Proyecto de Mayoraz para prohibir la exigencia de un pasaporte sanitario

El 21 de septiembre, el presidente del bloque de diputados del bloque Vida y Familia, Nicolás Mayoraz, ingresó un proyecto de ley prohibiendo el uso de pasaporte sanitario en la provincia. La semana pasada un integrante de su bloque, Juan Domingo Argañaraz, no pudo participar en forma presencial de la sesión por no estar vacunado. Sobre alcances del proyecto, el respaldo al pedido de su par y el voto de rechazo a la ley de Educación, el legislador habló con El Litoral.

-¿Por qué prohibir el uso del pasaporte sanitario?

-En base a la información científica recabada creemos que es innecesaria una exigencia tan extrema de pedir a la gente que se vacune para acceder a lugares públicos, de esparcimiento y de trabajo cuando perfectamente se puede lograr el objetivo -incentivar a que la gente se vacune, reducir el contagio y la circulación del virus- a través de métodos más razonables que no implique derechos fundamentales de las personas. Está en juego la libertad de las personas. No hace falta llegar a este semejante sacrificio a la persona que por equis razones decide no vacunarse, se puede lograr el objetivo de otra manera.

- ¿Considera que la situación sanitaria está encarrilada de tal manera que debe prevalecer la libertad de los individuos?

- Por supuesto que sí. Hay dos motivos: todavía no se ha llegado a un cronograma de vacunación para toda la población que tiene ganas de vacunarse. ¿Por qué obligar a vacunar a todos cuando hay gente que todavía no puede hacerlo?. El segundo, es que cuando se alcance 60/70% de población vacunada se lograría el objetivo de reducir circulación y contagio sin necesidad de presionar para la obligatoriedad. Hoy casi no hay circulación de virus, casi no hay fallecimientos por Covid, no hay internación en alta complejidad por Covid. La situación epidemiológica es más favorable y se debe trabajar en otras cuestiones: prevención, salud en general; salud mental, etc.

- ¿Habló el proyecto con otros bloques?

- No aún. Hay un proyecto del PJ que exige vacunación obligatoria. Me preocupa la libertad de las personas, debemos recuperar cierto grado de autonomía de la libertad, y respeto a las instituciones. En nombre de la pandemia, el Estado ha cometido abusos con los ciudadanos, abusos regulatorios que no tienen hoy ningún sentido. A lo mejor estuvieron justificados por el desconocimiento que había sobre la pandemia, porque no se sabía bien como se iba a comportar el virus. Ahora no podemos ingresar al quirófano con motosierra, hay que hacer las cosas con precisión. Hay sectores de la educación que todavía no tienen presencialidad plena. Cómo puede ser que tengamos espectáculos deportivos, boliches y no tengamos escuelas técnicas funcionando a plano. No tienen sentido hoy las restricciones horarias en la circulación de personas cuando no hay circulación de virus. No debemos dejar pasar esto porque son las semillas para después aplicar otras restricciones que pueden ser más graves. La libertad es un derecho, no una concesión del Estado.

- ¿Esta situación es la que se encuentra el diputado Juan Domingo Argañaraz que no pudo estar en el recinto de la Cámara?

- Claro. El tema lo trabajaremos en la próxima reunión porque está el planteo concreto de él de participar presencialmente y lo llevaré a la Comisión de Labor Parlamentaria. Reglamentariamente no hay ningún impedimento para que participe. Hubo un pedido de la Presidencia de la Cámara de ver quienes tenían las dos dosis para que participen presencialmente y los que no, en forma virtual. Esto debe resolverse en Parlamentaria o en el recinto si se decidiera modificar el reglamento. Es un requisito o exigencia no plasmado en ninguna normativa

- ¿No fue un acuerdo parlamentario?

- No, fue un tema muy informal. Primero con un pedido de información sobre quienes tenían las dos vacunas y eso motivó la consulta y se nos dijo que parecía razonable. Pero el tema en sí no se trató aún en Parlamentaria.

-¿Usted cree que le corresponde participar presencialmente a Argañaraz?

- Sí, creo que legal y constitucionalmente es una restricción que no corresponde hacer. No le exigimos a las personas que circulan por el país la vacuna, mucho menos a un diputado para ingresar al recinto que es su lugar de trabajo. Estamos hablando de una persona que ya ha tenido Covid. Hemos escuchado a los especialistas decir que la inmunidad que se adquiere con la enfermedad es superior a la de la vacuna. Todos tenemos riesgo de contagiarnos. Argañaraz está en la misma situación que otros diputados de contraer y contagiar la enfermedad. No veo sentido a esta exigencia tan estricta que no se aplica en otros ámbitos. Si la vacuna no es obligatoria, no podemos exigirla en este ámbito.

Educación e ideología

- Su bloque votó en contra del proyecto de ley de Educación la semana pasada?

- Nuestro voto demostró que el Frente Progresista lejos de avanzar en consensos, viene retrocediendo porque, hace dos años, el texto fue votada por unanimidad. Escucho discursos de consenso y hablaban de lo que hablaron en 2017 y 2018. Desde el año pasado faltaron reuniones, hubo quejas de sectores no escuchados. El proyecto aprobado fue el mismo que se había aprobado dos años y medio atrás y que perdió estado parlamentario en el Senado, Es muy fácil echarle la culpa al Senado de no querer votar la ley, pero no hubo ningún consenso como para insistir en una ley de esta manera. Hubo una queja nuestra no respondida. Presentamos las observaciones al proyecto y no nos respondieron. Nuestros planteos son sólidos, no es solamente la ideología de género, la ESI. No respetan la Ley 26.250 de Educación que dice que los padres son los agentes primarios en la educación de sus hijos. Esto es obstinación ideológica. El problema que tienen es ideológico. Coincidimos en que necesitamos una ley de educación, pero estamos con la obstinación del proyecto de una ex ministra de Educación (Claudia Balagué) que quiere imponerle al Ejecutivo un modelo educativo. Están queriendo meter un modelo educativo estatista, socialista, en un diseño constitucional que respeta la libertad, el derecho de los padres a la educación de sus hijos, que respeta la libre iniciativa privada para formar escuelas. La ley no tiene el consenso que debería tener y se entromete en temas que no tienen que ver con la educación sino con cuestiones ideológicas como es el rol del Estado en la educación. Se apropian de la educación que es un derecho humano esencial, no un derecho social que administra el Estado. Son cuestiones medulares, no de estructura educativa. Se arranca con un proyecto de ley donde no respetamos tratados internacionales de derechos humanos y de que los padres son los educadores principales de los niños.