La condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2 contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad desató un cerrado rechazo desde el oficialismo que, en sus distintas vertientes políticas e institucionales, y a través de sus principales referentes, lo encuadró en el marco del "lawfare" y de una persecusión judicial que tiene como finalidad no solo proscribir a la dirigente, sino al propio justicialismo. Pero a la vez, aún inserto en ese discurso, el anuncio de la propia vicepresidenta de que no será candidata "a nada" en 2023, activó un nuevo debate sobre cuál debería ser la estrategia electoral del partido.




































