Financiamiento universitario y Garrahan: otras dos leyes promulgadas pero sin fondos

El Boletín Oficial de la Nación trajo este martes dos novedades muy esperadas: la promulgación de la ley 27.795, de Financiamiento universitario y recomposición del salario docente, y de la 27.796 de Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en Salud.

Sin embargo, aclara inmediatamente que lo hace “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N.º 24.629”, de ejecución del gasto público.

¿Qué dice esta norma? Que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Es decir que, en definitiva, las leyes volvieron al Congreso para que aclare ese punto, el mismo que esgrimió el Ejecutivo cuando promulgó, sin aplicación efectiva, la ley de Emergencia en discapacidad.

La nueva medida se adoptó en pleno debate por el Presupuesto para 2026 que envió el gobierno de Javier Milei el 15 de septiembre, luego de administrar por dos años el mismo que fue aprobado en 2023, en una gestión anterior y de otro color político.

La prórroga por dos años consecutivos de la misma “hoja de ruta” de gastos y recursos es toda una novedad que se introdujo bajo el liderazgo de La Libertad Avanza. También es uno de los argumentos que se esgrimen desde la oposición para advertir sobre atrasos en asignaciones y pedir actualización de partidas.

Emergencia sanitaria

Mientras tanto, con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, se conoció la promulgación (con aplicación en suspenso) de la ley de Emergencia sanitaria, más conocida como ley Garrahan. A propósito, el sábado hubo una caravana de personal del Hospital hasta Olivos (Milei se encontraba en campaña en Santiago del Estero y Tucumán) en reclamo de la aplicación de la ley que en su sanción y ratificación obtuvo un contundente apoyo de un arco opositor ampliado.

La norma establece que la declaración tiene por objeto “efectivizar la tutela del derecho a la salud y al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo consagrado por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y las Leyes 26.061 y 27.611”.

En particular, “pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”.

Todo esto junto con la “continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.

Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en la atención de alta complejidad, garantizando, en el marco de la emergencia establecida, su pleno y sostenido funcionamiento.

A esta instancia se llega, al igual que la Emergencia en Discapacidad, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras, el veto presidencial y la contundente ratificación de la ley en Diputados (el 17 de septiembre) y en el Senado (el 2 de octubre).

Universidades en paro

Similar es el panorama para la ley Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente que siguió el mismo derrotero: fue aprobada, vetada y ratificada por el Congreso. El Ejecutivo la promulgó pero dejó su aplicación en suspenso hasta que las Cámaras legislativas establezcan de dónde saldrán los fondos.

En este caso, la disposición lleva la firma de Milei, junto con Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El texto aprobado establece que se deberá garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina, y el Ejecutivo deberá garantizar las partidas para el programa de “Desarrollo de la Educación Superior”.

Además, tendrá que asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal.

También se plantea la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas.

Todo esto junto con la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las casas de estudio, programas de bienestar estudiantil y recomposición de becas, entre otros puntos.

La situación que atraviesan las universidades públicas es “crítica” según sostuvieron en varias ocasiones desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ya derivó en varias y multitudinarias marchas frente al Congreso y en todo el país.

Para este martes y el miércoles se definió una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la ley.

Sin dudas el tema estará en la agenda de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el 29 de octubre, a la que fueron convocados el Secretario de Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

La situación de Francos

El denominador común en las firmas de estas dos promulgaciones sin fondos y la de Emergencia por discapacidad es, además del propio Presidente, Guillermo Francos. El Jefe de Gabinete fue convocado a una interpelación por la Cámara de Diputados. En la última reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento se decidió, por mayoría del plenario, esa alternativa.

La propuesta de máxima impulsada por la oposición es una moción de censura, con lo cual el funcionario, catalogado como el más dialoguista, podría ser desplazado de su cargo. Aquella moción fue impulsada por la falta de aplicación efectiva de una emergencia, la de Discapacidad. Ahora se suman estas dos medidas publicadas hoy para caldear todavía más los ánimos en el Congreso.