Estupor en Santa Fe: un preso pidió salir para continuar un tratamiento de fertilización

Funcionarios provinciales cuestionaron el pedido inédito de un preso de alto perfil alojado en la cárcel de Piñero para continuar en una clínica privada, un tratamiento de fertilización asistida que había comenzado antes de ser detenido. En caso de que la práctica (una extracción de semen) no pueda ser realizada en el centro médico del instituto penitenciario, la defensa del interno solicita que pueda salir del penal. Se trata de Jonatan Riquelme, detenido en 2024 en el barrio porteño de Caballito, y sindicado como líder de una banda narcocriminal.

El caso desató una nueva polémica por la extrañeza del pedido y por la reacción de la justicia federal que no impuso obstáculos al planteo, aunque dejó la decisión final en manos de las autoridades provinciales.

"Procreación"

Precisamente, desde el gobierno provincial, la titular del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri, advirtió que preferiría entablar un diálogo con la justicia federal sobre otros aspectos; por ejemplo, sobre cómo brindarle una mayor y mejor seguridad a los santafesinos.

"Realmente desde la provincia consideramos que es muy importante concentrarse en la seguridad de la sociedad y no en las intenciones de procreación de un narcocriminal. Con lo cual - expresó-, preferiríamos no tener que estar dialogando respecto de una autorización para este tipo de tratamientos, sino de nuevas medidas para la seguridad provincial".

La funcionaria alertó, asimismo, sobre el despliegue en materia de móviles y efectivos policiales que deberían afectarse para garantizar un operativo de seguridad, en caso de que el interno deba salir de su lugar de detención.

"No celebramos"

Por su parte, el propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió al tema y dejó en claro que la novedad no fue bienvenida en el gobierno provincial. "Por supuesto que no celebramos para nada esta serie de permisos especiales", dijo el funcionario, consultado por la prensa.

"Hay que tener en cuenta los términos. Valoramos, al menos, no haber recibido una orden de nadie (para autorizar el traslado)", ironizó. "Lo que dice el oficio (de la justicia federal) – sostuvo- es sencillamente que como el interno está a disposición conjunta de la justicia provincial y federal, el juez federal dice 'bueno, mire, por mi parte no hay objeción. Hagan lo que quieran'. En lo que respeta a nosotros como provincia, informaremos luego, según las medidas de seguridad que evalúe el área de Asuntos Penales, qué contestación se eleva".

Aun así, adelantó que la situación descripta no está planteada, siquiera, en la Ley de Ejecución Penal. "En principio, eso no está previsto en nuestra legislación. Lo que sí está previsto – comentó- son las salidas que únicamente autoriza un juez competente en el marco de la libertad o salidas transitorias, o las salidas en casos excepcionales por motivos gravísimos de salud que no puedan ser atendidos dentro del propio servicio penitenciario".

Cococcioni aclaró que fuera de eso, "no hay nada contemplado". Y dejó en manos del Servicio Penitenciario la resolución final del caso.