El oficialismo logró dictamen para la Ley Hojarasca en Diputados

Oficialismo dictaminó la llamada Ley Hojarasca, un dictamen exprés en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados este martes que busca la derogación de normas consideradas obsoletas; la iniciativa fue defendida por funcionarios del equipo de Federico Sturzenegger como un ordenamiento jurídico para dar certeza a ciudadanos y administración pública.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical, y sumó las firmas de los misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa de Innovación Federal; por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría firmado por los 23 vocales presentes y el interbloque Unidos aportó otro dictamen con cuatro firmas.

En la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo se realizaron modificaciones: La Libertad Avanza aceptó excluir de la lista la Ley 11.380 tras reclamos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, y quedó sin efecto la derogación prevista de la Ley 20.959, que otorga la credencial o oblea de libre circulación a los legisladores nacionales.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y exdiputado radical por San Luis, afirmó que la iniciativa es “una necesidad para la certeza de los ciudadanos y qué normas les rige” y señaló que, según su criterio, existe una inflación legislativa y un millón de normas entre decretos, leyes y DNU; además explicó que quedaron miles de leyes en un limbo tras marcos anteriores.

Cambios en la lista

La propuesta de derogación apuntó a más de 70 normas consideradas obsoletas, con una lista de artículos y decretos que el oficialismo dictaminó revisar; entre las modificaciones se excluyó la Ley 11.380 tras gestiones sectoriales y se preservó la Ley 20.959 para mantener la credencial oblea de circulación destinada a legisladores.

Además, el dictamen oficialista estableció que no se avanzará con la eliminación de la financiación de los Círculos de Legisladores y que sobre la Federación Argentina de Municipios se realizarán cambios de menor índole en la redacción, según constancias del plenario.

Fuentes del proceso indicaron que el proyecto estructura categorías para clasificar normas obsoletas y que la preservación de ciertas normas respondió a reclamos puntuales presentados en comisiones especializadas.

Apoyos, firmas y argumentos

El plenario contó con la defensa pública de funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado y con la intervención del secretario Alejandro Cacace, quien comparó la iniciativa con digestos jurídicos anteriores y sostuvo que ordenar el sistema jurídico permitirá clarificar qué normas están vigentes.

La comisión de Legislación General, presidida por Santiago Santurio, designó al radical Diógenes González como vicepresidente 2° y a Lucía Cámpora como secretaria 2°; la comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, fijó a Graciela Parola en la vicepresidencia 2°, según actas del plenario.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó que el proyecto establece seis categorías y señaló que la primera sustituye marcos viejos por leyes nuevas para reducir conflictos y confusión normativa.

En el cierre del debate técnico, los impulsores defendieron el dictamen oficialista como un mecanismo de simplificación normativa dirigido a ciudadanos, poderes públicos y órganos de la administración.

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