El turno del Congreso: semana crucial para el gobierno y su "ley ómnibus"

Pasó de todo en la política argentina durante la última semana. Pasó tanto que cuesta recordar que aún no terminó enero. Mucho de lo que ocurrió gira en torno a la Ley Bases y Principios para la libertad de los argentinos, un mega proyecto que, por sus dimensiones (cantidad de artículos y de materias que abarca), mereció la denominación de "ley ómnibus".

Pasó, además, un nuevo plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que alumbró, en la madrugada del miércoles, un dictamen de mayoría y cuatro de minoría sobre un proyecto al que ya se le habían restado 141 artículos.

Pasó, ese mismo día, un paro general de 12 horas organizado por la CGT con movilización a la plaza del Congreso y réplicas en todas las provincias. Pasaron advertencias (que algunas voces leyeron como aprietes) a gobernadores que reclamaron, entre otros puntos, no incluir retenciones de ningún tipo en la mega ley; y pasaron réplicas de los propios aludidos quienes, aún ubicados en la vereda de los "dialoguistas", condicionaron con la mirada puesta en la defensa de la producción el apoyo a la ley de legisladores de sus territorios.

Pasó el despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, por filtrar encendidas declaraciones del Presidente Javier Milei en la última reunión de gabinete donde dijo, según versiones no desmentidas, que a las provincias las iba a dejar "sin un peso" si no se apoyaba la ley. Y pasó, finalmente, el anuncio hecho el viernes a la noche por el ministro de Economía Luis Caputo sobre el retiro del capítulo fiscal de un proyecto que, así como estaba y aún con las modificaciones cedidas por el Ejecutivo, no iba a conseguir el aval de la Cámara baja.

Lo que viene

El panorama que se abre para la semana que se inicia no parece menos frenético. Una vez más, toda la atención está puesta en el Congreso de la Nación ante la posibilidad de que Diputados sesione desde el martes para tratar (¿y aprobar con media sanción?) la ley que ya no será tan ómnibus, si se tienen en cuenta los capítulos dados de baja y aquellos que quedarían para el período de sesiones ordinarias, que se inicia el 1 ° de marzo.

Puede cambiar la denominación pero no la expectativa que genera con un oficialismo que quiere un pronto resultado: "El objetivo es que la ley tenga media sanción el martes", dijo, categórica, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien en los últimos días se convirtió en una de las referentes del gabinete nacional que más presencia tuvo en los medios de comunicación.

"Un Congreso donde todo el mundo se aprovecha de la debilidad de un gobierno con pocos diputados lo único que logra es que la ley se deforme. El Gobierno evaluó eso para retirar el capítulo fiscal. Se ponía entre paréntesis el éxito del plan. Hay que llegar al déficit cero y ya se pasaba a que iba a ser negativo lo que se iba a votar. Se van a utilizar otros instrumentos para lograr ese objetivo", afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

¿Cuáles son esos instrumentos? Algunos medios especializados advierten sobre un mayor ajuste a las provincias (por ejemplo, a través de las transferencias discrecionales) y el ministro del Interior Guillermo Francos sumó, en declaraciones radiales, que "el Estado nacional también continuará haciéndolo".

En medio de este panorama tan complejo, el jefe de la principal bancada opositora, Germán Martínez (UxP) pidió poner la atención sobre un artículo de la ley que no se aprobaría tal como fue enviado: las facultades delegadas, que el Ejecutivo pedía por dos años con prórroga a dos años más (es decir, durante todo el mandato de Milei) pero que serían acotadas a un año y con menos materias que las pretendidas. Para el justicialista, ese es el "corazón" del proyecto de ley que en breve comenzará a ser discutido en el recinto, por cuanto "todo aquello a lo que renuncia lo puede hacer con facultades delegadas".

El camino que se inicia a partir de los últimos cambios anunciados en el proyecto tiene como única certidumbre el inicio del debate en el recinto de la Cámara de Diputados, que será a partir del martes. Para ese día, se anuncia también una movilización de sectores de la Izquierda y de organizaciones sociales ante el Congreso. Será momento de volver a poner a prueba el protocolo antipiquetes de Bullrich.

También se pondrá a prueba la última gestión ante el FMI que el miércoles analizará el acuerdo técnico con la Argentina en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas.

Y en tren de esperar, habrá que ver cómo reaccionan los mercados en el primer día hábil de la semana tras los anuncios del ministro Caputo de dar de baja el capítulo fiscal.

Mientras tanto, la política no descansa en enero. El primer mes del año transcurre en un intenso ir y venir de comunicaciones telefónicas, zoom que desconocen de días hábiles, y encuentros presenciales para conversar, aportar, sumar o, dicho con todas las letras, negociar (término del cual reniega el gobierno nacional) la letra chica de un proyecto de ley que esta gestión imaginó como fundacional pero que requiere, como en todos los ámbitos, de diálogo, y como siempre en un sistema democrático, de votos.

Llaryora: "Un país no funciona a todo o nada"

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora fue uno de los más activos en el debate, aún puertas afuera del recinto de sesiones de Diputados, de la "ley ómnibus" impulsada por el gobierno nacional. Sobre todo en sus críticas al capítulo de retenciones a las economías regionales, entre otros conceptos.

Eliminado este tema del proyecto de ley y todo el capítulo fiscal, tal cual anunció el viernes el ministro de Economía Luis Caputo, fue consultado este domingo y en declaraciones radiales fue taxativo en un concepto: "Cuando se haba de plan de ajuste no hay que olvidar que atrás está la gente". Esto en relación con las advertencias sobre menos recursos a las provincias si no acompañaban las medidas destinadas a lograr el déficit fiscal cero tal cual estaban en el proyecto de ley.

Con un escenario diferente, Llaryora señaló que "Argentina no es solo un plan fiscal sino que necesita un plan productivo". "Si tenés un plan fiscal que revienta a las economías regionales y se cierran fábricas, no vas a recaudar nada", advirtió.

En esa línea y definido como "gobernador dialoguista, ni oficialista ni opositor", evaluó que "hay una parte del plan fiscal que podemos acompañar" y ubicó allí "el blanqueo, el impuesto país que ya está caído y tiene que ser prorrogado, y bienes personales".

"Un país no funciona a todo o nada, funciona dialogando; no funciona en el capricho, funciona en la sapiencia y la templanza", dijo el cordobés. Y dejó una reflexión: "Una ley puede ayudar a algunos sectores, pero la experiencia me dice que para que despegue la Argentina hay que tomar decisiones todos los días".