El kirchnerismo no logra imponer los decretos que firmó Cristina

El gobierno nacional anunció ayer el levantamiento del embargo dispuesto por la Justicia norteamericana, pero la medida no se efectivizó. El fallido anuncio del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, sólo sumó confusión a una escena que sigue complicada.

La presidenta Cristina Fernández enfrenta un dilema que su gabinete no puede resolver. Si por alguna vía logra efectivamente conformar el Fondo del Bicentenario, la amenaza de los embargos de la Justicia norteamericana resultaría catastrófica para los intereses del país.

De toda maneras siguen vigentes las medidas cautelares dispuestas por la jueza María José Sarmiento: el Fondo no está vigente y Redrado sigue al frente del BCRA, aunque con funciones acotadas por la mayoría kirchnerista en el directorio de la entidad.

La Casa Rosada fracasó en su intento para que la Cámara resuelva los expedientes; el tribunal devolvió los casos y ahora deberán esperar una sentencia de Sarmiento o de Ernesto Marinelli, el juez que la suplantará en la feria judicial desde la semana próxima. Los Decretos de Necesidad y Urgencia de Cristina siguen suspendidos.

Con la vía judicial sesgada, la alternativa es que los DNU sean revisados por el pleno de las Cámaras en el Congreso Nacional, a que la comisión bicameral que revisó los dos asuntos sigue empatada. El gobierno asegura que sólo la presidenta puede convocar a sesiones extraordinarias fuera del período ordinario de sesiones que comienza en marzo; por ahora Cristina no lo hace, aunque Agustín Rossi admitió hoy que “la presidenta no me dijo que convocará al Congreso, pero tampoco me dijo que no vaya a hacerlo”.

La vía parlamentaria

El vicepresidente Julio Cobos descartó que durante el próximo viaje a China de la mandataria nacional, cuando ejerza la titularidad del Ejecutivo, vaya a convocar a sesiones. Tampoco lo hará Ricardo Alfonsín desde la vicepresidencia de Diputados; ninguno quiere ser acusado de “golpista” por convocar a sus Cámaras.

Pero tanto Federico Pinedo (PRO) como Patricia Bullrich (Coalición Cívica) interpretan que desde el momento en que Cristina firmó los DNU, activaron la exigencia legal de que el Congreso revise “de inmediato” las decisiones presidenciales. La autoconvocatoria sigue siendo para ambos una alternativa válida, aunque no cuenta hasta aquí con el consentimiento de todo el arco opositor.

Si la Justicia local no habilita los dos decretos de Cristina (para conformar las reservas y destituir a Redrado) la Casa Rosada no tendrá más camino que el del Congreso, que sólo recupera en marzo su posibilidad de sesiones ordinarias.

Allí es probable que Diputados no avale las determinaciones de la mandataria, y en el senado las cosas están tan parejas que el oficialismo teme un nuevo desempate de Cobos. De todas maneras, con sólo el aval de una Cámara, la mandataria convalidaría sus decisiones.

En cualquier caso, la Casa Rosada debe privarse de mayores apuros. Todavía debe diseñar un blindaje para el caso de disponer de las reservas, ya que de otra manera el riesgo de los embargos internacionales sigue latente.

Fuente: DyN