio sostiene una aclaración realizada por Bonadio en el primer procesamiento: el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que inició con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora.
En consecuencia, se determinó que la ex mandataria "tenía conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita". En esta parte que será enviada a juicio oral, se sostiene que existió una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal", los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".
Con información de Clarín