La Justicia federal decidirá sobre la libertad de De Vido y Boudou

Tras el final de la feria de judicial de verano, la Justicia federal deberá tomar dos decisiones centrales de las que dependen las libertades del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Planificación, Julio De Vido, según confirmaron fuentes judiciales con intervención directa en los casos y las defensas de ambos exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Las resoluciones estarán a cargo de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país.

Para Boudou, el desenlace de su caso podría implicar que pierda el beneficio del arresto domiciliario para regresar a una cárcel federal por el caso Ciccone, mientras que De Vido apelará la confirmación de su sentencia en el juicio por la Tragedia de Once y la Casación analizará si ordena su detención o le permite recurrir ante la Corte Suprema en libertad. Ambos exfuncionarios niegan los cargos en su contra. Sus casos están entre los que dispararon cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción.

De Vido está en libertad desde hace casi un año -fue excarcelado en marzo de 2020- y su caso volverá a plantear el debate sobre el cumplimiento efectivo de las penas. La discusión entre las defensas y los tribunales es si la confirmación de la condena por parte de Casación deja firme la pena de la sentencia (como plantean algunos jueces del máximo tribunal federal penal) o si, en cambio, la Justicia debe aguardar el fallo final de la Corte para ordenar la detención del condenado en un juicio.

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena de 5 años y 8 meses de prisión a De Vido por la Tragedia de Once, según el fallo consultado. El exfuncionario había sido sentenciado en octubre de 2018 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“En febrero, vamos a presentar el recurso extraordinario ante la Casación contra la confirmación de la condena y la determinación de la pena”, confirmó una fuente de la defensa de De Vido. “Él va a seguir conservando su estado de inocencia, como cualquier ciudadano, hasta que la Corte defina sobre su caso”, agregó el defensor. Sobre la posibilidad de que Casación ordene su detención, la defensa de De Vido afirmó: “Una vez que presentemos el recurso y Casación decida si lo admite, se abrirá un margen para la discusión de si debe primar el estado de inocencia o una detención anticipada, de forma preventiva, mientras dure el trámite de la queja ante la Corte”.

Las situaciones procesales de ambos exfuncionarios se cruzan en Casación. Boudou es uno de los antecedentes más próximos sobre lo que puede suceder con la libertad de De Vido. El exvice regresó por tercera vez a la cárcel luego de que esa Cámara confirmó la sentencia de Ciccone, como consta en los registros del caso. Desde entonces sigue detenido, primero en Ezeiza y desde abril último en su domicilio.

“En el caso de Boudou, este tribunal ya dijo que la jurisprudencia de la Corte plantea que una vez confirmada la sentencia en Casación, la pena queda efectiva y debe ejecutarse”, adelantó una fuente del tribunal que interviene en el caso de De Vido. “El tribunal analizará la presentación de la defensa de De Vido”, agregó la fuente. Si Casación rechaza el recurso extraordinario, los abogados podrán ir en queja a la Corte. Mientras tanto, el tribunal podría pedir su detención o dejarla en suspenso, explicó la misma fuente. “En caso de un arresto, se analizarán en qué condiciones”, añadió. El exministro es mayor de 70 años y podría acceder a la prisión domiciliaria.

Otro escenario para Boudou

A finales de diciembre, el juez federal Daniel Obligado ordenó que Boudou regrese a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Fue luego de que la Corte dejó firme la condena por el caso Ciccone a cinco años y diez meses. Boudou ya no tiene instancias de apelación sobre la sentencia, pero sí sobre las condiciones de detención. Su regreso a la cárcel quedó en suspenso ante la posibilidad de recurrir a Casación para solicitar cumplir en su domicilio el resto de la pena efectiva.

A mediados de enero, los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, apelaron la medida ordenada por el juez Obligado, como adelantó elDiarioAR. El 20 de enero, el juez Obligado volvió a resolver sobre el caso y decidió no tratar el pedido de la defensa por el momento, ya que los abogados de Boudou no solicitaron habilitar la feria judicial. Obligado dispuso que el caso se tramite a partir de febrero, cuando los tribunales retomen la nueva normalidad, según el escrito consultado.

En el caso Ciccone, Obligado ya no intervendrá como juez de ejecución de pena en 2021, ya que termina su turno. El caso de Boudou estará a cargo de su colega Ricardo Basílico, también integrante de los tribunales orales federales, confirmó una fuente de la defensa.

En el caso de Boudou, este tribunal ya dijo que la jurisprudencia de la Corte plantea que una vez confirmada la sentencia en Casación, la pena queda efectiva y debe ejecutarse.

Basílico deberá decidir si Boudou puede acudir a Casación y apelar su regreso a la cárcel. Los defensores plantearon que el exvicepresidente se encuentra con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico desde el 6 de abril de 2020 y que debería completar la pena efectiva bajo las mismas condiciones. El argumento central de la defensa de Boudou es que su arresto domiciliario tiene como principal objetivo garantizar “los derechos de sus hijos”, mellizos de tres años.

Los juicios

De Vido fue condenado en un segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que les costó la vida a 51 personas, una persona por nacer y dejó 789 heridos. En diciembre, Casación confirmó su condena en el juicio oral y público. Los jueces entendieron que la tragedia ferroviaria “aconteció en un contexto de un manifiesto y grosero abuso defraudatorio en perjuicio del Estado Nacional”, según un comunicado judicial. “De Vido decidió sostener aquél mecanismo dispuesto sustancialmente para beneficiar económicamente a las empresas vinculadas al grupo de empresarios concesionarios del Ferrocarril Sarmiento”, sostuvieron los magistrados.

En agosto de 2018, otro tribunal condenó a Boudou por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haber obtenido el 70% de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone junto a un grupo de cómplices.

El entorno de Boudou organizó una campaña de firmas que superó a principios de enero las 13.000 adhesiones para solicitar su libertad, según explicó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la solicitada. Peñafort también confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso. Tiene alrededor de seis meses para hacer el planteo desde la confirmación de la Corte.