Cómo impactaría en el bolsillo de los jubilados el aumento dispuesto por ley en el Senado nacional

La ley sancionada este jueves por el Senado de la Nación implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación.

Sobre esta base, considerando que el haber mínimo de julio es de $ 309.294,80, más $ 70.000 del bono, con el incremento pasará a $ 441.564. Esto significaría en total un aumento del 16,4%.

El 7,2% dispuesto como incremento básico viene a compensar el desfase que se produjo en abril de 2024, cuando el Gobierno otorgó por decreto un incremento del 12,5% a cuenta de la inflación de enero, que había sido del 20,6%.

En cualquier caso, no se busca reponer lo perdido en el interín, ya que el aumento dispuesto no es retroactivo. La ley señala que "el incremento señalado será incorporado al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente sobre el haber percibido en el mes de su sanción. Dicho incremento quedará incorporado al haber mensual y servirá de base para futuros aumentos". Al mismo tiempo, añade que "quedan excluidos de incremento todas las prestaciones otorgadas bajo regímenes especiales o diferenciales que tengan una movilidad diferente a la establecida por la ley 24.241".

Tal como publica el sitio Chequeado, si el aumento se concretase, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

Este cálculo fue aprobado por Patricio Canalis, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). Además, el especialista agregó: "El 7,2% es necesario para recomponer lo que sucedió en enero de 2024, donde hubo un ajuste menor a la inflación. Esto garantiza también que a futuro el tema de los juicios a ANSES disminuya. Es un reconocimiento que es un paso hacia adelante".

En tanto, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de mayo último determinó que, en caso de aprobarse, el aumento del bono extraordinario para los jubilados que cobran la mínima le costaría al Gobierno unos $ 1,5 billones extra, lo que representa un costo estimado anual del 0,3% del PBI.

Por efecto de la misma norma, la PUAM ( Pensión Universal al Adulto Mayor), que es de $ 247.435,80 más $ 70.000, pasaría a $ 375.251 (un incremento del 18,2%). Y las PNC ( Pensiones no contributivas) de $ 216.506 más $ 70.000, se elevarían a $ 342,094 (un alza del 19,4%).

Moratoria

Por otro lado, la ley dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de entrar en vigencia la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria.

Inflación y Cajas

Finalmente, la ley ratifica la fórmula de movilidad en base a la inflación tal como fue aprobada por decreto presidencial el año pasado. No contempla ningún ajuste por crecimiento de la economia o mejoras salariales, como lo hacían fórmulas anteriores.

Además, señala que la ANSES deberá remitir a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional (como es el caso de Santa Fe) un anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional. Ese anticipo debe ser equivalente a una doceava parte del monto total del ultimo déficit anual, provisorio o definitivo, correspondiente a cada una.