La Legislatura santafesina inicia un período de posreforma

Usualmente, la agenda de las cámaras de la Legislatura está atada solo a sus contextos políticos, a sus propias iniciativas, a los reclamos sectoriales económicos, de grupos con intereses colectivos y, por supuesto, a las necesidades y búsquedas de transformación de los gobiernos.

Ahora, tras la Convención y la reforma de la Constitución habrá además una imposición de urgencias (en términos legislativos) para el tratamiento de normas necesarias para que lo votado por los convencionales no sea letra muerta por limitaciones de los legisladores.

La séptima disposición transitoria pone dos años para los procesos legislativos a resolver, es decir, algo menos de lo que de mandato les resta a los actuales legisladores que son quienes pusieron en marcha la reforma al sancionar la Ley 14.384.

El país ha vivido frustraciones profundas. Sobre todo el sistema federal en el reparto de los recursos, porque nunca se avanzó con normas que la Constitución reformada en 1994 ordenó tratar y votar. En varios casos, el consenso de los reformadores chocó con los intereses en pugna para que haya, por ejemplo, una nueva ley de coparticipación.

En Santa Fe son unas veinte leyes a presentar, debatir y sancionar. Y el dato que se anotó en la primera sesión de la Cámara de Diputados bajo la vigencia de la nueva Carta Magna es que no solo los sectores políticos más comprometidos con la reforma (los que la impulsaron y llevaron adelante con sus mayorías) han presentado proyectos.

Silvia Malfesi, diputada de Somos Vida, ingresó un proyecto de reglamentación del nuevo artículo 139 que lleva a la Constitución la mera autolimitación que hasta acá se impusieron los últimos cinco gobernadores, a los fines de que haya un proceso de selección previo de tipo concursal y transparente con participación de los colegios profesionales y las universidades para evaluar los candidatos a jueces, fiscales y defensores.

Ese artículo además habla del carácter "vinculante" de esos concursos para con los nombres que luego el Poder Ejecutivo, pliegos mediante, proponga a la Legislatura. La diputada opositora volvió a la carga con su propuesta de que esa elección sea sobre una terna con las mejores calificaciones.

Se trata de una posición en doble minoría: el bloque celeste de Amalia Granata tenía 6 integrantes pero dos se apartaron y votaron a favor de la ley que declaró la necesidad de la reforma.

Ahora la bancada es de cuatro integrantes, y en la sesión del jueves 25 de septiembre solo estuvo Malfesi, donde aceptó jurar la nueva Constitución bajo la salvedad de que debe esta atenerse a la Nacional. Los demás, ausentes con aviso. (Emiliano Peralta está entre los firmantes del texto publicado por primera vez en el Boletín Oficial del 11 de septiembre).

Primer debate

La fantasía de que el texto constitucional ya estaba acordado íntegramente antes de que sesionara la Convención cayó ni bien comenzaron los debates y las diferencias, incluso dentro de Unidos y con otros sectores que apoyaron la reforma, como el del perottismo.

En la primera sesión de Diputados, nuevamente se confirmó que no hubo en Santa Fe núcleo de coincidencias básicas intocable ni mucho menos Pacto de Olivos (como en 1994).

Acababan de jurar la nueva Constitución quienes no fueron convencionales o quienes lo fueron pero no juraron en el acto central, cuando se suscitó un debate de fondo, planteado por el diputado Walter Agosto, que el oficialismo prefirió considerar casi como una chicana. Habrá que ver qué criterio se impone, pero las diferencias que mostraron oficialistas y justicialistas de "Hacemos Santa Fe" van a repetirse.

Son los dos grandes sectores que impulsaron la reforma (los liderados por el gobernador Maximiliano Pullaro y por el ex gobernador Omar Perotti) y hoy no coinciden sobre cómo leer el nuevo texto en cuanto a cuál es el límite para tomar deudas (amén de la autorización del Poder Legislativo y su competencia).

La del '62 sencillamente marcaba que "El servicio de la totalidad de las deudas provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial".

En cambio, hoy está vigente un texto que indica que para empréstitos y operaciones de crédito la Legislatura "no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial".

Para el Perottismo, no es obvio que se hable de los servicios de deudas (de las cuotas a pagar por esas deudas) que no pueden superar el 25% de lo que ingresa, sino que afirma que allí dice que "el nivel de deuda" no puede superar esa cuarta parte. La diferencia es sustancial.

La mayoría se impuso sin dificultades a la hora de autorizar a la Casa Gris a tomar un préstamo de 25 millones de dólares para defensas en San Javier. Y el Perottismo, por lo dicho, se abstuvo aunque apoya esa obra que se inició en su gestión con fondos nacionales.

Como sucedió con tantas obras nacionales, el presidente Javier Milei eliminó los pagos y privó a los sanjavierinos (Ley Bases mediante) de la inversión. Otras líneas del peronismo no se sumaron a esa interpretación y votaron a favor de tomar el préstamo.

En el Senado, mientras tanto, ingresó otro pedido de endeudamiento, por hasta 50 millones de euros, para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos. Todo indica que puede replicarse ese debate.

Amplio consenso

También el jueves 25, y con muy amplio consenso, la Asamblea Legislativa convalidó nada menos que 88 pliegos de los ahora jueces, fiscales y defensores que había propuesto el Poder Ejecutivo Provincial, aún con los mecanismos propios del texto constitucional anterior. Probablemente sea el último gran envío sin la intervención de las nuevas disposiciones constitucionales.

Más allá de la cifra impactante, en términos políticos cabe destacar que el acuerdo se prestó con el voto a favor de Unidos y del peronismo, es decir, los mismos actores que votaron la ley de necesidad de la Reforma Parcial, que luego llevaron adelante la Convención y que finalmente sancionaron la nueva Constitución. Ahora es el turno de avanzar con las leyes que la sustenten.