Polémica por el lugar institucional que debe ocupar el Ministerio Público de la Acusación

Una nueva polémica se suscitó públicamente antes del arranque formal de la Convención que reformará la Constitución de Santa Fe. El detonante fue la posición esbozada por la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, respecto de qué ubicación institucional debería tener el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En la actualidad, depende del Poder Judicial; pero a su criterio, debería ser un órgano extra poder, tal como sucede a nivel nacional.

La funcionaria defiende esa tesitura desde hace tiempo, y la refrendó semanas atrás, cuando brindó su informe de gestión ante los legisladores de la provincia. Desde su punto de vista, el MPA debe ganar en autarquía funcional y financiera, y ello sólo será posible si no depende de ninguno de los tres poderes del Estado. Para profundizar sobre su postura, Vranicich planificó una serie de encuentros con todos los bloques que lograron convencionales electos. Ya se reunió con referentes del Socialismo y lo propio hará con libertarios, justicialistas y demás sectores.

Pero la controversia no devino – hasta ahora- de tales conversaciones ni por objeción de los futuros constituyentes, sino del sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial.

En desacuerdo

A través de un comunicado, el gremio que representa a los empleados judiciales advirtió que disiente con la postura de Vranicich, y plantea que el organismo que aglutina a los fiscales de la provincia debe seguir dependiendo del Poder Judicial.

Paradójicamente, los argumentos del sindicato son los mismos que los esgrimidos por la Fiscal General, para solicitar que el MPA sea un organismo extra poder. "Los ministerios públicos dentro del Poder Judicial son garantía de imparcialidad, autonomía y autarquía. Escindirse es pasar a depender de la política de turno", planteó el sindicato. Y acotó que "la propuesta de (organismo) extra poder pone en peligro la carrera judicial y el salario de fiscales, defensores, funcionarios y empleados".

"Ante el pronunciamiento público de la Sra. Fiscal General – sostuvieron- hacemos conocer que este sindicato entiende que lo mejor para la provincia es la continuidad de los ministerios dentro del Poder Judicial". Y adelantaron que dicha postura será expresada también a los convencionales constituyentes.

Oportunidad

Para Vranicich, es oportuno insistir con el planteo de pensar un Ministerio Público de la Acusación extra poder, en el marco del proceso de reforma constitucional que transita la provincia. Su intención es que el tema sea tomado por los convencionales y que la independencia del MPA sea garantizada a partir del propio texto constitucional.

A su criterio, la autonomía e independencia del organismo están establecidas pero sólo a nivel legal, lo cual implica una "debilidad institucional de origen". Por ello, insiste en la necesidad de plasmar en la futura Constitución que la posición extra poder del organismo debe estar acompañada por la autarquía financiera. Considera que ello debe plantearse de manera explícita establecimiento una referencia objetiva de asignación presupuestaria; una suerte de piso objetivo de los recursos necesarios para su funcionamiento. De lo contrario, podría quedar el texto sólo en una cuestión declamativa.

En cuanto a su ubicación institucional dentro del Poder Judicial, el MPA está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Ello afecta, según Vranicich, hasta en "la definición y selección de sus propios empleados".

La postura de la funcionaria está en línea con lo que se vino sosteniendo históricamente desde el MPA. Así lo planteó oportunamente su antecesor en el cargo, Jorge Baclini, que ahora, ya como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificó ese criterio.

En una entrevista con El Litoral, Baclini sostuvo que "la reforma constitucional es una oportunidad histórica donde se tienen que abordar muchísimos temas. Uno es la ubicación institucional de los órganos del sistema acusatorio, pero fundamentalmente que tengan autonomía e independencia por Constitución. Y por otro lado, juntamente con la autonomía, creo que es importante tener en cuenta a los fiscales y defensores en paridad con los jueces en lo que es la potestad disciplinaria".