- En primer término fue una posición mía que luego la conversé con el ministro. Yo lo que digo es que si conocemos las cárceles, si ésta es la realidad, si conocemos el diagnóstico y si hacemos una propuesta para solucionarlo, evidentemente no puede ser solamente la de secuestrar un teléfono. Acá la cuestión es que de más de siete mil internos, cien son los que tienen en zozobra a toda la población. Entonces, si buscamos un resultado diferente con la misma acción, nos vamos a equivocar; las cosas no van a cambiar. Lo he conversado con algunos fiscales pero insisto, creo que es un tema que tiene que sopesar el legislador que deberá pensar y elegir entre defender a dos millones de habitantes, o restringir el ejercicio de ese derecho para ese reducido universo de internos. Hay que dar el debate. En definitiva, la ejecución de la pena privativa es una facultad no delegada de la provincia; yo creo que se puede modificar nuestra propia legislación derogando la adhesión que por ley la provincia hizo en su momento para acoplarse a la normativa nacional, cuando no existían los narcos. Y a partir de allí, debemos generar un nuevo código de procedimiento para la ejecución de la pena, de acuerdo a la legislación provincial. Yo creo que si estamos filosofando y debatiendo, nos siguen matando personas. Y creo que estos 100 ó 150 internos van a seguir infringiendo porque son Ceos de empresas narcocriminales. No van a dejar de ganar dinero. Entonces, esto lo tenemos que cortar; es un debate que nos debemos para dar para solucionar el problema.