Funcionario nacional insta a Santa Fe a adherir a la Ley de Riesgos de Trabajo

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Ignacio José Subizar, gerente de Administración de Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), sostuvo que en Santa Fe son mayores que en otras provincias los costos laborales asociados a los servicios que prestan las ART.

El funcionario nacional exhibió cifras y mostró las razones por las que “Santa Fe debería adherir a la Ley Nacional 27.348”, a la que ya han adherido 15 provincias.

“Vemos resultados muy positivos en capital federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Arranca ahora en San Juan. Entre Ríos y Río Negro también están adheridas”.

Dijo que con la nueva legislación “cae la ligitiosidad y caen las alícuotas”, que las empresas empleadoras pagan a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Con cifras, respaldó su posición. Recordó que “Santa Fe hasta ahora no ha adherido” y comparó: “en las provincias vecinas que sí lo hicieron bajaron la alícuota de las ART”.

Dijo que “el promedio nacional es 2,89 y Santa Fe lo tiene en 4,14”. Y advirtió: “por cada punto de más que se paga, en la Provincia de Santa Fe, son 140 millones de pesos que se van en esos costos en lugar de reinvertirse en el sistema productivo. Hoy son 160 millones mensuales que podrían generar para los santafesinos nuevas fuentes de trabajo y mejorar condiciones laborales”, expresó.
Según destacó, el cambio principal que plantea la reforma es que “hasta la sanción de la ley 27.348 cada reclamo por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales podían ir a distintos lugares: el trabajador podía acudir a la Justicia o a Comisiones Médicas. La nueva legislación nacional crea una instancia administrativa y obligatoria previa al juicio”.

En las provincias donde la ley está vigente, todos los casos que antes iban a distintas posibilidades hoy deben ir a las Comisiones Médicas de la SRT.

Instancia obligatoria

La nueva Ley genera una instancia administrativa obligatoria “que hace que cada caso sea analizado por un médico especialista en valoración del daño”.

“Van a evaluar si tu problema es consecuencia de tu actividad laboral y qué impacto te genera. Al trabajador le da la garantía de que tu caso será tratado de la manera que corresponde. El paso obligado por el consultorio despeja dudas. El médico va a entender si el corte que tenés en la mano te lo hiciste vos o fue al operar una máquina en el trabajo o un cuchillo en el frigorífico... Es un claro desincentivo al juicio”, indicó.

Con la norma, “muchos reclamos quedan en el camino, quedan solo los reales. Los de los trabajadores que realmente sufrieron un accidente. Desaparecen los casos en los que se dice ‘nos tiramos un lance’ y van a la justicia”.

Imparcialidad

Con el respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) e invitado a nuestra ciudad por el Centro Comercial de Santa Fe, el gerente de la SRT explicó que “son completamente imparciales” los médicos que evalúan la salud de los trabajadores que entienden que han sufrido un accidente de trabajo o padecen una enfermedad laboral.

Subrayó que “los médicos que evalúan cada caso pertenecen a un organismo de control, la Superintendencia, son funcionarios públicos, no representantes de una u otra parte”. Destacó que son cargos para los que se rinden concursos y recordó que tras la última evaluación “menos de 100 sobre 300 aspirantes” lograron ingresar. Dijo que “los médicos que no concursaron y forman parte de las Comisiones no pueden firmar una discapacidad”.

Afirmó que “una vez que concursan e ingresan” luego tienen una etapa de formación “de varios meses, teórica y práctica en el consultorio”, porque “la evaluación del daño no es una especialidad médica que se estudie en la Universidad”.

Además en la SRT “tenemos un sistema de auditorías internas en las que evaluamos el desempeño de los médicos permanentemente: vemos qué hacen los médicos, qué resuelven y qué es lo que opinan. Es un cuerpo médico formado por funcionarios públicos con un alto nivel de especialización y un esquema de auditorías regular, permanente”.

Industria del juicio

Explicó que la norma procura revertir un proceso en el que, desde 2009, “de una otra manera, por decisiones que se tomaron, se creó una verdadera industria del juicio”.

“Vivíamos una situación muy particular: mientras que los accidentes bajaron, los juicios crecieron. Y esa situación aún subsiste en Santa Fe”.

Hoy “el pasivo contingente de esos juicios es de 3.500 ó 4.000 millones dólares. Son 140 mil juicios dando vueltas.

Esos juicios distorsionaron el sistema tarifario. Las ART sumaron esos costos a los empleadores, y dejó de ser la tarifa propia de la siniestralidad y el riesgo de cada actividad, se le sumó un 40 ó 50% más solo por la enorme ligitiosidad”.

Cambio

El sistema no fue pensado para eso. Hicieron modificaciones normativas que no tuvieron el impacto esperado y generaron este problema que con la ley corregimos.

“Cada parte involucrada trató de sacar de la situación lo mejor (en su beneficio): los estudios de abogados que vieron una oportunidad y comenzaron a explotarla, las ART que son SA que buscan optimizar resultados y el sector productivo, los empresarios, fueron víctimas de esto... Son quienes terminan pagando la alícuota. Cuando aumenta la ligitiosidad y se disparan los costos eso terminan pegando sobre los empleadores. Hay casos en los que, sin dudas, la alta actividad litigiosa no se relaciona con la siniestralidad laboral, es artificial”.

Caso particular

Sostuvo que Santa Fe ha quedado “como rodeada” de Provincias que han adherido. Y razonó: “si bien no va a haber empresas que se vayan porque en la Provincia esta alícuota es más alta, sí lo van a considerar las empresas que buscan dónde instalarse. Los empresarios lo van a considerar. Es parte del costo laboral”, expresó el funcionario.

“Por la falta de adhesión, además de un costo mayor para las empresas, porque se generan más juicios y así los riesgos para las empresas son mayores. Hay una litigiosidad en Santa Fe que crea un riesgo que en otras provincias ha disminuido. Afecta la certidumbre en los cálculos de cada inversión productiva”, destacó.