El juicio a la Corte paraliza el Congreso y dispara alarmas internacionales

La decisión del presidente Alberto Fernández de llevar adelante el procedimiento de juicio político para intentar remover a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, más allá de su escasa viabilidad y de las expectativas oficiales de utilizarlo para exponer y desgastar a los ministros, ya provocó algunos efectos concretos: paralizar la actividad del Congreso de la Nación, agitar ideas de producir modificaciones de fondo por decreto y motivar advertencias sobre el respeto a la institucionalidad desde EEUU, país al que el gobierno argentino aún debe convencer acerca de su vocación de honrar compromisos.

El rumbo de colisión asumido por Alberto Fernández con respecto al Poder Judicial disparó tanto el entusiasmo de los adherentes al kirchnerismo, frente a la oportunidad de un "escrache" público a la cabeza de un poder no alineado, como el repudio de los sectores opositores o críticos (junto con la indiferencia del grueso de la población).

Pero la cuestión tomó otro cariz que excede largamente el espectáculo de la confrontación política y la amenaza de cimbronazos institucionales, para pasar directamente a producir efectos en el mundo real.

Advertencia

El más fuerte campanazo de alerta se produjo en las últimas horas desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde un vocero advirtió que el gobierno de Joe Biden está "al tanto" de la situación en la Argentina y pidió a todos los actores "respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes".

"Seguimos la situación institucional entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos necesario que todos los protagonistas institucionales de la Argentina respeten a la democracia y a la separación de poderes", expresaron desde la Subsecretaría de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, citado por el portal Infobae.

La embestida contra la Corte, en la que el gobierno nacional sumó a varios gobernadores oficialistas y aliados, también fue criticada a nivel internacional por la organización de derechos humanos Human Rights Watchs (HRW). Días atrás, advirtió que la iniciativa de ir contra la Corte Suprema podría "socavar la independencia" de la Justicia. También alertó sobre la intención de ampliar el tribunal supremo a 15 miembros.

"En Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho", describió el texto.

¿Sin sesiones y con DNU?

Mientras tanto, en las últimas horas diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron duramente la sugerencia que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, le hizo al Presidente de utilizar un DNU para evitar el bloqueo opositor en el Congreso y para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema y reformar el Consejo de la Magistratura.

"Hay 27 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso, por el consenso social y ciudadano que esto tiene, hay que ir y trabajar en materia de instrumentación por Decreto de Necesidad y Urgencia", argumentó el ex jefe de Gabinete.

La idea ya había sido expuesta por el ministro de Justicia Martín Soria y recoge adhesión en algunos mandatarios, pero no todavía en la Casa Rosada, que por el momento centra sus esfuerzos en el Congreso.

"Lamentablemente el gobernador Capitanich vuelve a ratificar que le da exactamente lo mismo gobernar a través de las instituciones o al margen de ellas", afirmó en tanto el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien agregó que "el gobernador chaqueño ha perdido todo tipo de pudor".

Por su parte, el radical formoseño Ricardo Buryaile señaló que se trata de "ideas trasnochadas de gente desesperada por darle impunidad a la vicepresidenta de la Nación. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, para lo que nos votó la gente, que es proteger la institucionalidad por sobre todas las cosas. Lo que estamos haciendo es defendiendo la Democracia contra la autocracia y el autoritarismo al que nos quiere someter el Gobierno".

"Las instituciones funcionan por sus leyes, sus reglamentos y por los acuerdos parlamentarios. Si el Gobierno quiere llevarse puesta a la Justicia y al Parlamento el camino es el que está señalando el gobernador Capitanich. Su postura es coherente con esa visión de que Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz Canel son demócratas", finalizó Buryaile.

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto se sumó a las críticas y advirtió que "vamos a poner límites en las calles, el Parlamento y la Justicia, denunciándolos. La crisis institucional provoca el aumento del dólar y la inflación. Irresponsables".

Finalmente, la diputada Marcela Campagnoli hizo notar que "el oficialismo maneja la agenda parlamentaria y es el único responsable de la paralización del Congreso. Desde la oposición seguiremos frenando el atropello a las instituciones democráticas y la agenda de la impunidad, con la herramienta del quórum".

Exhortación de Moreau

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, reclamó que se puedan llevar adelante las sesiones extraordinarias en el Congreso, por cuando "es necesario que todos los diputados y diputadas sesionemos para tratar temas que están en la agenda de la gente como es el caso del Plan de Pago de Deuda Previsional" porque es un problema que "afecta a más de 800 mil personas que no están cobrando la jubilación que les corresponde".

Asimismo, la titular de la Cámara baja enfatizó que "otro de los temas importantes que tenemos que tratar es la creación de Universidades. Hay miles de jóvenes que quieren estudiar una carrera cerca de su casa y tenemos que darles esa posibilidad para que los hijos de los trabajadores puedan tener herramientas para formar un futuro mejor".

Con respecto al proyecto que impulsa la declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, Moreau coincidió con el ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que "forma parte de un acto de estricta justicia tributaria", y agregó que "si queremos ordenar en serio el sistema fiscal de nuestro país, tenemos que reducir la carga impositiva para todos aquellos que cumplen con sus obligaciones y para ello es necesario que quienes evaden sus obligaciones se pongan en regla".