Diputados ratificó la necesidad de validar el entendimiento con la Nación

"Bajemos los decibeles, defendamos las políticas de largo plazo; todos los gobernadores que intervinieron en el tema actuaron de buena fe buscando lo mejor para la provincia", señaló el justicialista Ricardo Olivera cuando la Cámara de Diputados llevaba más de dos horas de debate sobre los alcances del acuerdo de ejecución de sentencia firmado por el gobernador Omar Perotti con el renunciante ministro de Economía, Martín Guzmán. El debate se originó tras la aprobación, sobre tablas, de una declaración impulsada por el radical Fabián Bastía "solicitando que el acuerdo" vaya a la Cámara "a los fines de su consideración y tratamiento parlamentario".

El tratamiento de la declaración al día después de la reunión de los jefes de bloque con Perotti en Casa de Gobierno, y a pocas horas de hacerse de una copia de los convenios rubricados, sirvió para posicionar a cada sector político ante un instrumento que el Poder Ejecutivo ha dicho que no corresponde la validación legislativa e insinuó el debate que deberá dar el acuerdo para validar el acuerdo con AFIP para el sostenimiento de ese organismo.

Radicales, socialistas y aliados, Juntos por el Cambio, Más Vida y Familia fundamentaron largamente la necesidad de discutir la validez del entendimiento mientras que los bloques justicialistas más el Frente Social y Popular y el radical Fabián Palo Oliver fueron por el no, pero también con fuertes argumentos. En cambio, Igualdad optó por abstenerse en el voto no sin dejar de poner marcas en todo lo vivido desde 1992 a la fecha con este tema originado en el Pacto Fiscal de aquel año.

"El acuerdo es una vergüenza" afirmó Maximiliano Pullaro (UCR - Evolución): "es un acuerdo libre de las partes, no una ejecución de sentencia" advirtió Nicolás Mayoraz (Somos Vida) o "acuerdo al filo de la legalidad" a decir de Clara García (PS) dispararon los objetores de la política de Perotti. "Dejemos de lado la demagogia que confunde a la población" advirtió Palo Oliver; "tienen vocación de trabar un acto institucional" destacó Leandro Busatto (PJ); "más responsabilidad en el debate y menos chicana" aconsejó Lucila De Ponti (PJ) ; "no cabe duda que es la ejecución de una sentencia de la Corte"" de Matilde Bruera, se dijo desde el otro lado.

En el medio se historió sobre el origen de la deuda, se cuestionó el falso federalismo donde el poder mayor es de la nación; se discutió sobre el consenso fiscal de Mauricio Macri demonizado por el justicialismo y otros sectores y validado por Juntos por el Cambio. Además quedó abierto el debate que vendrá sobre el convenio con AFIP aunque la socialista García advirtió que de acuerdo a lo firmado por Perotti ya podría ser ejecutado por el organismo nacional, postura sobre la que luego se explayó el presidente del cuerpo, Pablo Farías.

Fue el socialista Nicolás Aimar el primer expositor y se detuvo en el proyecto ingresado para que los municipios y las comunas puedan solicitar de inmediato el dinero que les corresponde. "Estamos disconformes con el acuerdo, preocupados por lo firmado por Perotti" señaló. García más Joaquín Blanco fueron luego con otros argumentos. Pullaro y Bastía llevaron la voz cantante de los radicales. El primero insistió en afirmó que el gobernador claudicó y "entregó a los santafesinos" mientras que Bastía cuestionó diferentes puntos del texto remitido a Legislatura y que entendió son perjudiciales para la provincia.

Oscar Martínez (Frente Renovador) pidió responsabilidad y destacó que todo Santa Fe se presentó ante la Corte que falló a favor. "Podemos estar debilitando la posición de la provincia con este debate" le espetó. Busatto valoró lo realizado por el gobierno y adelantó la necesidad de acordar con AFIP para tener "información valiosa para descubrir quiénes fugan, evaden". Enseguida, Carlos Del Frade pidió discutir cómo se defiende a la provincia. En cambio, Mayoraz dijo estar convencido de que la Legislatura es competente para discutir el acuerdo "libre de las partes, esto no es una ejecución de sentencia. A este acuerdo le falta una cláusula esencial y es "qué ocurre en caso de incumplimiento del pago". Pero además destacó que los santafesinos "pasamos de ser acreedores a ser bonistas" y se preguntó que pasará si hay un reperfilamiento de estos bonos.

García subrayó que "el acuerdo está al filo de la legalidad pero le está faltando legitimidad política".

Rubén Giustiniani (Igualdad) defendió el derecho de acceso a la información que tiene la población en este y todos los temas de interés general; planteó una serie de objeciones y no dejó de mencionar que a la actual gestión le tocará ejecutar 35.691 millones; a la próxima gestión en cuatro años 50.000 millones y a la siguiente 65.306 millones.

Bastía, en tanto, llamó a respetar la Constitución que obliga a discutir los convenios pero aclaró que más allá de que haya dos convenios "es un solo acuerdo" y dio detalles de su justificación.