Perspectiva de género y lenguaje inclusivo: las dos prohibiciones que impulsa Nación

En un contexto de fuerte crisis social y económica, y en medio de una tensión creciente con gobernadores de distintos signos políticos y con integrantes de ambas cámaras del Congreso, el gobierno nacional anunció que "iniciará las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública".

Esa fue, junto con los recortes en el Senasa y la confirmación de la apertura de sesiones el viernes a las 21, una de las definiciones que ofreció este martes el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, al cabo de la reunión de gabinete que encabezó el Presidente Javier Milei y de la que participaron ministras y ministros de su equipo de gobierno.

"Se va a proceder a iniciar actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional: ni letra "e", ni "arroba", ni "x", a la vez que se va a evitar "la innecesaria inclusión del femenino en documentos de la administración pública".

"El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español. No veo por qué haya que tener estructuras y no vamos a participar en un debate sobre eso porque consideramos que las perspectivas de género se utilizaron también como negocio de la política", fundamentó Adorni al ser consultado sobre los fundamentos por una colega de Noticias Argentinas.

La decisión se suma a la medida ya anunciada por el Ministro de Defensa Luis Petri que prohibió el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas. En este caso, una resolución dispuso que deberá "emplearse el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas".

Además, se prohíbe de forma explícita la utilización del "lenguaje inclusivo", en tanto se advierte que el incumplimiento de la normativa "será pasible de incurrir en responsabilidad en sus respectivos ámbitos".

Con esta nueva decisión oficial, aquella prohibición se hará extensiva a toda la administración pública nacional.