Lifschitz escuchó los planteos de fiscales y defensores penales

El Litoral
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El gobernador Miguel Lifschitz escuchó los planteos de autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal que consideran inconstitucional la reforma a las leyes orgánicas de ambos institutos votada por unanimidad por la Legislatura el pasado 30 de noviembre.

“Solicitamos el veto e incluso algunas posibles alternativas” dijo a El Litoral, el fiscal general Jorge Baclini. El gobernador dijo que analizará los planteos.

Lifschitz recibió ayer en primera instancia a Baclini y a los cinco fiscales regionales durante cuarenta minutos. El gobernador fue acompañado por el Fiscal de Estado, Pablo Saccone; el secretario de Coordinación Legal y de Políticas Judiciales, Leandro Maiarota y el subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga. Luego, en una segunda reunión se unieron la defensora general, Jaquelina Balangione, los defensores regionales y representantes de fiscales y defensores de las cinco regiones-
“Le transmitimos personalmente al gobernador la postura institucional consensuada en la Junta de Fiscales”, informó Baclini. “Le dijimos a la máxima autoridad provincial que estamos convencidos que la norma aprobada por los legisladores es un avasallamiento a la independencia de los poderes propia de una república y aniquila la autonomía del órgano encargado de la persecución penal”, agregó. Insistió en que “modifica el régimen de remoción de los fiscales y fiscales adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo y los coloca en una situación de inestabilidad y precariedad en relación a su objetividad técnica y funcional”.

Tras retirarse el encuentro, Baclini insistió en señalar “que este nuevo mecanismo que aprobaron los diputados y senadores es de dudosa constitucionalidad y coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de su calidad institucional en relación a las provincias argentinas. Si bien la modificación fue aprobada unánimemente, no deja de sorprendernos que se hizo de forma sorpresiva, intempestiva, sin debate previo y en la última sesión ordinaria del año”.

El titular del MPA añadió que “los fiscales y fiscales adjuntos deben estar sometidos a controles jurídico-disciplinarios. Así está establecido en la norma aún vigente que, por lo demás, se ajusta a lo que impone el artículo 91 de nuestra Constitución Provincial y es la forma que utilizan las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de todo el país para regular la temática”.