La ley sobre conectividad se trataría este jueves en Diputados

Con eje en la autorización de endeudamiento externo, mínimo, de cien millones de dólares la Cámara de Diputados tiene como tema central en la semana el mensaje del Poder Ejecutivo del llamado plan de Conectividad. El asunto figura entre las preferencias acordadas en la última sesión y necesitará del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para llegar al recinto.

Entre este miércoles y jueves están agendadas una serie de reuniones entre legisladores y funcionarios de la Casa Gris buscando un acuerdo para llegar a la sanción de la ley largamente reclamada por el Poder Ejecutivo.

La posibilidad de avanzar en la sanción tuvo un atisbo concretado dos semanas atrás cuando hubo dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El de mayoría logró las firmas del presidente de la Comisión, el radical Fabián Palo Oliver, los justicialistas Ricardo Olivera y Oscar Martínez; los socialistas Lorena Ulieldin y Nicolás Aimar y la macrista María Ximena Sola. En cambio, el dictamen de minoría lleva las firmas del radical Fabián Bastía y de Amalia Granata (Somos Vida).

Ninguno de los dos dictámenes convence al Poder Ejecutivo más allá de las diferencias mínimas entre uno y otro. La Casa Gris negocia para que Diputados adhiere al dictamen que votara el Senado en octubre del año pasado. "No queremos que el tema vuelva al Senado y estamos dispuestos a firmar algún compromiso con los legisladores para que haya ley" señaló uno de los negociadores de la Casa Gris.

El Poder Ejecutivo se montó en la fractura del Frente Progresista en Diputados para intentar avanzar con la ley que viene siendo demorada por diferencias en Legislatura. El dictamen de Presupuesto puede ser la primera muestra del entendimiento en algunos temas entre la administración de Omar Perotti y el Frente Progresista que tiene como principal componente al Partido Socialista. Los radicales de Evolución marcaron en forma inmediata las diferencias, incluso en la reunión de la Comisión de Presupuesto. Fue allí donde Bastia se quejó de la inclusión del tema conectividad que no estaba en la agenda de la semana pasada. "Perdiste, no te quejés" le dijo Martínez y el radical le cuestionó que le hayan cambiando las reglas de juego, no el resultado. La anécdota sirve para marcar el nuevo clima que se vive en la Cámara de Diputados tras la fractura del Frente Progresista que se quedó sin la mayoría de 28 miembros que le dio la última elección.

Con ese panorama, por el despacho del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, hubo reuniones con varios bloques de la Cámara buscando un entendimiento sobre conectividad. En ese juego, el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, también se encargó de tender puentes entre la Casa Gris y la Legislatura.

Si bien a mitad de año hubo acercamientos entre las partes y la sanción pareció estar cerca, factores externos provocaron ruidos y la todavía mayoría del Frente Progresista optó por pisar el expediente. Ahora, la división frentista hace albergar expectativas en el Ejecutivo.

El dictamen de mayoría de Presupuesto que tiene la firma de Olivera y de Martínez no gustó al Ejecutivo. Los oficialistas le hicieron saber que era el dictamen posible. De allí se aceleraron las conversaciones especialmente con el socialismo para buscar la sanción de la norma este jueves. Una de las posibilidades ofrecidas es acompañar la sanción con una declaración o resolución del cuerpo estableciendo una serie de compromisos sobre la participación del Poder Legislativo en la ejecución de la norma y garantías para empresas de cables radicadas en el interior de la provincia. Esto se terminará de definir sobre la sesión.

El pedido a votar es por el crédito por 100 millones de dólares pero con la posibilidad de aumentar un 20% con comunicación a Legislatura e, incluso en su redacción se establece posibles cambios en las condiciones financieras validadas por decreto.

En Casa de Gobierno se insiste en remarcar que el proyecto prevé la traza troncal de fibra óptica que alcance a los 365 municipios y comunas de la provincia. Se llegará con un sistema de radio enlace, beneficiando en forma directa al 100% de los hogares de 134 barrios populares de las ciudades de Santa Fe y de Rosario. La provincia lleva adelante ya un proceso licitatorio para la construcción de fibra óptica y obras de conectividad para el acceso gratuito a internet en 8 barrios de la ciudad de Santa Fe y 12 de Rosario.

En el Ejecutivo se menciona en que el programa permitirá fortalecer el sistema educativo ya que el crédito incluye la expansión de la infraestructura educativa con la construcción de jardines, escuelas primarias, secundarias y FabLabs (espacios educativos innovadores, los primeros en la provincia), además de la modernización de la plataforma educativa del ministerio de Educación.

El monto total para su implementación alcanza los U$ S 124.670.000 de los cuáles el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF - (U$ S 100 millones), constituye un 80%, mientras que el monto restante (U$ S 24.670.000) se prevé financiar con recursos propios del Estado provincial.

El endeudamiento supone como condiciones financieras la Tasa de Interés LIBOR + Margen (1.97%) y un plazo de amortización de 15 años con cinco años de gracia para el capital. En tanto que el plazo de ejecución estimado del programa es de cuatro años.

Punitorios de la EPE

El diputado Gabriel Real (PDP) solicitó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se abstenga de gestionar cobros en concepto de intereses punitorios por el período 2020/21 en todas las categorías de usuarios del servicio de energía eléctrica en el territorio de la provincia de Santa Fe. También reclamó que proceda administrativamente con el trámite de calcular e imputar como pago a cuenta o crédito fiscal en favor de aquellos contribuyentes a los cuales se les haya facturado ese costo financiero y, habiendo realizado el pago correspondiente, se proceda con la conciliación económica pertinente; poniendo en igualdad de condiciones a todos los contribuyentes.

"Estamos transitando un período caracterizado por un contexto económico, social y sanitario en crisis, y estamos convencidos de que no es momento de incorporar en el cuadro tarifario o en el sistema de facturación conceptos vinculados con el cobro de interese punitorios", señaló Real.

Resaltó que el conjunto de las actividades comerciales, de servicios, los oficios, los profesionales y las propias industrias recién en las últimas semanas han comenzado a tener un proceso de reapertura de sus actividades y de manera segmentada y todavía con ciertas restricciones en materia de ampliación de cupos, horarios y otros factores que tratan de volver a un contexto parecido al de pre pandemia.

Para el legislador "las empresas prestadoras de servicios esenciales, y sobre todo siendo empresas estatales, deben ser objetivas y no pueden salir a cobrar por sus servicios impagos o pagos fuera de término, en la mayoría de los casos involuntariamente, un costo financiero absurdo. Se deben adoptar criterios solidarios y coherentes de funcionamiento, no se puede cobrar 'por si las dudas' o no se puede recurrir a un instrumento como el cobro financiero de intereses punitorios en este contexto de desorden global extraordinario".